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Susana Díaz: nostalgia del viejo PSOE
| Foto: Javier Benjumea, presidente de la Fundación Endesa; Susana Díaz y Antonio Ávila (PSOE), y Francisco Arteaga, director general de Endesa en Andalucía y Extremadura, en la Feria de Abril de 2013. |
Susana Díaz rebaja a 1,6 la multa a Endesa de 800 millones
Esta sobrefacturación se produjo tras la entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, mediante el cambio de tensión nominal de 220 a 230 voltios a usuarios a los que la modificación no les era aplicable.
La devolución fue ordenada el 13 de marzo de 2015 por la Junta de Andalucía mediante la resolución del expediente de discrepancia.
En la resolución del expediente sancionador del 24 de febrero de 2017, instruido por el funcionario Emilio Jorge Bolívar Raya, la Junta de Andalucía impone a Endesa una sanción de 1,65 millones de euros, importe total correspondiente a tres infracciones leves continuadas (dos de 600.000 euros y una de 450.000).
Esta sanción es muy inferior a 800 millones de euros, la multa que resulta de aplicar la sanción mínima a cada una de las numerosas infracciones muy graves, graves y leves detalladas en el informe del 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de la Junta de Andalucía, en cuya elaboración el citado servicio invirtió casi tres años y medio.
La cifra de 800 millones de euros representa el 10% del negocio de Endesa en Andalucía, sanción máxima permitida por la Ley del Sector Eléctrico.
El informe del 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía fue publicado el 6 de junio de 2016.
La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio no ha facilitado la resolución, “un documento público que por su enorme importancia y repercusión social debería haber sido inmediatamente publicado en el BOJA”, según denuncia el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, “máxime teniendo en cuenta que el anterior expediente sancionador fue anulado como consecuencia de la dimisión de anterior funcionario instructor, Santiago Ochoa Fernández”.
Ochoa Fernández, instructor del primer expediente sancionador, dimitió en enero de 2016 tras denunciar el acoso moral al que sus superiores le sometieron para que no incrementara en seis millones de euros los 600.000 euros que la Junta de Andalucía había decidido entonces que fuera la sanción final a Endesa. Así consta en un informe de 11 páginas, fechado el 19 de enero de 2016, que publicó El Confidencial en exclusiva el 6 de junio del año pasado.
En Andalucía, el número de afectados por el cambio ilegal de tensión es 424.194, según el estudio estadístico de una muestra de 454.179 de los 4.628.541 contratos que integran el Sistema de Información de Puntos de Suministro (SIPS) en Baja tensión de Endesa en Andalucía.
La Junta de Andalucía ha analizado solo una muestra del 9,81% del SIPS porque, como ella misma reconoce, carece del personal y los medios informáticos necesarios para analizar el SIPS completo.
Según Moreno Alfaro, el número real de afectados no es inferior a 952.554, “como se deduce, con un cálculo muy a la baja, del informe de 25 de octubre de 2007 de la Comisión Nacional de Energía sobre el plan de sustitución de equipos de medida”. Según Endesa, el resto de los contratos carecían “de la misma casuística”.
El cambio de tensión se efectuó en territorio andaluz con la elaboración por parte de Endesa de nuevos contratos calificados de “fraude de ley” por el Servicio de Legislación y Recursos (SLYR) de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio en un estudio del 20 de diciembre de 2013 solicitado por la DGIEM.
Tras estimar la reclamación presentada el 20 de noviembre de 2009 por Moreno Alfaro, la DGIEM ordenó el 13 de marzo de 2015 a Endesa que devolviera a los afectados lo facturado en exceso en concepto de potencia, pero no lo facturado en concepto de energía, a pesar de que en el citado informe de SLYR consta que la DGIEM “deberá emitir resolución por la que obligue a Endesa a refacturar la totalidad de los abonados afectados por un cambio unilateral de la potencia contratada, debiendo regularizar la compañía tanto el término de potencia como el término de energía”.
Según consta en la página 15 del informe técnico de 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la DGIEM de la Junta de Andalucía, “desde el año 2000 hasta 2012, el promedio de los incrementos de potencia contratada en suministros de baja tensión es 0,97 kW/suministro”.
Multiplicando dicho incremento medio de potencia por suministro (0,97 kWh) por el número de afectados (424.194) y por el precio del kW en cada período, la cantidad a devolver por Endesa es 116,04 millones (más intereses de demora), de los cuales la Junta de Andalucía ha obligado a Endesa a devolver solo 21,8 millones (incluidos intereses de demora).
Si el número de afectados fuera 952.554, como sostiene Moreno Alfaro, la cantidad a devolver por Endesa sería 260,58 millones.
