Hace un siglo nació una organización que ha formado parte de la historia social y política del Ecuador: el Partido Comunista del Ecuador.
Cien años de debates, organización popular y participación política. Cien años de hombres y mujeres que, desde diferentes espacios, levantaron las banderas de la justicia social, los derechos laborales, la educación y la dignidad de la clase trabajadora.
Este centenario no solo nos invita a recordar el pasado. También nos llama a reflexionar sobre los desafíos del presente y el Ecuador que todavía está pendiente de construirse.
Desde Portoviejo, capital de Manabí, soy Tatiano Gorozabel, periodista ecuatoriano y orgullosamente comunista, y envío un fuerte abrazo, un saludo fraterno y revolucionario a todos los comunistas del Ecuador en este aniversario histórico.
¡Feliz centenario al Partido Comunista del Ecuador!
¡Que viva la memoria histórica, que viva la organización popular y que viva la lucha por la justicia social!
Esta semana Rusia ha llevado a cabo una serie de ataques durante dos días contra Kiev con misiles balísticos, lo cual puede parecer una operación rutinaria. Pero no es así. Lo novedoso es la ausencia de advertencia previa por parte de Estados Unidos.
Zelensky ha expresado su decepción ante la falta de información de inteligencia. Hasta ahora Ucrania ha recibido todas las alertas de Estados Unidos sobre lanzamientos de misiles. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, confirmó que los aliados seguirán compartiendo información de inteligencia; aunque señaló que las últimas faltas de advertencia se debieron a un tipo de “armamento especial ruso”.
¿A qué se refieren los ucranianos cuando hablan de “armamento especial”? Según algunas fuentes, Rusia ha reconvertido los lanzadores SS-400 para el ataque, lo que explicaría el uso de munición “especial”. Ucrania afirmó recientemente haber destruido un sistema SS-400 justo al otro lado de la frontera, en la región rusa de Briansk, que servía de plataforma de lanzamiento.
Otras fuentes dudan de que Rusia utilice los SS-400 de esa manera y consideran que se trata de propaganda ucraniana. Sin embargo, la conversión de los SS-400 excedentes en lanzadoras significa que Rusia dispone de un número de ellas superior a sus necesidades, lo que contradice las recurrentes afirmaciones ucranianas de que el país carece de sistemas de defensa antiaérea.
En cualquier caso, independientemente de si Rusia utiliza o no sistemas SS-400 u otro sistema especial, es necesario interpretar de alguna manera la ausencia de una alerta previa por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La primera hipótesis es que los SS-400 rusos, lanzados en modo balístico, no son detectables por los medios espaciales estadounidenses más avanzados.
La segunda es que las baterías Patriot estadounidenses desplegadas en Kiev son incapaces de detectar los misiles con sus radares. La tercera es que Rusia utiliza una nueva arma que no es detectable por ninguno de los sistemas estadounidenses conocidos.
Pero siempre cabe la hipótesis de que Zelensky y Sybiha estén mintiendo, como acostumbran. Simplemente Estados Unidos les oculta la información. Teóricamente los sistemas Patriot estadounidenses son los encargados de proteger a Kiev, pero, ¿los manejan los ucranianos o los estadounidenses? Si son los estadounidenses, quizá detectaron los misiles dirigiéndose hacia Kiev, pero recibieron la orden de no alertar a los ucranianos.
Si los manejan los ucranianos, entonces no han detectado los misiles, lo que significaría que los radares Patriot “avanzados” son incapaces de detectar los misiles que Rusia está disparando.
¿Está presionando Estados Unidos a Ucrania con el silencio?
La hipótesis más interesante es si los operadores etadounidenses de los Patriot detectaron el lanzamiento de los misiles rusos y no avisaron a los ucranianos para presionar al gobierno de Kiev. Trump ya ha amenazado a Zelensky con el despido y le ha trasladado la responsabilidad de la prolongación de la guerra. ¿Ha suspendido Estados Unidos sus operaciones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento desde el espacio para presionar a Ucrania?
El 11 de octubre Trump afirmó haber logrado una “tregua energético” entre ambos países, pero ni la parte rusa ni la ucraniana habían acordado tal alto el fuego y se quedaron perplejos con el anuncio. Rusia sigue atacando las centrales energéticas ucranianas, como la TPP-5 en Trypilska y la número 5 de Járkov. Por su parte, Ucrania también ha atacado la refinería rusa de Novoshakhtinsk, en Rostov.
Por su parte, el presidente ucraniano declaró a Axios: “Fue una sorpresa para mí. Pero si los rusos aceptan un alto el fuego energético, Ucrania también lo hará” (1). Se trata de un claro desafío hacia Trump, a quien sin duda irritará la insubordinación de Zelensky. Paralelamente, Ansarollah ha atacado una gran instalación de Aramco en Jubail, lo que augura la continuación de la crisis energética.
Es obvio que Trump se inventó un alto el fuego de la nada para calmar la inquietud económica ante la subida de los precios de los combustibles. El Washington Post asegura que el dúo de ineptos formado por Kushner y Witkoff está preparando un nuevo “acuerdo de paz”, que es “más de lo mismo” (2). El mensaje dirigido a Putin es el siguiente: no basta con poner fin a la guerra en Ucrania; hay que firmar un acuerdo económico y de seguridad con Europa para restablecer la estabilidad en la región, tras una escalada inexorable de la guerra (3).
La reconstrucción de Ucrania constituiría el primer pilar, dice el periódico. El Banco Mundial y el fondo buitre BlackRock se comprometen a reconstruir las regiones devastadas del país, proporcionar ayuda a las familias de los soldados fallecidos o heridos y recuperar una economía exhausta. Los demás pilares, añade el Washington Post, son conocidos: congelación de la guerra en sus líneas actuales, garantías de seguridad para Ucrania y la integración económica de Ucrania (y de Rusia) en Europa.
Si Trump elabora estos absurdos planes “de paz” es para dar la impresión de que está recuperando la iniciativa. Es una puesta en escena de cara a la galería.
Si algo tiene que cambiar es dentro de Ucrania
La paz necesita que algo cambie dentro de Ucrania, y está cambiando por primera vez desde el inicio de la guerra en 2022. Algunos políticos ucranianos plantean abiertamente la posibilidad de llegar a un compromiso con Moscú, incluidas concesiones que antes se consideraban impensables.
Una de las voces más destacadas es la de Oleksiy Honcharenko, un diputado ucraniano que durante mucho tiempo estuvo vinculado al ala más intransigente de la oligarquía política de Kiev. Hasta hace poco, Honcharenko consideraba como una traición cualquier compromiso con el Kremlin; su postura era, de hecho, que Ucrania debía seguir luchando, sin importar el coste humano.
Sin embargo, el 2 de octubre publicó una especie de manifiesto político en el que reconoce que Ucrania está perdiendo la guerra y propone iniciar negociaciones con Rusia. Según él, no se debería excluir ningún tema de la discusión —incluyendo la neutralidad, el levantamiento de las sanciones contra Rusia, el reconocimiento de la lengua rusa y otras cuestiones controvertidas—, ya que, a su juicio, sacrificar a todo un país en aras de la incorporación a la OTAN —una perspectiva cada vez más lejana— es inaceptable.
La reacción fue inmediata. Honcharenko fue tildado de simpatizante del Kremlin, expulsado del partido Solidaridad Europea —dirigido por Petro Poroshenko— e incluido en la base de datos de “personas a eliminar” que gestiona el sitio web ucraniano Myrotvorets.
El presidente de la comisión parlamentaria, Daniil Getmantsev, y el alcalde de Járkov, Igor Terejov, han expresado posturas que sugieren una creciente disposición a reconsiderar la estrategia de Ucrania. La diputada Anna Skorokhod ha presentado una propuesta legislativa orientada a establecer la neutralidad del país.
La aparición de estos planteamientos resulta significativa porque, por primera vez en años, un grupo identificable dentro de la política ucraniana cuestiona abiertamente la premisa dominante de que la guerra debe continuar hasta que Kiev alcance sus objetivos.
Anteriormente apenas existían alternativas políticas relevantes, dado que los principales rivales de Zelenski —como Poroshenko y Zaluzhni— mantenían escasas discrepancias fundamentales respecto a los objetivos de Ucrania en la guerra.
Una excepción notable fue Alexei Arestóvich, antiguo asesor presidencial, que dimitió a principios de 2023 y posteriormente abandonó Ucrania tras convertirse en un crítico feroz de Zelenski. Defendió un futuro para Ucrania que incluya la coexistencia pacífica con Rusia.
El ejército de Estados Unidos ha desarrollado planes de ataque que incluyen el lanzamiento de la bomba GBU-43/B de explosión aérea contra la infraestructura energética iraní y los centros nucleares, si Trump ordena nuevas operaciones de combate, informó ayer la CNN.
El posible despliegue de la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense marcaría una escalada significativa en la guerra, aunque hay dudas sobre su efectividad para lograr los objetivos estratégicos de Washington.
En febrero de este año perdió vigencia el Tratado de Start sobre la proliferación de armas nucleares, que entró en vigor en 2011 entre Estados Unidos y Rusia. Eso significa que ya no hay acuerdos de control de armas entre ambos países.
Las armas de destrucción masiva, sean nucleares o no, son la mejor confesión del fracaso de Estados Unidos en Oriente Medio, aunque se trate “sólo” de una amenaza, como es el caso. Algunos medios empiezan a decir que las bombas nucleares están de regreso porque los imperialistas siempre han creído que es posible “matar las moscas a cañonazos”. Es el reconocimiento de que han perdido la guerra entablada hasta ahora. Pero es posible que el objetivo sea diferente del que anuncia el Pentágono: cegar el lanzamiento de drones y misiles iraníes formando una pantalla atmosférica que altere el campo electromágnético.
Desde 1945 siempre se ha dicho que el arma nuclear no es exactamente un arma, en sentido estricto, sino más bien un instrumento de disuasión y una herramienta de presión política.
También se dice ahora que los drones y la inteligencia artificial han cambiado los campos de batalla. El objetivo primordial ya no es la destrucción física de las tropas enemigas, sino la obtención de la superioridad en el espectro electromagnético, y el medio más potente para lograrlo es el arma nuclear.
A gran altitud el pulso electromagnético generado por una explosión nuclear provoca una interrupción temporal en las comunicaciones, cegando los sistemas radiotécnicos de defensa antiaérea.
Hoy en día, los drones constituyen el arma principal, el medio de reconocimiento y el elemento logístico de primera línea de cualquier ejército. El sistema de mando se basa en la transmisión de volúmenes ingentes de datos a través de canales de comunicación digitales, apoyándose en infraestructuras y técnicas de carácter civil.
Antes los equipos militares estaban protegidos contra los pulsos electromagnéticos y podían seguir operativos incluso a pocos kilómetros del epicentro de una explosión nuclear. Pero eso no ocurre con los drones, que se fabrican con materiales civiles.
Dada la magnitud con la que se emplean actualmente los drones, no se pueden fabricar de otra manera que con componentes de amplio consumo. Los drones tienen que ser abundantes y baratos.
El pulso electromagnético de una explosión nuclear a gran altitud —que, en caso de detonación en la estratosfera, se propaga en un radio de varios cientos de kilómetros— es capaz de paralizar y desarmar al ejército adversario. Por eso los ejércitos empiezan a pensar en la posibilidad de usar armas nucleares tácticas.
Si el principal factor de destrucción del armamento nuclear es el pulso, la explosión nuclear se debe llevar a cabo a altitudes que oscilan entre unas pocas decenas y varios cientos de kilómetros. A menudo se habla de un rango de 30 a 50 kilómetros. Las demás consecuencias de la explosión nuclear —onda de choque, destello luminoso, radiación penetrante y contaminación radiactiva— llegan a la superficie terrestre considerablemente atenuados.
Es posible que no se produzcan destrucciones significativas en tierra directamente atribuibles a la explosión, aunque sí se derivan graves consecuencias de la inutilización de los sistemas eléctricos, de comunicación y de transporte de energía.
El primer uso táctico de un arma nuclear abriría la caja de Pandora. El principio de no proliferación nuclear quedaría arruinado y comenzaría una nueva carrera armamentista. Nadie podría reprochar a Irán que fabricase su propia arma nuclear.
El 30 de septiembre los cineastas Huseyin Dogru y Emrah Cilasun estrenaron un documental sobre la complicidad de Alemania en la matanza de comunistas en Indonesia, de la que se cumplen 61 años.
El documental, titulado “Indonesia 1965: cómo Alemania financió un genocidio”, dura 45 minutos y se basa en la consulta de más de mil páginas de documentos, la mayor parte de ellos conservados en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los textos demuestran que la República Federal de Alemania y su Servicio Federal de Inteligencia (BND) apoyaron al general Suharto en sus planes de tomar el poder político para erradicar por completo los “males del comunismo” en el país asiático.
A mediados de la década de los sesenta, el Partido Comunista de Indonesia (PKI) contaba con más de tres millones de miembros. Era el tercer partido comunista más numeroso del mundo después de la República Popular China y la Unión Soviética. Los comunistas contaban con una base de 20 millones de militantes organizados en sindicatos, así como en asociaciones juveniles, mujeres y campesinos, además de intelectuales, escritores y trabajadores de la cultura.
Como sucesor de las antiguas potencias coloniales europeas, Estados Unidos había asumido la “protección contra el comunismo” en el sudeste asiático. En aquel momento en Washington hablaban de la “teoría del dominó”: la Guerra de Vietnam podía extenderse por los países asiáticos, especialmente en Indonesia, donde el presidente Sukarno se había convertido en una figura importante del movimiento de países no alineados.
Los gobiernos de Canberra, Washington, Londres y Bonn se propusieron acabar con aquella situación.
Tres años de ‘guerra santa’ contra el comunismo
La guerra comenzó en 1965 con un Golpe de Estado y una purga implacable. En la noche del 30 de septiembre un grupo de oficiales dirigido por el coronel Untung de la Guardia Presidencial, secuestró y asesinó a seis generales del ejército. El general Suharto, comandante de la reserva estratégica del ejército, culpó al Partido Comunista y desató la campaña de exterminio.
Fue una ola de terror implacable en la que, además de los comunistas, miles de personas desarmadas fueron secuestradas y asesinadas. En el documental, además de los supervivientes que informan sobre el destino mortal de familiares, conocidos y amigos, aparecen personas que describen los medios brutales utilizados para asesinar. Burhan Kampak, un ejecutor de los primeros años y hoy un hombre sonriente, casi desdentado, de pelo blanco, se encogió de hombros en la cuestión de si muestra remordimiento, como si no entendiera la pregunta. “No, no”, respondió, y con una sonrisa feliz, “estábamos librando una guerra santa contra el comunismo. Nos tomó tres años completar la limpieza”. Luego mostró con orgullo una foto de Suharto, como si fuera una postal sagrada.
Matar para ‘limpiar’
El BND y los archivos del gobierno alemán muestran que los diplomáticos y espías documentaron puntualmente el alcance de la masacre. En noviembre de 1965 un informe interno del BND habla una “verdadera masacre de comunistas”. En febrero del siguiente los archivos cifran el número de muertos en casi 800.000 personas. En sus comunicaciones describen las matanzas como una “limpieza totalmente de nuestro interés”.
El 4 de octubre la embajada en Yakarta envió un télex en el que asumía la coartada de los golpistas: el “intento de derrocamiento de la izquierda” había fracasado.
El 19 de octubre, casi tres semanas después del Golpe de Estado, el embajador Luitpold Werz informó que las manifestaciones contra los comunistas estaban convocadas por el ejército. Las consignas contra la minoría china del país también procedían de los militares, que alentaron la provocación de incidentes. Lo que -de puertas afuera- parecía un movimiento espontáneo de ira era, en realidad, una campaña orquestada. La embajada alemana lo sabía, pero el gobierno alemán no cambió su política de apoyo a la masacre. En la página siguiente del mismo telegrama, Werz hablaba de un “rodillo militar” para “limpiar” las provincias.
El 26 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomendaba al gobierno de Bonn autorizar la exportación de pistolas al ejército indonesio. “Estamos siguiendo la evolución allí con el mayor interés y estamos complacidos por los progresos realizados en la consolidación del régimen militar. Somos completamente claros sobre las grandes oportunidades para el mundo occidental en su conjunto y para Alemania en particular en esta evolución y a qué grandes peligros estaríamos expuestos si el experimento fracasara”, decía el Ministerio a su embajador en Yakarta.
El 15 de noviembre, la embajada en Yakarta envió a sus jefes las biografías de los nuevos personajes que se habían colocado al frente del ejército indonesio. Sobre el general Sumitro decía: “Se ganó sus galones de general en enero en la provincia de Kalimantan Oriental, que en pocos meses limpió de comunistas silenciosamente”. El carnicero se había formado en las academias del ejército alemán. “Es una de las esperanzas políticas del ejército”, decía el comunicado.
El apoyo alemán a los criminales
A finales de noviembre, los asesinatos masivos estaban en pleno apogeo. Karl Carstens, secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y más tarde presidente de la República, recibió al ministro de Estado indonesio, el general Ahmad Sukendro, que pidió al gobierno alemán más dinero para “asegurar la continuación del desarrollo anticomunista”.
Sukendro aclaró que “el peligro no es sólo el PKI, sino el comunismo como tal”. Carstens respondió que el gobierno de Bonn “haría lo que estuviera a su alcance” para apoyar a Indonesia. Alemania no escatimaría en gastos para apoyar las matanzas del ejército indonesio.
En noviembre de 1965 los golpistas se acercaron al gobierno alemán con una solicitud concreta de ayuda financiera. Entre otras cosas, pidieron 1,2 millones de marcos. Oficialmente, de puertas afuera, los archivos alemanes señalan el principio de “no injerencia en los asuntos internos”, pero en el fondo, según la investigación, se canalizaban fondos para “acciones especiales contra dirigentes del PKI” para estabilizar el nuevo régimen.
Aunque Bonn sabía de las masacres, en los años siguientes, además de rifles, municiones y vehículos militares, también se entregaron submarinos y buques de guerra al régimen de Suharto, que luego se utilizaron en otras guerras truculentas, como la de Timor Oriental y Papua Occidental.
En su conjunto, para el periodo de 1960 a 1968 los archivos alemanes muestran las siguientes entregas de armas al ejército indonesio: al menos 40.250 rifles, más 9.750 cerrojos, 5.000 barriles y 42.000 piezas de repuesto; 20.000.000 cartuchos de 7,62 milímetros y 255.800 kilogramos de nitroglicerina.
Mientras lo militantes del PKI eran asesinados, el BND proporcionó apoyo, consultores, equipo y dinero según una información posterior del director del espionaje. Cuando terminaron las matanzas, en 1969 se agregaron la reestructuración de la deuda, los nuevos préstamos y la asistencia de capital, hasta 100 millones de marcos.
Los embajadores alemanes procedían del III Reich
De 1952 a 1970, seis de los primeros siete embajadores de Alemania occidental en Yakarta habían sido miembros del partido nazi o trabajaban en la maquinaria de propaganda del III Reich. La huella ideológica facilitó el anticomunismo visceral de la política exterior alemana en aquel momento, que acogió con beneplácito el derrocamiento del presidente Sukarno y las matanzas de militantes comunistas.
Luitpold Werz fue embajador de la República Federal de Alemania en Yakarta de 1964 a 1966, cuando se cometieron los asesinatos en masa. En una nota fechada en febrero de 1966 Werz comparó el número de comunistas asesinados en Indonesia con el del bombardeo atómico en Hiroshima y expresó su sorpresa por la poca atención internacional que recibieron.
Después de su estancia en Yakarta, dirigió el departamento este-oeste del Ministerio de Asuntos Exteriores y fue embajador en Argentina de 1969 a 1972.
El debate posterior sobre la responsabilidad alemana en las matanzas es preocupante. En las respuestas parlamentarias, por ejemplo, a las de Die Linke, el gobierno hizo hincapié en que los archivos del BND son secretos y que, en cualquier caso, no proporcionarían pruebas directas de una cooperación operativa específica en apoyo de las masacres de 1065.
En julio de 2016 el Tribunal Popular Internacional de 1965, un tribunal simbólico de jueces y abogados, encontró en La Haya que los crímenes del ejército indonesio fueron un genocidio y la destrucción de un grupo nacional. Señaló a Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia como cómplices. Cuatro años antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Indonesia habló de crímenes de lesa humanidad y hablaba de una política de exterminio de los militantes y simpatizantes del PKI.
En 2023, cuando al gobierno alemán le preguntaron si las matanzas de Indonesia en 1965 constituían un genocidio, no quiso responder. Si el tribunal de La Haya hubiera recibido las últimas revelaciones sobre la participación de Bonn en los sangrientos acontecimientos en Indonesia, la República Federal también habría sido declarada cómplice.
Tres millones de comunistas asesinados
La principal fuerza impulsora del terrorismo de Estado fue el anticomunismo visceral, que en Occidente recibió un apoyo sin límites en la Guerra Fría. Donde Estados Unidos ganó “la guerra contra el comunismo” no fue en Vietnam sino en Indonesia. En lo que a Bonn respecta, en la posguerra no se produjo una desnazificación en la República Federal de Alemania, sino más bien lo contrario: después de cinco años de preparación, en el verano de 1956 se prohibió el Partido Comunista de Alemania (KPD).
En Indonesia las matanzas son un tabú. Los supervivientes y las víctimas del pasado no solo tienen que esconderse en público. Siguen condenados al ostracismo, mientras que los monumentos se erigen para los arquitectos del terrorismo de Estado y son honrados póstumamente. Así sucedió el 10 de noviembre del año pasado, cuando el octavo presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, nombró como “héroe nacional” a Sarwo Edhie Wibowo, un general, yerno de Suharto, que en 1965 cometió numerosas matanzas.
Wibowo fue uno de los seguidores más leales de Suharto y dirigió la fuerza de comandos paracaidistas del ejército. Poco antes de su muerte reconoció ante el Parlamento que “dos o tres millones” de personas habían sido ejecutadas en las masacres de los años sesenta. Se refería a la destrucción sistemática de los miembros y simpatizantes del PKI, así como de los chinos.
La estimación de tres millones de comunistas asesinados procede directamente de la boca de uno de los principales perpetradores de las matanzas.
Veteranos del emblemático partido de los Panteras Negras para la Autodefensa de Estados Unidos se reunieron ayer con motivo del 60 aniversario de la fundación del movimiento antirracista.
El encuentro tuvo lugar en Oakland, California, para destacar los programas que implementaron con el fin de apoyar a los negros, devastados por el terrorismo racista y la explotación económica.
Huey P. Newton y Bobby Seale eran estudiantes en el Merritt College de Oakland cuando fundaron los Panteras Negras el 15 de octubre de 1966.
Desde clínicas médicas gratuitas e iniciativas a nivel nacional para promover pruebas de detección de la anemia falciforme, hasta la provisión de desayunos gratuitos para niños y la creación de escuelas que fomentaban la educación y la alfabetización, los Panteras Negras comprendieron las necesidades de una época marcada por los crímenes racistas: la década de los sesenta, señaló Fredrika Newton, viuda del cofundador Huey P. Newton.
“Buscábamos satisfacer las necesidades básicas de la comunidad negra; no solo de la comunidad negra, sino de todas las comunidades oprimidas”.
“Los niños iban a la escuela con hambre. La gente no tenía acceso a atención médica. Había personas durmiendo en las calles, tal como ocurre hoy”.
Para este fin de semana está programada una conferencia de cuatro días que incluye una gala, a la que se espera que asistan miembros fundadores que aún viven y otros veteranos de la organización.
Con Newton como “ministro de defensa” y Seale como presidente del partido, los Panteras Negras nunca esperaron nadie de nadie, de ninguna institución ni cargo público. Se pusieron manos a la obra para mejorar la vida de los residentes negros de Oakland. Asimismo, se opusieron a la represión policial contra los negros.
“Sabíamos que la población negra estaba siendo víctima de la” brutalidad policial”, comentó Fredrika Newton.
“Queríamos asegurarnos de que os negros recibieran educación y aprendieran a protegerse a sí mismos”.
La organización se disolvió en 1982, tras años de una campaña de crímenes y violentos ataques por parte de los aparatos represivos del Estado.
“Queremos que los jóvenes sepan exactamente qué hicimos y qué es posible lograr», añadiendo que resulta fundamental «organizarse en torno a las necesidades que existen hoy en día”, subrayó Newton en el acto.
«Está prohibido matar; por lo tanto, todos los asesinos son castigados a menos que maten en gran número y al son de trompetas.»
- Voltaire (1694-1778)
Un gobierno que se arroga la autoridad para matar personas después de haber sido sometidas, desarmadas, juzgadas, condenadas y encarceladas, hace una afirmación sorprendente sobre la naturaleza del poder político. No solo se arroga la autoridad para proteger a los inocentes de la violencia, sino también la autoridad para infligir violencia cuando no existe una amenaza inmediata.
Sostiene que quitar la vida a un ser humano, algo que condena con razón cuando lo hacen particulares, se vuelve moralmente permisible cuando lo hacen agentes del gobierno. Esta es la contradicción fundamental de la pena de muerte: que el gobierno mate a los indefensos protege a los vivos.
La Declaración de Independencia ofrece una concepción radicalmente diferente del gobierno. Todos los seres humanos poseen derechos naturales, y los gobiernos se instituyen para protegerlos. Los poderes legítimos del gobierno derivan únicamente del consentimiento de los gobernados. El gobierno no es dueño de nuestras vidas. Es nuestra creación, establecida para proteger los derechos que preceden a su existencia. Su autoridad es limitada y no puede reclamar legítimamente poderes que el pueblo al que gobierna no posee.
Los individuos poseen el derecho natural a defenderse de un ataque ilegítimo. Pueden usar la fuerza necesaria y proporcional para repeler a un agresor. Dado que el pueblo posee este derecho, puede delegarlo al gobierno, incluso a las fuerzas armadas con fines defensivos. La autoridad legítima del gobierno para librar una guerra defensiva es una derivación moral y legal del derecho preexistente del pueblo a la autoconservación.
Pero, ¿qué derecho tiene un individuo a matar a un enemigo derrotado que se ha rendido, está desarmado y encerrado en una celda? ¿Qué derecho tiene un particular a ejecutar a un prisionero que ya no representa una amenaza inmediata? Ninguno. El derecho a la legítima defensa no incluye el derecho a matar a un cautivo indefenso como represalia por un delito pasado.
Y si el pueblo no posee ese derecho, ¿cómo puede delegarlo al gobierno? El principio es sencillo: el gobierno no puede adquirir legítimamente, mediante el consentimiento de los gobernados, un poder que los propios gobernados no poseen.
El confinamiento protege a la sociedad. La ejecución revela la pretensión de omnipotencia del Estado.
Los planes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de ejecutar públicamente a un condenado y transmitir el asesinato en directo representan una visión particularmente repulsiva del poder estatal. De llevarse a cabo, semejante espectáculo no demostraría la fortaleza de la civilización estadounidense, sino que pondría de manifiesto su depravación moral. Convertiría la destrucción deliberada de un ser humano en un espectáculo político, con la maquinaria gubernamental como productora y promotora.
Resulta profundamente inquietante que funcionarios conviertan la muerte de un ser humano en un espectáculo público. ¿Qué lección transmitiría semejante evento? ¿Que el Estado tiene derecho a matar, que su violencia merece ser vista por un público y que adultos y niños deberían observar con aprobación cómo francotiradores militares arrebatan la vida de un prisionero indefenso en silla de ruedas? ¿Que la respuesta adecuada ante una injusticia no es la limitación del poder, sino la celebración de su expresión más letal?
Esto representa un descenso cruel e insólito a la barbarie, una glorificación de los asesinatos gubernamentales y una invitación a cultivar una cultura del miedo y la muerte. La civilización avanza cuando frena la violencia, incluso en respuesta a crímenes atroces. La barbarie avanza cuando la violencia se convierte en un instrumento de espectáculo público y gratificación colectiva.
La participación de las fuerzas armadas hace que la propuesta sea aún más grotesca. El Ministerio de Defensa existe para defender al país de las amenazas externas, no para convertir la ejecución de prisioneros en un espectáculo propagandístico. Las fuerzas armadas no deben ser reducidas a meros figurantes de una obra moralizante política en la que el gobierno exalta su poder sobre la vida de un cautivo.
Una sociedad libre debería desconfiar especialmente cuando el gobierno busca dramatizar su capacidad para matar. Los Padres Fundadores comprendieron que todo poder gubernamental debe ser limitado y restringido, no venerado. Las ejecuciones celebradas públicamente fomentarían la actitud opuesta: reverencia por la capacidad del Estado para destruir, en lugar de respeto por su obligación de proteger.
Un gobierno que aspire a demostrar seriedad moral debe proteger a los inocentes, enjuiciar los delitos con imparcialidad, garantizar el debido proceso y mantener a los delincuentes peligrosos en prisión segura. La cadena perpetua incapacita a un asesino sin obligar a la sociedad a fingir que matar es un acto de sanación. Además, deja abierta la posibilidad de corregir una condena injusta.
Nada de esto disminuye el sufrimiento de las víctimas de asesinato ni de sus familias. Sus pérdidas son profundas y su dolor infinito merece compasión, no explotación política. Pero el Estado no honra a las víctimas imitando la violencia que las destruyó. Las honra estableciendo un sistema de justicia que se niega a confundir venganza con virtud.
Los valores que sustentan tanto la Declaración de Independencia como la Constitución rechazan un gobierno con autoridad ilimitada. Los Padres Fundadores establecieron un gobierno limitado cuya legitimidad depende del consentimiento expreso de los gobernados. El consentimiento no es un cheque en blanco, y una mayoría democrática no puede legitimar moralmente todo ejercicio del poder gubernamental simplemente financiándolo.
La pena de muerte transforma al gobierno, de protector de la vida a su destructor deliberado, y luego exige que la ciudadanía llame justicia a esa destrucción. Una ejecución transmitida en directo llevaría esa contradicción a su extremo más obsceno, convirtiendo la muerte en espectáculo y la violencia estatal en entretenimiento pornográfico.
Un pueblo libre debería rechazar esta cultura de la muerte.
La medida de un gobierno civilizado no reside en la eficacia con la que ejecuta a un prisionero indefenso, ni en la cantidad de espectadores que logra reunir para presenciarlo. Reside en la fidelidad con la que modera su propio poder, incluso cuando la ira, el miedo y la sed de venganza hacen que la moderación resulte políticamente inconveniente.
El gobierno existe para proteger nuestros derechos naturales, no para convertirse en el árbitro final e indiscutible de quién merece vivir. Cuando el Estado afirma que su derecho a matar es inherente y legítimo, exige una sumisión que ningún pueblo libre debería conceder.
Andrew P. Napolitano
Para obtener más información sobre el juez Andrew Napolitano, visite JudgeNap.com.
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