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Quito, 08 mar (Andes).- Este miércoles, Ecuador recuerda 18 años del feriado bancario, uno de los mayores atracos financieros del país que produjo una profunda crisis y causó el éxodo de miles de migrantes ecuatorianos hacia otros países, principalmente de Europa.
La crisis financiera se originó en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik, los promotores del neoliberalismo en Ecuador. En 1994 crearon la Ley de Instituciones Financieras, que liberalizó las tasas de interés y permitió la libre circulación de capitales y el aumento de los créditos vinculados, que proliferaron sin control.
En 1998, el poder financiero se volvió evidente. Banqueros como Fernando Aspiazu financiaron la campaña de Jamil Mahuad y otros formaron parte de su gabinete. Se establecieron políticas de “salvataje bancario” que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de instituciones públicas.
En el Congreso Nacional, la famosa “aplanadora”, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, creó leyes e instituciones (como la AGD) para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada.
El 7 de marzo de 1998, Mahuad delineó con su equipo la estrategia de cerrar los bancos para programar el congelamiento de depósitos. El 30 de noviembre, se concretó la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que se puso en vigencia finalmente el 1 de diciembre de dicho año.
El 2 de diciembre, la Junta Bancaria colocó a Filanbanco en proceso de restructuración; es decir, pasó a manos del Estado bajo el mando de una Agencia de Garantía de Depósitos que nació sin recursos, pero con el compromiso de hacerse cargo del salvataje de todos los bancos que cayeran en crisis.
El 3 de diciembre, la AGD pidió al Ministerio de Finanzas que emitiera bonos de deuda interna para pagar los créditos de Filanbanco con el Banco Central y para capitalizar dicha entidad bancaria, con un monto inicial de 540 millones de dólares.
Ese mismo día, Finanzas notarizó la emisión de bonos de deuda a favor de la AGD, triangulando la operación con el Banco Central para evitar la quiebra de Filanbanco, tras el manejo catastrófico de los hermanos Isaías-Dassum.
El 4 de diciembre, la Junta Bancaria nombró y posesionó al nuevo equipo gerencial de Filanbanco, en reemplazo de sus antiguos dueños (los hermanos Isaías-Dassum). El 5 de diciembre, inició el salvataje estatal del Filanbanco y, paralelamente, la salida de los Isaías es noticia de primera plana en la prensa del Ecuador.
Entre el 8 y el 12 de marzo de 1999, los ecuatorianos encontraron bancos cerrados, y desde el lunes 15 de marzo afrontaron el congelamiento total o parcial de sus depósitos bancarios, en virtud del decreto presidencial 685.
A la siguiente semana, el Banco del Progreso, con más de 750 mil clientes, cerró sus puertas mientras su principal, Fernando Aspiazu Seminario, acusaba al gobierno de Mahuad por obstruir la entrega de un crédito del Banco Central.
Los bancos siguieron cayendo como piezas de dominó. En meses, el sistema financiero quedó reducido a la mitad.
Cifras
El gobierno de Mahuad congeló 1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado; 681,1 millones en la banca off shore y se estima que alrededor de $ 145 millones retenidos en las sociedades financieras, cooperativas y mutualistas.
El Estado intervino en los bancos Financorp, Finagro, Azuay, Occidente, Progreso, Bancomex, Crediticio, Bancounión, Popular, Previsora, Pacífico, entre otros.
El congelamiento de ahorros le costó al país la pérdida de 8.600 millones de dólares y la crisis provocó la migración de aproximadamente tres millones de ecuatorianos hacia Europa y Estados Unidos.
En 1999 la inflación subió hasta el 60%, el desempleo alcanzó el 14,7%. La depreciación del Sucre aumentó un 190%. Además provocó una fuga neta de capitales de 422 millones de dólares en 1998 y de 891 millones en 1999.
El decreto 685 dispuso el congelamiento, por un año, del 50% de los depósitos monetarios en Sucres mayores a dos millones y de los depósitos en dólares que sobrepasaban los 500 dólares.
El feriado bancario también marcó lo que vendría después: una migración nunca antes vista. Más de dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a salir hacia Estados Unidos y España.
Tras el congelamiento de depósitos, en enero de 2000, se decretaría la dolarización de la economía.
La Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999
La ley para lograr el cierre de la crisis bancaria, aprobada el año pasado, establece liberar, luego de 15 años, 19.910 bienes inmuebles que tenían los bancos cerrados y que no habían podido pasar en su totalidad al Estado para su posterior venta; también posibilita pagar saldos pendientes a aproximadamente 45.000 depositantes y, además, estableció un mecanismo de pago para los créditos pendientes de los exclientes no vinculados con la banca.
Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se han generado múltiples iniciativas para recuperar la memoria de ese episodio e incluso en el cine, en películas recientes, se ha retratado ese momento de la historia del Ecuador.
pc/gc/ar
En 1998, el poder financiero se volvió evidente. Banqueros como Fernando Aspiazu financiaron la campaña de Jamil Mahuad y otros formaron parte de su gabinete. Se establecieron políticas de “salvataje bancario” que permitieron la entrega de créditos millonarios a la banca, a través de instituciones públicas.
En el Congreso Nacional, la famosa “aplanadora”, conformada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular, creó leyes e instituciones (como la AGD) para que el Estado se haga cargo de las deudas de la banca privada.
El 7 de marzo de 1998, Mahuad delineó con su equipo la estrategia de cerrar los bancos para programar el congelamiento de depósitos. El 30 de noviembre, se concretó la ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que se puso en vigencia finalmente el 1 de diciembre de dicho año.
El 2 de diciembre, la Junta Bancaria colocó a Filanbanco en proceso de restructuración; es decir, pasó a manos del Estado bajo el mando de una Agencia de Garantía de Depósitos que nació sin recursos, pero con el compromiso de hacerse cargo del salvataje de todos los bancos que cayeran en crisis.
El 3 de diciembre, la AGD pidió al Ministerio de Finanzas que emitiera bonos de deuda interna para pagar los créditos de Filanbanco con el Banco Central y para capitalizar dicha entidad bancaria, con un monto inicial de 540 millones de dólares.
Ese mismo día, Finanzas notarizó la emisión de bonos de deuda a favor de la AGD, triangulando la operación con el Banco Central para evitar la quiebra de Filanbanco, tras el manejo catastrófico de los hermanos Isaías-Dassum.
El 4 de diciembre, la Junta Bancaria nombró y posesionó al nuevo equipo gerencial de Filanbanco, en reemplazo de sus antiguos dueños (los hermanos Isaías-Dassum). El 5 de diciembre, inició el salvataje estatal del Filanbanco y, paralelamente, la salida de los Isaías es noticia de primera plana en la prensa del Ecuador.
Entre el 8 y el 12 de marzo de 1999, los ecuatorianos encontraron bancos cerrados, y desde el lunes 15 de marzo afrontaron el congelamiento total o parcial de sus depósitos bancarios, en virtud del decreto presidencial 685.
A la siguiente semana, el Banco del Progreso, con más de 750 mil clientes, cerró sus puertas mientras su principal, Fernando Aspiazu Seminario, acusaba al gobierno de Mahuad por obstruir la entrega de un crédito del Banco Central.
Los bancos siguieron cayendo como piezas de dominó. En meses, el sistema financiero quedó reducido a la mitad.
Cifras
El gobierno de Mahuad congeló 1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado; 681,1 millones en la banca off shore y se estima que alrededor de $ 145 millones retenidos en las sociedades financieras, cooperativas y mutualistas.
El Estado intervino en los bancos Financorp, Finagro, Azuay, Occidente, Progreso, Bancomex, Crediticio, Bancounión, Popular, Previsora, Pacífico, entre otros.
El congelamiento de ahorros le costó al país la pérdida de 8.600 millones de dólares y la crisis provocó la migración de aproximadamente tres millones de ecuatorianos hacia Europa y Estados Unidos.
En 1999 la inflación subió hasta el 60%, el desempleo alcanzó el 14,7%. La depreciación del Sucre aumentó un 190%. Además provocó una fuga neta de capitales de 422 millones de dólares en 1998 y de 891 millones en 1999.
El decreto 685 dispuso el congelamiento, por un año, del 50% de los depósitos monetarios en Sucres mayores a dos millones y de los depósitos en dólares que sobrepasaban los 500 dólares.
El feriado bancario también marcó lo que vendría después: una migración nunca antes vista. Más de dos millones de ecuatorianos se vieron obligados a salir hacia Estados Unidos y España.
Tras el congelamiento de depósitos, en enero de 2000, se decretaría la dolarización de la economía.
La Ley Orgánica para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999
La ley para lograr el cierre de la crisis bancaria, aprobada el año pasado, establece liberar, luego de 15 años, 19.910 bienes inmuebles que tenían los bancos cerrados y que no habían podido pasar en su totalidad al Estado para su posterior venta; también posibilita pagar saldos pendientes a aproximadamente 45.000 depositantes y, además, estableció un mecanismo de pago para los créditos pendientes de los exclientes no vinculados con la banca.
Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se han generado múltiples iniciativas para recuperar la memoria de ese episodio e incluso en el cine, en películas recientes, se ha retratado ese momento de la historia del Ecuador.
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