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¿Por qué la aplicación de un sistema creado destinado a formar nuevos líderes terminó afectando a las organizaciones políticas ecuatorianas?
La aplicación incompleta, maniquea y a conveniencia de las primarias por parte de las 231 organizaciones políticas registradas en el CNE abona a la escasez de perfiles electorales orgánicos en el Ecuador.
Se trata de una especie de harakiri, una atentado a su propia subsistencia.
La incorporación de este requisito en el Código de la Democracia data de hace 17 años, en el contexto posterior a la Asamblea Constituyente de Montecristi. Aquí se puede leer el artículo 94 de este cuerpo legal.
En un principio, la idea buscaba solucionar la falta de líderes desde movimientos y partidos políticos.
Para el analista político Iván Sierra, la necesidad de la reforma era incuestionable: “Me parece que nos demoramos en incorporar la normativa, aunque, desde el principio, haya dejado muchos vacíos”.
Según Sierra, dentro de esos vacíos, está el relacionado con la formas de elección señaladas en el artículo 346 del mismo Código de la Democracia.
De acuerdo con dicho artículo, la selección de candidaturas se puede hacer a través de tres vías:
Elecciones abiertas: voto individual y directo.
Cerradas: voto individual, directo y secreto de los afiliados o adherentes permanentes del partido.
Representativas: voto a través de asambleas, convenciones o colegios electorales. Tres fórmulas muy dispares.
Según la experta en materia electoral Melania Carrión, la gran mayoría de organizaciones políticas opta por primarias con elecciones representativas, como una forma de mantener el control: “Recuerdo con claridad que las propias organizaciones políticas no quisieron, en su momento, eliminar el modelo de las elecciones representativas”.
No obstante, en 2020 sí se incorporaron cambios, “como aquel que los delegados de la mesa electoral tengan algún grado de representación dentro de la organización”, subrayó Carrión.
Carrión agregó que parte de la responsabilidad también recae en el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), que no brinda capacitación a los delegados que acuden a las elecciones primarias. “Deberían tener un rol más activo de supervisión de las primarias, pero no es así”, precisa.
Iván Sierra agrega otro conflicto: “Cuando se impugna al candidato fruto de una primaria y se acepta el reclamo, la mesa electoral no repite la elección, sino que simplemente reemplaza al candidato o candidata con otro nombre a dedo”.
La reclutó vía Instagram
En 2023, la exministra de Ambiente Sade Frischi ofreció una entrevista a un podcast. Allí reveló que su nombre fue considerado por el presidente de la República, Daniel Noboa, gracias a que ella lo contactó por Instagram:
“El Presidente es una persona muy directa, enseguida pidió mi hoja de vida y me invitó a ser parte de su proyecto de país”, sostuvo.
De esta forma, a los 26 años, Frischi se convirtió en Ministra de Ambiente, luego de una serie desaguisados, renunció a la Cartera y se presentó como candidata a la Asamblea Nacional para el periodo 2025-2029, donde aterrizó como parte del Consejo de Administración Legislativa (CAL). En este periodo solo ha presentado un proyecto normativo ambiental, que luego fue retirado por la misma legisladora antes de ser tratado por el Pleno. Y punto.
Las comparaciones, como se sabe, son odiosas, sin embargo, algunas se vuelven necesarias. Jahiren Noriega, surgida del activismo colegial y posterior en la Escuela de Sociología de la Universidad Central, proviene de una matriz distinta.
Noriega, de 28 años, ha presentado en este periodo, impulsos normativos de fondo: la Ley de Alivio Económico para Jóvenes Afectados con Procedimientos Coactivos por Créditos Educativos, Becas y Asistencias Financieras (aprobado por unanimidad); las reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y una propuesta en materia de derechos laborales y empleo juvenil.
Que la brecha de productividad y comprensión de la técnica legislativa entre Sade Frischi y Jahiren Noriega resida en los procesos formativos y en la rigurosidad de los procesos de selección internos, bien podría ser parte de una respuesta.
En todo caso las primarias no ha reducido la voracidad de los viejos cacicazgos por los nuevos cuadros políticos. Al igual que Saturno, las organizaciones políticas ecuatorianas siguen devorando a “sus hijos”.
Alfredo Jalife-Rahme es analista geopolítico, conferenciante y una de las voces más influyentes del mundo hispano en relaciones internacionales y economía global. Con una trayectoria marcada por el análisis estratégico de las grandes potencias, los mercados y los cambios del orden mundial, se ha convertido en un referente para entender cómo la política, la geoeconomía y los conflictos internacionales moldean el futuro.
La Bienal de Venecia tiene más de un siglo de historia y actualmente es una de las muestras culturales más prestigiosas del mundo. Por eso antes la Unión Europea la solía financiar; ahora ahora ha dejado de hacerlo porque… llegan los rusos. Dos millones de euros menos para los organizadores.
Es una cuestión de imagen. Los occidentales están empeñados en mostrar a los rusos como una sociedad atávica, mientras que si acercas a cualquier país al arte, le pones un sello de civilización. En Rusia no hay música, pintura, arquitectura, ni literatura, ni teatro; es un país dominado por la represión, la guerra, los tanques y los misiles.
Un portavoz de Bruselas lo ha explicado así: “Los proyectos culturales financiados por el dinero de los contribuyentes europeos deben preservar los valores democráticos y promover el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, valores que no se respetan en la Rusia actual”.
Hace falta tener la cara muy dura para justificar el recorte de la subvención en la “libertad de expresión” y, por si no fuera suficiente, admitir a 99 países que tienen cho que decir en lo que a “valores democráticos” se refiere, como Qatar, Somalia, Arabia Saudí o en Zimbabue, por poner sólo algunos ejemplos.
En Bruselas se creen árbitros de la moral internacional, de los países “malvados” (como Rusia), y de los “buenos” (todos los demás). Pero no les pregunten a esa banda de parásitos en qué se basan para admitir o expulsar a los unos y los otros de ese reino de los cielos que es Europa. No deben preguntarles nada porque les van a mentir. Son una banda de hipócritas que siempre rodean sus chanchullos con la misma verborrea: democracia, libertad, derechos humanos…
La Comisión Europea estuvo presionando a los organizadores desde antes de la apertura de la Bienal. Pero no se dejaron intimidar por los chupatintas de Bruselas. El director, Pietrangelo Buttafuoco, defendió la participación de Rusia con una obviedad: “la Comisión Europea está chantajeando la exposición internacional de arte”.
Como suele ocurrir, a Bruselas el tiro le ha salido por la culata. Como resultado de la polémica, el número de visitantes de la Bienal se ha disparado. Si la tendencia continúa, será la Bienal más concurrida en sus 125 años de historia gracias a Rusia.
La policía británica investigará a los ciudadanos británicos que masacraron a la población palestina de Gaza combatiendo en las filas del ejército israelí.
En agosto del año pasado el Centro Jurídico de Interés Público (PILC) y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) presentaron una denuncia de 240 páginas a la policía, alegando que diez ciudadanos británicos habían cometido crímenes de guerra en Gaza dentro del ejército israelí.
Las acusaciones incluían crímenes sometidos al derecho internacional, como “asesinato premeditado, exterminio, ataque a civiles y deportación o traslado forzoso de población”.
En una respuesta inicial, la policía indicó que va a limitar su investigación a cuatro ciudadanos británicos identificables. Posteriormente, en abril, la policía informó a los denunciantes que no se llevaría a cabo ninguna investigación penal, alegando la falta de perspectivas realistas de condenas.
En un mensaje enviado la semana pasada con el PILC, la policía declaró que llevaría a cabo una nueva investigación preliminar sobre los cuatro ciudadanos británicos.
La investigación se ha encargado al equipo de crímenes de guerra de la policía, perteneciente al Mando Antiterrorista, que decidirá en última instancia si se inicia una investigación más amplia.
El cambio de postura se produce después de que la representante de PILC, Lubna Speitan, amenazara a la policía con un recurso de revisión judicial, alegando su actuación arbitraria.
El PILC afirmó que la policía no consideró todas las vías probatorias disponibles para la investigación. El cambio de rumbo brinda la oportunidad de una evaluación nueva e independiente basada en todas las pruebas disponibles.
El Pentágono deja de publicar datos sobre sus bajas en Oriente Medio y recurre, cada vez con mayor frecuencia, a razones de “seguridad operativa” para negarse a divulgar información sobre el número de muertos y heridos. CNN y el New York Times observan intentos sistemáticos de ocultar o encubrir información sobre los daños reales causados por los ataques con misiles iraníes.
Los últimos ataques iraníes contra instalaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, incluida la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania, han herido a decenas de militares estadounidenses y dañado varios helicópteros.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, calificó las acusaciones de ocultar bajas como “invenciones diseñadas para confundir aún más al pueblo estadounidense” y “calumnias de mercenarios afines al New York Times”. Se apresuró a asegurar que las lesiones eran tan leves que ni siquiera era necesario registrarlas.
“Aunque desde el 7 de julio de 2026, casi 100 militares han sufrido lesiones de diversa gravedad, el 96 por cien de ellos se han reincorporado al servicio”, escribió. Sin embargo, su declaración contradice los hechos presentados tanto por periodistas como por imágenes satelitales.
La principal fuente oficial de información sobre las bajas entre el personal militar estadounidense es la base de datos centralizada del Departamento de Guerra para recopilar y almacenar información sobre bajas en situaciones de guerra (DCAS). Si bien antes la información se actualizaba en tiempo real, los dirigentes del Pentágono afirman ahora que el registro de nuevos casos puede tardar varios días, o incluso semanas, debido a los procesos de verificación.
Por este motivo, hasta hace poco, no se habían realizado actualizaciones significativas en la base de datos con respecto a los resultados de las primeras semanas de la escalada.
Un incidente revelador que ilustra el problema ocurrió en los últimos días. La base de datos DCAS se actualizó inicialmente, registrando cuatro nuevas muertes (cuando oficialmente solo se conocían tres) y 20 heridos, elevando el total de fallecidos a 18 y el de heridos a 447. Sin embargo, pocas horas después, los datos se eliminaron y se restablecieron las cifras anteriores (14 muertos y 427 heridos).
Posteriormente, los nuevos datos se reintrodujeron en la base de datos, pero solo en la sección de categorías de bajas, mientras que la tabla mensual conservó las cifras antiguas.
Es una prueba directa de que las estadísticas están siendo manipuladas y no simplemente retrasadas. Todo indica que las cifras se manipulan para ajustarse a la retórica deseada, en lugar de reflejar la situación real.
“Es una señal más de la creciente falta de transparencia. En lugar de responder con prontitud a las preguntas sobre lo que les está sucediendo a los hijos e hijas de Estados Unidos, el Pentágono ahora remite a los periodistas a la base de datos”, escribió Dan Lamothe, corresponsal de guerra del Washington Post.
En este contexto, la afirmación de Parnell de que “la inmensa mayoría” de los aproximadamente 100 heridos sufrieron “conmociones cerebrales leves” parece un intento de minimizar los daños, especialmente ante la aparición de fotografías que muestran daños significativos en bases estadounidenses.
Nuevas imágenes satelitales, publicadas y analizadas proporcionan evidencia irrefutable de que los ataques contra la base aérea de Muwaffaq Salti en Jordania causaron daños considerablemente mayores de los que reconoce el Pentágono. Según las fotografías, durante los últimos seis meses misiles iraníes impactaron varios puntos estratégicos en el territorio de la base.
En las zonas residenciales, aproximadamente 20 viviendas para las tropas estadounidenses resultaron completamente destruidas o gravemente dañadas. En esta zona, según informes oficiales, dos militares perdieron la vida y otro se encuentra desaparecido.
Además de los ataques a las infraestructura, también se han registrado pérdidas de aeronaves en tierra. Varios helicópteros UH-60 Black Hawk fueron destruidos en la misma base jordana. Si bien los impactos no se han confirmado oficialmente, las imágenes satelitales revelan daños en las áreas de estacionamiento de helicópteros.
Al menos tres o cuatro hangares que albergaban drones MQ-9 Reaper fueron completamente destruidos, y al menos dos drones estacionados en el exterior resultaron dañados por metralla.
También han circulado rumores sobre la destrucción de un avión de combate F-15. La Guardia Revolucionaria informó haber atacado hangares que albergaban aviones de combate, destruyendo una aeronave y un sistema de defensa antimisiles.
A diferencia de los helicópteros, este tipo de aeronaves generalmente pueden ser trasladadas rápidamente a otro aeródromo en caso de peligro. Sin embargo, es posible que la aeronave no pudiera despegar porque estaba siendo reparada.
El Estrecho de Ormuz sigue cerrado
En medio de los reveses militares estadounidenses, la situación en la región continúa deteriorándose. El Estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado. En una semana, del 13 al 19 de julio, el número promedio de tránsito de petroleros se redujo de más de 20 a 7 u 8 diarios.
Mientras tanto, se ha abierto un segundo frente. Como ya anunciamos, el 20 de julio los huthíes anunciaron un bloqueo naval contra Arabia Saudí en el estrecho de Bab El Mandeb. Estados Unidos se enfrenta, pues, a una amenaza simultánea en dos rutas marítimas estratégicas. Es un importante desafío estratégico para el cual el Pentágono no tiene una respuesta clara.
En este contexto, las amenazas estadounidenses suenan cada vez más vacías. El Pentágono es incapaz de proteger sus bases de los ataques iraníes, incapaz de garantizar la navegación en el Estrecho de Ormuz, y carece de una respuesta coherente al bloqueo huthí en el Mar Rojo.
Estados Unidos está perdiendo el control de la situación en la región, pero hace todo lo posible por ocultarlo. Los intentos estadounidenses por intimidar a Irán parecen cada vez más inútiles ante un panorama de bajas ocultas, falta de una estrategia coherente y un creciente cansancio estadounidense ante las mentiras constantes.
Las declaraciones de Daniel Noboa abrieron un debate sobre la separación de funciones del Estado, el debido proceso y las garantías democráticas de cara a las elecciones seccionales de noviembre de 2026. Juristas y analistas advierten que las expresiones del Ejecutivo generan dudas sobre la autonomía de las instituciones electorales y judiciales.
La suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) y, posteriormente, del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), desencadenó una de las mayores controversias políticas del año electoral.
Más allá de las resoluciones emitidas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y de la investigación por presunto lavado de activos que impulsa la Fiscalía General del Estado, el centro del debate se trasladó a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno, quienes se pronunciaron públicamente sobre un proceso que aún se encuentra en desarrollo.
El episodio más reciente ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando el presidente Daniel Noboa fue consultado sobre la suspensión de Amigo y la posibilidad de que los candidatos impulsados por la Revolución Ciudadana puedan participar en las elecciones mediante otra organización política.
Durante la entrevista, el mandatario afirmó que los precandidatos pueden inscribirse por “cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos”, incluso mencionando expresamente al Partido Socialista Ecuatoriano como una alternativa.
“Pueden escoger cualquier otro partido que no se haya prestado para lavado de activos y que haya hecho primarias… incluido el Partido Socialista Ecuatoriano”, manifestó Noboa.
La frase generó cuestionamientos porque el Presidente no habló de una investigación por presunto lavado de activos, sino que presentó esa conducta como un hecho consumado respecto al movimiento suspendido, pese a que la causa aún se encuentra dentro de un proceso judicial.
Un intento de aclaración
Minutos después, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, intervino durante la misma entrevista para precisar que el caso corresponde a una investigación por presunto lavado de activos.
Neira sostuvo que las alertas surgieron porque existirían dudas sobre el origen del financiamiento del movimiento político.
Sus declaraciones también generaron cuestionamientos debido a que actualmente ya no ejerce funciones como director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), organismo que por ley maneja información reservada sobre investigaciones relacionadas con lavado de activos.
El exdirector de la UAFE fue más allá al explicar públicamente el origen de las sospechas que motivan la investigación, lo que llevó a diversos actores políticos y especialistas a preguntarse de dónde proviene la información que menciona.
“Saltan las alarmas”
Uno de quienes reaccionó fue Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
En entrevista con este medio sostuvo que el problema no radica únicamente en la investigación, sino en que el Ejecutivo parezca conocer información reservada que ni siquiera ha sido puesta en conocimiento de las organizaciones políticas involucradas.
“Si viviéramos en un Estado de derecho que genere total confianza, nada debería preocuparnos. Pero saltan las alarmas si al parecer el Gobierno conoce el contenido de una investigación reservada que ni siquiera conocen los actores políticos afectados”.
Para Alarcón, el punto más delicado consiste en la posible interferencia del Ejecutivo en actuaciones que corresponden exclusivamente a otras funciones del Estado.
“Parece realmente ridículo que el Ejecutivo esté en posesión de información que ni siquiera, por garantía del debido proceso, está en manos de los actores políticos”.
El analista recordó que tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral son instituciones constitucionalmente independientes.
“El Ejecutivo nada tendría que ver ni nada tendría que hacer en esto. Los exabruptos cometidos generan mucha preocupación porque al parecer las instituciones están en poder de una sola persona”.
La preocupación va más allá de Amigo
Durante la entrevista, Mauricio Alarcón sostuvo que la discusión trasciende el caso puntual del movimiento Amigo y se relaciona con las garantías democráticas para cualquier organización política.
Advirtió que la preocupación aumenta por la coincidencia entre los tiempos de las investigaciones y el calendario electoral.
“Preocupa la selectividad con la que están actuando las autoridades y esa extraña coincidencia en cuanto a los tiempos de su actuación”.
También defendió el derecho de los ciudadanos a elegir libremente entre todas las opciones políticas.
“Yo no necesito que venga alguien que se crea moralmente superior o políticamente perfecto a forzar que elijamos a sus candidatos”.
Para Alarcón, lo que debe garantizarse es que la papeleta electoral incluya a quienes tengan derecho a participar conforme a la ley y sin interferencias externas.
El antecedente que alimenta el debate
Las declaraciones del Presidente ocurrieron apenas días después de que el Tribunal Contencioso Electoral suspendiera provisionalmente al movimiento Amigo por nueve meses, a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
La medida tiene un impacto político directo porque, semanas antes, la Revolución Ciudadana había anunciado que utilizaría la lista 16 para presentar sus candidaturas en las elecciones seccionales de noviembre.
Ese escenario llevó a distintos sectores políticos a preguntarse si la suspensión consecutiva de ambas organizaciones modifica las condiciones de competencia electoral.
Mientras tanto, el director nacional de Organizaciones Políticas del CNE, Juan Carlos González, aclaró que los precandidatos de Amigo sí podrán postular por otras organizaciones políticas una vez que se eliminen sus formularios y concluya formalmente su vínculo con ese movimiento, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la ley.
De la suspensión de la RC al caso Amigo: la secuencia de decisiones que alimenta el debate político y jurídico
La controversia alrededor del movimiento Amigo no puede analizarse de forma aislada. Su suspensión se produce apenas semanas después de que la Revolución Ciudadana agotara la última vía judicial para revertir la sanción que la dejó fuera del Registro Permanente de Organizaciones Políticas durante nueve meses.
Esa sucesión de hechos es la que hoy alimenta el debate sobre las garantías del proceso electoral.
El primer episodio ocurrió en marzo de 2026, cuando un juez del Tribunal Contencioso Electoral ordenó la suspensión provisional de la Revolución Ciudadana dentro del denominado caso “Caja Chica”, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por una investigación de presunto lavado de activos.
Posteriormente, el 28 de junio de 2026, el expresidente Rafael Correa anunció que los candidatos de la Revolución Ciudadana participarían en las elecciones seccionales bajo el casillero del movimiento Amigo, lista 16, estrategia que buscaba mantener en carrera a sus aspirantes.
Sin embargo, el 15 de julio la Corte Constitucional rechazó de forma unánime la última acción extraordinaria de protección presentada por la RC, dejando firme la suspensión de nueve meses impuesta por el TCE.
Dos días después ocurrió un nuevo giro.
El 17 de julio, el juez electoral Juan Patricio Maldonado admitió la denuncia presentada por la Fiscalía General del Estado y ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Amigo, también por una investigación relacionada con presunto lavado de activos.
El 20 de julio, el Pleno del Consejo Nacional Electoral acató la resolución judicial y dispuso la ejecución inmediata de la suspensión dentro del Registro Permanente de Organizaciones Políticas. Esa decisión provocó protestas de simpatizantes de la Revolución Ciudadana en los exteriores del organismo electoral.
Al día siguiente, el fiscal general subrogante, Carlos Leonardo Alarcón, defendió públicamente la actuación de la Fiscalía y explicó que la institución únicamente cumplió con la obligación legal de informar al Tribunal Contencioso Electoral sobre la existencia de una investigación previa.
“La denuncia ingresó por el 1800-DELITO y actuamos de manera inmediata. Aquí no hay ninguna persecución política. Si no actuara cuando existe una denuncia, estaría incurriendo en una omisión”, sostuvo durante una entrevista radial.
El debate jurídico
Aunque la Fiscalía sostiene que actuó dentro de sus competencias, varios especialistas consideran que la forma en que se aplicó la suspensión merece un análisis jurídico.
El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, cuestionó que la suspensión se haya dispuesto en el mismo auto mediante el cual se admitió la causa.
Según explicó, el artículo 374 del Código de la Democracia contempla la posibilidad de suspender a una organización política, pero únicamente después de un proceso completo.
A su criterio, primero debía notificarse a la organización, permitir la presentación de pruebas de descargo, convocar a una audiencia oral, emitir una sentencia de primera instancia y garantizar la posibilidad de apelación antes de adoptar una medida de esa naturaleza.
“Me ha llamado mucho la atención que en un auto de admisión se dicte una suspensión. Eso no tiene respaldo en el Código de la Democracia porque no existe norma alguna para aquello”, afirmó.
En la misma línea se pronunció el constitucionalista Lolo Miño, quien planteó revisar la constitucionalidad del artículo que faculta al fiscal a comunicar este tipo de investigaciones al TCE.
Según sostuvo, la norma debería incorporar límites temporales para impedir que pueda activarse en plena etapa electoral y afectar la pluralidad política.
“Necesitamos alcaldes comprometidos con el Gobierno”
Mientras el debate sobre la independencia de las instituciones se desarrollaba alrededor del caso Amigo, nuevas declaraciones provenientes del Ejecutivo volvieron a generar cuestionamientos.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que el país necesita autoridades locales alineadas con el Gobierno Nacional.
“Necesitamos alcaldes que estén comprometidos con la misma línea del Gobierno; no puede ser que tengan líneas distintas”, manifestó.
Las declaraciones fueron realizadas a pocos meses del inicio formal de la campaña para elegir alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales.
Reacciones políticas
Las expresiones del presidente Noboa también provocaron respuestas desde distintos sectores políticos.
El presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, aseguró que le sorprendió que el mandatario hablara públicamente sobre la situación de organizaciones políticas que participan en el proceso electoral.
“El hecho de que el Presidente y el secretario estén preocupados por quién acoge a los candidatos de amigo es una señal de que hay que estar con los ojos abiertos”, afirmó.
Vallejo señaló que Noboa no solo mencionó al Partido Socialista como una posible alternativa para los candidatos de la Revolución Ciudadana, sino que además enumeró condiciones relacionadas con primarias, cuentas, reportes a la UAFE y cumplimiento de la ley.
Para el dirigente socialista, esas afirmaciones aumentan la incertidumbre sobre el futuro de otras organizaciones políticas.
Vallejo confirmó además que el Partido Socialista mantiene conversaciones con la Revolución Ciudadana en entre seis y ocho provincias para posibles alianzas electorales.
Por otro lado, Verónica Silva, criticó al presidente Daniel Noboa y a las autoridades electorales por inclinar la cancha a favor del Gobierno.
Silva rechazó las declaraciones de Noboa y pidió que le presten una Constitución para que se entere cuáles son sus funciones como presidente de la República.
Las voces que hablan de riesgos institucionales
Las declaraciones del Presidente también provocaron reacciones de juristas y actores políticos.
La abogada Sonia Gabriela Vera sostuvo que las expresiones de Daniel Noboa, John Reimberg y Carlos Alarcón no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de una misma secuencia institucional.
A su juicio, las actuaciones reflejan una desviación de poder que afecta el pluralismo político.
Por su parte, el excandidato presidencial Andrés Arauz cuestionó que José Julio Neira se pronunciara sobre una investigación relacionada con lavado de activos pese a no formar parte actualmente de esa institución.
Arauz sostuvo que la legislación en materia de prevención de lavado de activos impide divulgar información reservada y advirtió que este tipo de declaraciones podría afectar los protocolos internacionales de intercambio de información financiera.
Un escenario todavía abierto
Mientras continúa el debate político, el Consejo Nacional Electoral aclaró que la suspensión del movimiento Amigo no implica automáticamente la inhabilitación de sus precandidatos.
El director nacional de Organizaciones Políticas, Juan Carlos González, explicó que, una vez eliminados los formularios correspondientes dentro del sistema del CNE, los aspirantes quedan habilitados para postular por otra organización política, siempre que cumplan los requisitos previstos en la normativa electoral.
Sin embargo, la discusión ya trascendió el futuro de una sola organización.
Las declaraciones del presidente Daniel Noboa, del secretario José Julio Neira y del ministro John Reimberg, sumadas a las decisiones adoptadas por la Fiscalía, el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral, abrieron un debate que marcará el desarrollo de la campaña electoral: hasta dónde llega la actuación legítima de cada institución y dónde comienza la percepción de una posible injerencia entre funciones del Estado.
Para Mauricio Alarcón, el tema de fondo no es únicamente la situación de la Revolución Ciudadana o del movimiento Amigo, sino la confianza de los ciudadanos en las reglas del proceso democrático.
“Hay fuertes riesgos para la democracia y debemos permanecer atentos para que se respete nuestro derecho a elegir libremente, no de forma direccionada como se pretende”, concluyó el director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
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