En lo que respecta a los kWh facturados en exceso como consecuencia del cambio ilegal de tensión nominal, Endesa tiene pendientes de devolver 279,12 millones (más intereses de demora), si los afectados son 424.194, y 626,78 millones (más intereses de demora), si los afectados son 952.554.
Cada día, dichas cantidades se incrementan, respectivamente, en 92.692 y 208.146 euros.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha dado la callada por respuesta a todos los escritos en los que Moreno Alfaro le reclama que ordene a Endesa dicha devolución.
Dado que el incremento de tensión ha sido aplicado por todas las compañías eléctricas y el número de contadores en España es seis veces el número de contadores en Andalucía, la cantidad total a devolver en España si las conclusiones del informe técnico de 22 de diciembre de 2014 del Servicio de Energía de la DGIEM fueran aplicables al territorio nacional sería seis veces la cantidad a devolver por Endesa en Andalucía, es decir, entre 700 y 1.565 millones, por potencia facturada en exceso, y entre 1.675 y 3.760 millones, por kWh facturados en exceso.
Cada día, estas dos últimas cantidades se incrementan, respectivamente, en 560.000 y 1.260.000 euros.
Según Endesa, “solo se modificaban los contratos cuando el cliente disponía de la tensión de 230 V y había una petición de cambio de contrato por el cliente o por una obligación legal.
La discrepancia está en que, en determinados casos, existía una diferencia de criterio respecto de si se debía cobrar a los clientes por la nueva tensión (que modifica algo la potencia) o por la antigua, ya que se trataba de un cambio obligado por normativa.
Es decir, el debate está en la interpretación de las normas regulatorias. De hecho, existen casos en los que la Junta ha admitido que nuestra interpretación era la correcta”, indicó un portavoz oficial de la multinacional.
Según Moreno Alfaro, la afirmación “solo se modificaban los contratos cuando el cliente disponía de la tensión de 230 voltios” es desmentida por la propia DGIEM en la Resolución del expediente de discrepancia, emitida el 13 de marzo de 2015, en cuyo séptimo fundamento de derecho figura que “en relación al colectivo de afectados que da origen a esta resolución, no consta en esta DGIEM solicitud alguna de autorización de modificación generalizada de tensión normalizada en las redes de distribución que gestiona Endesa en Andalucía”.
En la DGIEM no consta ninguna solicitud de Endesa para cambiar de forma generalizada la tensión nominal de 220 a 230 voltios en los centros de transformación (CT) desde los que se alimentan las redes de distribución a las que están conectados los afectados por dicho cambio de tensión.
Por tanto, si Endesa ha cambiado la tensión nominal sin tener la previa autorización de la Junta de Andalucía, ha cometido una infracción muy grave, penalizada con entre 6 y 60 millones, por cada CT en el que la tensión haya sido cambiada.
Y si no ha cambiado la tensión, ha cometido un fraude por cada contrato en el que afirma que sí la ha cambiado.
Endesa tiene 140.000 CT en España, de los cuales unos 50.000 están en Andalucía.
Para la compañía eléctrica, estas cantidades recaudadas “nunca han ido a parar a las cuentas de Endesa, sino que la compañía actúa como recaudador para el sistema eléctrico (en definitiva, para el conjunto de los clientes).
Es decir, las cantidades que recauda la compañía por ese concepto (tanto las de la tensión antigua como las de la nueva) van íntegramente al sistema eléctrico, no a las compañías.
Esto es lo más importante, porque no puede haber fraude de ley cuando no hay beneficio.
Una vez que la Junta ha decidido que nuestro criterio no era correcto (y solo en algunos casos), es el sistema eléctrico el que tiene que devolver las cantidades que ha tenido de más, no Endesa”.
Endesa sí admitió que “la práctica aplicada en Andalucía ha sido aplicada por la multinacional en el resto de comunidades autónomas en las que actúa (Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura) y es similar a la práctica que han aplicado en España el resto de empresas eléctricas”.
La multinacional dijo que la Junta “no imputaba nada a Endesa por el cambio de tensiones, que considera correcto según la aplicación de la norma”.
Fuentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio aseguran a este diario que la actuación de la Junta en este asunto “siempre ha sido escrupulosa” y que han actuado “con total transparencia y seguridad”.
“Andalucía ha sido la única comunidad que ha actuado en defensa de los consumidores".
Endesa ya ha pagado 20 millones de euros y se les ha aplicado “intereses de demora por encina de los que correspondían”.
Moreno Alfaro denunció el caso al Ministerio de Industria el 23 de diciembre 2009, siendo ministro Miguel Sebastián ,y el 3 de diciembre de 2015 en la etapa en Industria del ministro José Manuel Soria. Ninguno de los dos escritos recibió respuesta, informa El Confidencial.
Cuando los partidos emergentes estaban a punto de hacerse un hueco a codazos, uno de los viejos, el PSOE, abrió paso a uno de sus últimos productos arquetípicos.
Criada en las Juventudes Socialistas, donde se graduó en la intriga interna, crecida cargo tras cargo en el ejercicio del poder, Susana Díaz (Sevilla, 1974) se convirtió en presidenta de la Junta de Andalucía sin mediar elecciones en septiembre de 2013, tras ser ungida por José Antonio Griñán.
En noviembre, sin rival que lograra avales para las primarias, conquistó la secretaría general del PSOE andaluz, el poderoso bastión de la vieja escuela socialista.
Con un pedigrí tan incompatible con los cánones de la nueva política, Díaz es inevitablemente una nostálgica de la antigua, que deparaba unos éxitos al PSOE que no se resigna a dar por perdidos.
Sobre esa aspiración ha sostenido un prolongado empeño en marcar el rumbo a su partido, al que cree desorientado en una batalla por la izquierda que lo aparta de una victoria únicamente posible desde una orgullosa “centralidad”.
Ahora, Díaz quiere convertirse en secretaria general del PSOE con la intención, difícil de cumplir por los cambios sociales a raíz de la crisis, de convertirlo en opción mayoritaria, en la estela de los tiempos de Felipe González o incluso de Zapatero.
Como requisito, ha de mandar a Podemos al rincón de las minorías y volver a conectar a los socialistas con las salas de máquinas del gran poder económico español, porque es allí donde se gestan –también– las operaciones políticas determinantes.
Por su fama de maniobrera, se habla más de sus planes que de sus orígenes, pero es aquí donde hay que bucear para entender quién es y qué representa Díaz.
Así lo explica el sociólogo del CSIC Eduardo Moyano: “Ella nace del PSOE andaluz. No es solo una mujer de partido, es que su identidad se forma en un partido que gobierna en Andalucía desde hace más de 30 años, un partido muy vinculado a las instituciones, con un discurso y una estrategia que, al margen de su eficacia, están fosilizados. Díaz no sabe lo que es fajarse como oposición, ni ha tenido que buscar espacios políticos nuevos. Su partido es el que gana y el que manda”.
El “gran partido regionalista andaluz”
El doctor en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra Pablo Simón la describe como “un producto típico de los partidos españoles”, con un currículo netamente político y un ascenso aplastante al liderazgo interno.
Al igual que Moyano, explica sus rasgos distintivos por su origen más que por su ideología. Más que tendente a la derecha, como la dibujan sus críticos, Simón ve a Díaz inclinada a la actividad orgánica –”aparatera”, dice– y a la cultura de un “partido del poder” con rasgos “peculiares”. “El PSOE es el gran partido regionalista andaluz, con una vocación de representar al conjunto de los andaluces”, añade.
Esa vocación mayoritaria desdibuja las aristas ideológicas, simplifica los mensajes y aconseja evitar los debates de ideas en temas en los que el pensamiento conservador es hegemónico.
Este socialismo institucional predispone contra la reivindicación en la calle, considerada en sí misma más como un desafío que como una expresión de vitalidad.
“En Andalucía no hay mareas”, presumía Díaz hasta que empezó la revuelta sanitaria. Al haber gobernado el PSOE durante toda la autonomía, una autocrítica genuina sería una autoenmienda a la totalidad.
Por lo tanto, Andalucía no debe cambiar, sino “seguir avanzando” en la misma línea.
El escenario social óptimo en este imaginario es el de una sociedad aquietada, satisfecha o incluso orgullosa de lo que tiene, que sabe agradecer las diferencias entre un PSOE sensible y un PP cruel, y que tiene memoria para reconocer la obra de Felipe (en servicios públicos y modernización social) y de Zapatero (en derechos sociales). Un escenario opuesto al que propugna en España la izquierda rupturista.
Hija de familia trabajadora –”casta de fontaneros”–, fiel a Triana, casada “con un tieso” y madre de un hijo, la presidenta ha cultivado la imagen de una mujer apegada a costumbres populares –Betis y Semana Santa–, sobria en lo personal, que se arremanga ante los problemas sin que se le caigan los anillos.
Un cierto maternalismo impregna su discurso social, con el que se presenta en primera persona como guardiana de servicios y derechos. “Mis parados”, “mis jóvenes”, “mis hospitales”, dice para irritación de sus críticos, que la acusan de cesarismo. Conocedora al dedillo de las reglas del rifirrafe diario, se maneja en el mitin como en elcanutazo, subrayando ideas con pegada y vocación de titular: “El PSOE es mucho PSOE”; “Me encanta ganar”. Se ponga donde se ponga, sale en la foto.
