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Noticias Internacionales
Brindis de Honor palabras del Dr. Carlos Intriago Macías
LA PATAGONIA ARGENTINA HUYENDO DE LA GUERRA?
La tensión en el Golfo Pérsico vuelve a dispararse. Tras los últimos ataques y amenazas cruzadas, Irán advierte que podría golpear infraestructuras energéticas vinculadas a Estados Unidos y sus aliados en la región. Las instalaciones petroleras del Golfo se convierten ahora en uno de los principales focos de riesgo en una crisis que podría afectar el suministro global de crudo. En este video analizamos qué está pasando, cuáles son los objetivos en la mira y por qué esta escalada podría impactar directamente el precio del combustible en todo el mundo.
Hablar de que un sujeto es vasallo de otro, implica señalar que esa persona mantiene una relación de dependencia o subordinación, que reconoce a la otra persona como superior. Eso es lo que ocurre con Daniel Noboa en su relación con el presidente Trump.
La gestión de Noboa, ha estado marcada por la subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. No debemos olvidar que Daniel Noboa es el heredero de Exportadora Bananera Noboa, parte de los 300 grupos económicos que privilegian sus negocios e intereses con el imperialismo estadounidense.
¿Qué ha ocurrido desde el 23 de noviembre de 2023?
Enero 2024, vino una comitiva encabezada por el asesor presidencial de EE.UU. para las Américas, Christopher Dodd, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, Christopher Landberg [1].
Mayo 2025, el secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos de América, Robert Kennedy Jr. Asistió a la posesión del presidente Noboa [2]
Julio 2025, la secretaria de Seguridad de Donald Trump, Kristi Noem, arribó a Ecuador para firmar un acuerdo en materia de seguridad [3].
Agosto 2025, delegados del Congreso de los Estados Unidos se reunieron con el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo y con el ministro del Interior John Reimberg, para identificar y priorizar las necesidades estratégicas para abordar de manera conjunta los desafíos de la seguridad regional [4].
Septiembre 2025, la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos [5], para poner en orden a Noboa sobre sus relaciones con China.
Noviembre 2025, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, llegó al país para evaluar la instalación de bases de seguridad en Manta y Salinas [6]. En esa fecha estaba el país en el debate de la consulta para aprobar o no la instalación de base militares extranjera en el Ecuador. Noboa perdió la consulta 4 a 0.
Enero 2026, el Subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire visitó el país para fortalecer la cooperación y reforzar la seguridad en la frontera con Colombia [7]
Febrero 2026, el Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares de Ecuador y de Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Donald Trump [8].
No solo eso, falta más:
El Acuerdo firmado entre Ecuador y Estados Unidos «relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas», firmado por el gobierno de Guillermo Lasso, fue ratificado por el presidente Noboa.
Ante el genocidio al pueblo palestino, el presidente Noboa expresó su apoyo a Israel ¨en la posibilidad de defenderse¨ y aseguró que Ecuador no va a condenar las acciones israelíes ni tampoco tomará ¨una postura como la tomó Brasil y Colombia¨ [9].
En la votación en la ONU para declarar ilegales los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, incluidos Jerusalén Este y los Altos del Golán: 145 países votaron a favor (incluida Ucrania); 18 países se abstuvieron en la votación; 7 países votaron en contra. Ecuador se abstuvo, José de la Gasca actual candidato a la Fiscalía, ocupaba la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Trump declaró terroristas a Hamás, Hezbolá y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, al Cartel de los Soles y el presidente Noboa inmediatamente hizo lo mismo. Trump subió los aranceles y Noboa hizo lo mismo con Colombia.
Por último, viajó a Miami, el 7 de marzo para ser parte del Escudo de las Américas, junto a otros 11 presidentes, le declararon fidelidad a Trump y harán lo que él diga.
La oligarquía se olvida que en el Ecuador hay un pueblo soberano, que no agacha la cabeza y que viene enfrentando las políticas neoliberales, la intromisión extranjera. Se olvidan que hay una izquierda revolucionaria que lucha por transformar las estructuras sociales y económicas para que el país sea libre, independiente y soberano.
Expertos advierten que el ART firmado por el Gobierno de Daniel Noboa impone obligaciones duras para Ecuador, mientras Washington concede beneficios limitados y mantiene intacto su margen de maniobra.
El Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) firmado entre Ecuador y Estados Unidos el 13 de marzo de 2026 ya se encamina a su primera prueba institucional.
El Gobierno anunció que esta semana enviará el documento a la Corte Constitucional para que determine el procedimiento que debe seguir antes de su entrada en vigencia.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo defiende el tratado como una salida para aliviar la presión arancelaria impuesta por Washington, crecen las voces que sostienen que el convenio beneficia mucho más a Estados Unidos que a Ecuador.
La principal crítica no apunta solo al contenido comercial, sino a la asimetría del acuerdo.
Para varios economistas y analistas, el ART no funciona como un tratado clásico en el que ambos países abren mercados en condiciones similares.
Al contrario, Estados Unidos mantiene un acceso limitado y selectivo para los productos ecuatorianos, mientras Ecuador asume compromisos amplios para desmontar barreras, flexibilizar controles y facilitar la entrada de bienes, servicios e inversiones estadounidenses.
Alberto Acosta resume esa lectura con una frase contundente: el acuerdo “es un animal único”.
A su criterio, en lugar de que ambos países se abran mutuamente, lo que ocurre es que Estados Unidos cierra su mercado y Ecuador abre el suyo.
Desde esa perspectiva, el ART no sería una victoria comercial para Ecuador, sino una negociación marcada por la presión de las sobretasas impuestas por la administración de Donald Trump.
Esa presión es el origen político del acuerdo.
Washington presentó el ART como parte de su estrategia para corregir lo que considera “prácticas comerciales injustas”, eliminar barreras que afectan a sus exportadores, ampliar el acceso al mercado ecuatoriano y fortalecer a las empresas y trabajadores estadounidenses.
En otras palabras, el tratado fue diseñado desde la lógica de los intereses de Estados Unidos.
Un informe de Cordes se advierte que Ecuador está dando beneficios permanentes para Estados Unidos, mientras los que otorgó el país norteamericano podrían ser solo temporales.
Y esa lógica se nota en el contenido.
Aranceles
Uno de los elementos más cuestionados es que Ecuador se compromete a reducir o eliminar aranceles para múltiples productos estadounidenses y a otorgar un trato preferencial a una parte importante del agro de ese país.
El acuerdo incorpora cuotas de importación libres de arancel para productos agrícolas de Estados Unidos, entre ellos maíz, lácteos, carne de cerdo y aves de corral.
En el texto también se detallan contingentes:
Maíz
Sorgo
Etanol
Pollo
Cerdo
Lácteos
Aceite de soya
Con cupos específicos y beneficios arancelarios para los exportadores estadounidenses.
Para el economista Santiago Machado, este punto golpea directamente a la agricultura familiar campesina, que sostiene buena parte de la producción de alimentos en Ecuador.
Su advertencia es que el ingreso de productos agrícolas subsidiados desde Estados Unidos puede desplazar la producción nacional, presionar los precios a la baja y profundizar la dependencia alimentaria, en contradicción con el principio de soberanía alimentaria recogido en el artículo 281 de la Constitución.
La crítica no se limita al agro
El acuerdo también obliga a Ecuador a reformar su sistema de licencias de importación para productos agrícolas estadounidenses, establecer renovaciones automáticas, garantizar períodos de vigencia amplios y evitar exigencias que dificulten su ingreso.
Además, el país deberá reconocer como suficientes varias certificaciones sanitarias y de control emitidas por autoridades de Estados Unidos para alimentos y productos agropecuarios.
En el sector industrial ocurre algo similar.
Ecuador se compromete a eliminar:
Restricciones para bienes remanufacturados de Estados Unidos.
Aceptar estándares técnicos estadounidenses para vehículos y autopartes.
Reconocer aprobaciones de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) para dispositivos médicos y medicamentos, reduciendo controles adicionales de registro o inspección.
El resultado, según los expertos, es claro. Estados Unidos gana acceso regulatorio al mercado ecuatoriano.
No solo vende más; también logra que Ecuador adapte sus normas para facilitar el ingreso de sus productos.
Además, en el artículo 2.12 sobre medidas fronterizas e impuestos, se establece que Ecuador no impondrá impuestos al valor agregado que discriminen a las empresas estadounidenses, ni de hecho ni de derecho.
Qué recibe Ecuador
Mientras eso ocurre, lo que Ecuador recibe a cambio es mucho más limitado.
El propio diseño del acuerdo establece que Estados Unidos ofrecerá tratamiento arancelario preferencial para determinados bienes ecuatorianos, pero bajo condiciones restringidas y, además, sujetas a su propia legislación interna, expone Santiago Jaramillo, experto en comercio internacional.
“En la práctica, el acceso favorece sobre todo a productos sin mayor procesamiento o valor agregado, y deja fuera a varios bienes relevantes para la oferta exportable ecuatoriana”, relata.
El camarón, por ejemplo, no fue incorporado en esta primera etapa, aunque el Gobierno asegura que buscará incluirlo más adelante.
Obligaciones
Otra de las objeciones de fondo está en el lenguaje mismo del tratado.
En temas estratégicos, Ecuador asume obligaciones concretas y exigibles, mientras la contraparte estadounidense se reserva fórmulas abiertas o discrecionales.
Eso ocurre, por ejemplo, en materia de inversión.
El ART establece que Ecuador “permitirá y facilitará” inversión estadounidense en minerales críticos, energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura, en términos no menos favorables que a cualquier tercer país.
En cambio, Estados Unidos apenas se compromete a trabajar, a través de sus instituciones, para “considerar” apoyo financiero a proyectos en Ecuador, siempre que resulten elegibles.
Para expertos, esa diferencia no es un detalle técnico, sino una evidencia de la falta de reciprocidad material: Ecuador asume deberes firmes; Estados Unidos ofrece posibilidades condicionadas.
Cláusulas
El ART también entra en terrenos que, para varios analistas, desbordan por completo el ámbito comercial.
