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«Existen serios indicios de daño económico causado al Estado por la adquisición de agentes químicos y otros no letales, con sobreprecio a ser determinado por la Contraloría General», dictaminó una comisión investigadora especial de senadores y diputados, en un informe aprobado por el plenario del parlamento.
Áñez rechazó la decisión parlamentaria, acusando al Movimiento Al Socialismo (MAS), que controla la legislatura y volverá en pocos días al Gobierno, de intentar el silenciamiento de sus rivales políticos.
«El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría», escribió la Presidenta en Twitter, cuando el parlamento aún debatía el informe.
Añadió, en defensa de los ministros con mayor peso político en su gabinete, que el suyo «es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad».
Los ministros señalados como responsables de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, entre otros delitos, son los de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de la Presidencia, Yerko Núñez, y de Economía, Oscar Soliz, este último destituido por Áñez a fines de septiembre.
El dictamen aprobado por el parlamento incluyó además al presidente de la Aduana, Waldo Ramos, por presuntas irregularidades en la importación de los materiales antidisturbios.
Según el informe, los ministros Murillo y López habrían violado la ley al realizar una compra de gases lacrimógenos y otros materiales, en vez del Comando de la Policía que era el que hizo la solicitud de esa importación.
La adquisición, valuada en unos cinco millones de dólares y no respaldada por un decreto supremo específico, fue hecha de una fábrica brasileña a través de un intermediario que no acreditó su registro empresarial ni el suficiente poder de representación del proveedor, dijo el informe.
Los ministros cometieron además desacato a la Constitución por negarse a presentar informes a la comisión investigadora, añadió.
El parlamento, reunido en sesión bicameral, resolvió remitir el informe de la comisión investigadora a la Fiscalía General la Contraloría y la Procuraduría del Estado, para que amplíen eventualmente la investigación y abran los procesos penales que correspondan contra los ministros y el jefe aduanero.
Murillo y López fueron censurados previamente por el parlamento, por no asistir a sesiones de interpelación, aunque fueron ratificados en sus puestos por Áñez.
Sputnik
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