¿Puede exportarse a España el liderazgo de Díaz? Manuel Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide, lo duda.
Advierte que “el proceso de cambio electoral está protagonizado por un sector creciente de ‘ciudadanos críticos’, como los denomina Pippa Norris, que en Andalucía tiene un menor peso relativo”. “Podemos exportar al líder, pero no las condiciones que explican su rendimiento electoral.
Las circunstancias que la han hecho ganadora en Andalucía pueden hacerla incapaz de la remontada en España”, reflexiona.
Entre esas circunstancias favorables a Díaz en Andalucía, cita Jiménez, están “la potente infraestructura organizativa del PSOE” y también el poder institucional.
“El papel de ejecutor subalterno de los recortes le ha permitido un discurso contrario [al PP] al mismo tiempo que bastante inacción para modificar el statu quo“, añade el sociólogo de la Olavide, que sí aprecia “intentos tibios de abordar problemas concretos”, como los desahucios, y para “mantener las rentas de los perfiles que configuran su masa electoral”. Díaz ha logrado así evitar en buena medida el desgaste de los recortes. Eso sí, Jiménez aclara: “No creo que haya un modelo alternativo o una vía andaluza” distinta a la que marca Bruselas y ejecuta Rajoy.
Como presidenta, afirma Eduardo Moyano, Díaz es “inmovilista”. “A pesar de su juventud y de que Griñán se saltó una generación” al apostar por ella, “no ha revitalizado el proyecto socialista”, concluye.
Manuel Jiménez cree que, por su imagen de “continuidad”, “difícilmente va a conectar con un perfil joven y urbano”.
Andaluza y mujer
Díaz ha sido concejala (1999), diputada nacional y andaluza (2004 y 2008 respectivamente), senadora (2011), consejera (2012) y presidenta (2013). En lo orgánico ha estado en todos los cargos que cuentan en Sevilla y Andalucía.
Es una dirigente metódica, que trabaja con datos. Intenta dirigirse a las mayorías sabiendo que hay una amplia mayoría callada que no desahoga sus frustraciones en Twitter.
Fiel a los códigos tradicionales, evita cualquier manifestación de debilidad. Y planifica y ejecuta sus maniobras con determinación, como comprobó IU –que la había hecho presidenta en el Parlamento en 2013– cuando rompió el Gobierno bipartito en 2015 pillando debilitado al PP y desprevenido a Podemos.
Aquella victoria en las autonómicas, manteniendo diputados pese a Podemos y Ciudadanos, es aún hoy su gran aval.
Con la oposición es inclemente.
A Moreno Bonilla (PP) lo desdeña como una mala copia de Arenas. A Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU) les da donde cree que más duele, ya sea hurgando en heridas de sus partidos o acudiendo a las mismas caricaturas ideológicas que usa el PP: Venezuela para Podemos, la URSS para los comunistas.
En un pleno, Maíllo aludió al pasado como catequista de Díaz y esta le preguntó si acaso debía reformarse en un “centro de reeducación”. Y a Podemos e IU juntos les lanza la acusación de la pinza, eficaz para acomplejar a los rivales por la izquierda del PSOE desde tiempos de Anguita.
“Cuando a una mujer se la ve fuerte y poderosa, se dice que es una trepa manipuladora”, lamenta la politóloga Dunia Alonso, experta en Comunicación. Este traje le va a ser difícil quitárselo, opina Alonso, porque además se la ha visto como la muñidora de la caída de Pedro Sánchez, su rival ahora, junto a Patxi López, en la carrera de las primarias socialistas.
En cuanto a su oratoria, cree que Díaz “ha trabajado mucho y se nota”, aunque el resultado es “forzado”.
Y advierte: “Por los estereotipos sobre Andalucía, su estilo algo populista, mezclado con el habla andaluza, puede generar en ciertos sectores una imagen de falta de preparación”.
Siguiente parada: las primarias
Podemos es fundamental para entender la estrategia de Díaz.
El partido liderado por Pablo Iglesias nació a primeros de 2014 con un discurso que no solamente impugnaba el entero sistema en el que la presidenta socialista había prosperado, sino que propugnaba un modelo de dirigente desprofesionalizado que era la antítesis de la mujer que en las tertulias serias de Madrid ya era vista como la garantía de un PSOE sin veleidades rupturistas en los terrenos económico o territorial.
Consciente de la amenaza morada, Díaz ha convertido la salvación de su partido en su horizonte político.
En ese camino, que según sus planes debe convertirla en secretaria general y después en presidenta del Gobierno, rompió un acuerdo con IU, adelantó las elecciones, pactó con Ciudadanos, maniobró para poner a Pedro Sánchez y luego para quitarlo, favoreció la abstención de su partido para hacer presidente a Mariano Rajoy…
Ahora afronta las elecciones en el propio PSOE, para las que cuenta como activo, según Pablo Simón, con que se puede presentar como “la única capaz de cicatrizar las heridas del partido” y “ofrecer un liderazgo fuerte que canalice su actividad interna”.
Su lastre, sobre todo para comunidades como Cataluña, Euskadi y el País Valenciano, es “pertenecer a la federación más centralista de España”.
En cualquier caso, afirma el profesor Simón, ahora está ante el escenario “que más teme”: unas primarias frente a un adversario, Sánchez, que ejerce de mesías de las bases frente a una gestora retratada como figurante de la derecha.
Su imagen, en la cumbre en 2014, está tres años después tocada. Su aura de imbatibilidad se debilitó en las últimas elecciones generales, cuando el PP fue el partido más votado en la comunidad autónoma.
La última Encuesta General de Opinión Pública de Andalucía revela un desgaste apreciable. La batalla interna le ha pasado factura. Está pagando la abstención ante Rajoy.
Puede decir que durante su presidencia no se han producido casos de corrupción como los que llevarán a Chaves y Griñán al banquillo, pero no que su gestión haya supuesto un salto cualitativo para Andalucía, que sigue anclada en los últimos puestos de los indicadores socioeconómicos clave y –esto es más grave– ha interrumpido su proceso de convergencia con la media española, como ha advertido el Observatorio de Desigualdad.
Las fotos con el Ibex
Su empeño por desembarazarse de la imagen de referente del “ala derecha” del PSOE ofrece resultados tibios.
Un ejemplo: Andalucía ha aprobado una ley de memoria histórica que desborda en ambición a la estatal de 2007, pero los medios –a los que tanta atención presta– no la han visto como una “ley de Díaz”.
En cambio, sus fotos con los gerifaltes del Ibex 35 sí serán siempre las “fotos de Díaz”. Ella las buscó.
Con Emilio y Ana Patricia Botín (Santander), con Isidro Fainé (CaixaBank), con César Alierta (Telefónica), con Marta Ortega y Flora Pérez (Inditex)… Sonrisas, firmas, apretones de manos y proyectos compartidos. ¿Qué pretendía la lideresa?
Por supuesto, en su voluntad estaba presentarse como una líder influyente, bien conectada, que cuenta para los poderosos, intentando marcar contraste con Sánchez e Iglesias.
Pero además hay –obviamente– una búsqueda de aliados financieros, escasos tras la caída de las cajas, así como un estrechamiento de vínculos de interés mutuo. Ahí quiere Díaz a su partido. No solo cerca del poder, sino como parte del poder.
El senador de Compromís Carles Mulet rompió ayer una fotografía de la candidata Susana Díaz en respuesta a su rabieta e insultos vertidos contra la coalición valenciana por el bloqueo de la moción en la que una facción del PSOE pretendía unilateralmente impulsar un corredor central que partiría de Algeciras en dirección a Madrid y Zaragoza a costa de relegar otra vez el Corredor Mediterráneo.
La Asociación Transparencia y Justicia, que fue expulsada del caso Nicolás por tener "interés directo en la defensa de los intereses particulares del Sr. Villarejo", ya que está formada por un socio y un empleado del comisario, vuelve a intentar el fraude procesal de participar en una causa donde hay imputados clientes y amigos suyos, como López Madrid y De la Joya. El comisario y empresario José Manuel Villarejo Pérez se ha especializado en "enredar" –como él mismo dijo en una ocasión– los procedimientos judiciales de sus amigos o clientes para sacarles de los aprietos con la Justicia.
España es el segundo Estado de la Unión Europea en temporalidad juvenil. Más de siete de cada diez trabajadores menores de 25 años tienen un contrato de carácter temporal, según la agencia estadística europea Eurostat.
Nuestro país se sitúa sólo por detrás de Eslovenia, donde el 74% de los jóvenes desempeñan un empleo con fecha de caducidad predeterminada, y muy alejado de la media europea del 43,8%.
Este domingo se celebrará en la antigua fábrica de Fabra i Coats una conferencia en el marco de la Feria Literal Barcelona 2017. El acto contará con la presencia de la dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), Leila Khaled, una activista política palestina que se dio a conocer al mundo por ser la primera mujer que secuestró un avión, hace 47 años.
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