Uno de los ejemplos más sensibles es la cláusula que obliga a Ecuador a adoptar medidas de efecto similar cuando Estados Unidos imponga aranceles, cuotas, prohibiciones u otras restricciones por razones económicas o de seguridad nacional.
Para Machado y otros expertos, esta es una de las disposiciones más peligrosas del texto.
En términos prácticos, significaría que Ecuador tendría que alinear parte de su política comercial con las decisiones que tome Washington frente a terceros países.
“Esto podría limitar la autonomía del Estado ecuatoriano, reducir sus opciones para diversificar mercados y generar costos económicos si se ve obligado a replicar sanciones o restricciones ajenas a sus propios intereses”, recalca.
A ello se suma otra cláusula controvertida: Ecuador deberá cooperar con Estados Unidos para promover el cumplimiento de sanciones y controles de exportación estadounidenses.
“Esto transforma al país en colaborador de una política exterior que no diseñó y sobre la cual no tiene control”, reitera Machado.
Migración
El tratado también incorpora disposiciones sobre política migratoria y estructura institucional interna.
En el Anexo III, Ecuador asume el compromiso de exigir visas de tránsito para haitianos, cubanos y otras nacionalidades consideradas de alto riesgo de migración irregular hacia Estados Unidos.
En la misma sección, se dispone que el país transfiera la autoridad de su agencia espacial del control militar al control civil para permitir un mayor involucramiento estadounidense.
¿Qué tienen que ver esas cláusulas con un acuerdo comercial?
Esa es justamente la pregunta que varios expertos han puesto sobre la mesa.
Para los expertos, el ART introduce condicionamientos políticos, migratorios y estratégicos que revelan una relación desigual, en la que Ecuador acepta compromisos sensibles a cambio de beneficios arancelarios parciales.
Otro punto delicado está en la contratación pública.
El acuerdo obliga a Ecuador a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluida la concesión del campo Sacha, así como para futura generación eléctrica y extracción y procesamiento de minerales críticos.
Esta disposición, según distintas lecturas, busca cerrar el paso a adjudicaciones directas a empresas estatales extranjeras -especialmente chinas- y abrir espacio a compañías estadounidenses privadas.
“También aquí el acuerdo aparece más alineado con la disputa geopolítica de Washington que con una agenda estrictamente comercial”, expone Machado.
A eso se añaden compromisos en propiedad intelectual, impuestos digitales, transferencia de datos y eliminación de barreras regulatorias.
Ecuador no podrá imponer impuestos digitales discriminatorios contra empresas estadounidenses y deberá facilitar el flujo transfronterizo de datos para negocios, además de reforzar estándares de protección de propiedad intelectual.
La lectura global que hacen varios especialistas es que el tratado no está construido sobre una apertura equilibrada, sino sobre una lógica de cesiones profundas de Ecuador frente a concesiones limitadas de Estados Unidos.
Por eso, el paso del ART por la Corte Constitucional será clave.
No solo porque deberá revisar si el contenido del documento se ajusta a la Constitución, sino porque el debate de fondo apenas comienza: si este acuerdo fortalece realmente la posición comercial del Ecuador o si consolida una relación aún más dependiente y asimétrica con su principal socio.
Daniela Fonseca
En la guerra en curso Irán tiene una ventaja logística, por su cercanía al teatro de operaciones. Por el contrario, Estados Unidos depende de una larga cadena de suministros.
Su red de bases militares en Oriente Medio sólo le solucionan el problema de manera parcial porque, a su vez, tienen que ser abastecidas.
Además de los radares, el objetivo primordial de la defensa iraní es alejar la logística imperialista de las fronteras iraníes, por lo que los ataques a los vasallos del Golfo Pérsico resulta fundamental y, muy especialmente, a Emiratos Árabes Unidos.
En las primeras 24 horas de combates, Irán atacó más de 20 bases militares estadounidenses en Oriente Medio, un edificio de mando del ejército israelí y un complejo industrial de defensa en Tel Aviv.
Ha lanzado más drones y misiles contra Emiratos Árabes Unidos, que contra Israel, dirigidos principalmente contra la base naval francesa de Abu Dhabi, a la que han llamado “Campamento de la Paz”. La defensa antiaérea emiratí ha consumido un número importante de misiles aire-aire de los F-16 locales y los aviones de combate franceses Rafale.
Otra diana favorita es la base aérea estadounidense de Al Dhafra, que se ha convertido en uno de los focos de los ataques iraníes. Los cuarteles, zonas de alojamiento y edificios vecinos aparecen arrasados.
Los hangares que albergaban drones MQ-4C Triton y MQ-9 Reaper fueron alcanzados por misiles iraníes al menos tres veces entre el 4 y el 16 de marzo de 2026. También fue alcanzado con precisión un hangar que albergaba un avión de control y alerta temprana aerotransportado Saab GlobalEye.
Otro ataque alcanzó el arsenal de municiones de la base, provocando poderosas explosiones y obligando a la evacuación de emergencia de aviones de combate estadounidenses a otros países.
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