.gif)
La expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) se negó el jueves a declarar, por segundo día consecutivo, en las audiencias preliminares de los juicios de responsabilidades planteados en su contra por el Gobierno boliviano de Luis Arce y varios sectores sociales, informó el fiscal Gonzalo Aparicio.
«La señora Áñez ha vuelto a acogerse a su derecho constitucional al silencio y con esto prácticamente están concluidas las diligencias que nos llevarán a considerar la imputación formal o lo que corresponda en base a las pruebas», dijo a reporteros el fiscal especial de La Paz.
La expresidenta, quien está detenida preventivamente desde hace un mes en una cárcel de La Paz, se había negado a responder a las preguntas de la fiscalía en una primera audiencia realizada el miércoles, referida a dos de las demandas de juicios de responsabilidades.
El jueves mantuvo su conducta cuando fue convocada de nuevo a una audiencia en el penal, en el seguimiento de otras dos demandas.
«Los procesos continúan su desarrollo normal y seguramente avanzarán hacia las instancias siguientes, conforme a ley», añadió el fiscal mientras fuentes del Gobierno sugerían la posibilidad de que las imputaciones finales de la fiscalía contra la expresidenta estarían concluidas hasta el fin de semana.
Para elevar esas acusaciones a conocimiento de la Corte Suprema, la fiscalía requiere la autorización del parlamento por dos tercios de votos.
DENUNCIAS
Áñez enfrenta por ahora cuatro demandas presentadas por el Gobierno y sectores sociales por delitos económicos y de derechos humanos, a los que se sumaría en los próximos días otra por las masacres de opositores ocurridas en los primeros días de su gestión transitoria, en noviembre de 2019.
Dos de las demandas en desarrollo se refieren a la contratación y recepción, sin autorización parlamentaria, de un crédito de 347 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y la ampliación, por decreto y sin licitación, de la concesión del registro público de empresas a una sociedad privada.
Las otras demandas fueron planteadas por grupos de ciudadanos que se consideraban afectados por una norma que limitó la libertad de expresión durante la pandemia y por la prohibición de que ciudadanos bolivianos retornen a su país en 2020, durante los primeros meses de la misma emergencia sanitaria.
Antes de su detención, Áñez dijo que se consideraba perseguida política del Gobierno y negó haber tomado el poder mediante un golpe de Estado, como sostiene la acusación por la que está en prisión preventiva.
Sputnik
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta