Las consecuencias de su triunfo electoral se pudieron ver el lunes en la bolsa. Las acciones de la inmobiliaria Vonovia cayeron un 2,2 por cien. La inmobiliaria Vonovia y su filial Deutsche Wohnen tienen 130.000 viviendas en Berlín y quieren negociar con el futuro gobierno de Die Linke en Berlín.

Die Linke quiere transferir grandes paquetes de viviendas a la propiedad pública, limitar los precios de los alquileres y construir más vivienda pública. Los planes siguen al referéndum de 2021 sobre la expropiación de Deutsche Wohnen, en el que casi el 60 por ciento de los participantes votó a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias.

En su programa electoral, los Verdes declaran que la expropiación es “legalmente posible y asequible”. En el programa electoral del SPD no existe nada parecido y la CDU, el partido de Merz, tampoco está de acuerdo con la batalla contra las inmobiliarias, que se han echado a temblar.

Ya antes de las elecciones de septiembre, el 37 por ciento de los especuladores declararon en una encuesta que habían aplazado sus inversiones debido a la incertidumbre política. La compensación económica para las inmobiliarias oscila entre los 18.000 y los 36.000 millones de euros. El Banco de Inversiones de Berlín ha calculado que se podrían construir entre 100.000 y 130.000 apartamentos con casi 40.000 millones de euros.

Las empresas publicas de vivienda ofrecen alquileres más bajos que las empresas privadas y la expropiación quiere gestionar las viviendas dentro del sector público e impedir que estén sometidas a la presión de los buitres.

El promedio de los pisos de alquiler en Berlín ha aumentado en casi un 70 por ciento en los últimos años y, tras la victoria electoral de Die Linke, el debate sobre la expropiación de las viviendas está en el orden del día, además de la limitación de los precios de los alquileres y la introducción de un porcentaje de vivienda social.

No obstante, Die Linke ya tuvo un traspiés en 2021, cuando el Tribunal Constitucional anuló la limitación de los alquileres en Berlín porque el gobierno autonómico carecía de competencia para imponerla. Ahora Die Linke quiere hacerlo de otra manera, pero rápidamente, en los primeros 100 días de gobierno para las seis empresas públicas de vivienda, que administran unos 360.000 pisos.

Die Linke quiere construir 7.500 viviendas sociales al año. Pero hasta ahora las promesas de este tipo siempre han fallado. Solo la mitad de los apartamentos subvencionados aprobados desde 2014 se completaron realmente a finales del año pasado. Han sido diez años de fracasos.

Además de las expropiaciones, el desafío de Die Linke es, pues, limitar el precio de los alquileres y, al mismo tiempo, crear suficientes viviendas nuevas.