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Dirigentes de la Revolución Ciudadana, abogados y figuras públicas cuestionan la decisión judicial y hablan de “dictadura” y uso político de la justicia.
La decisión del juez Jairo García de dictar prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dentro del caso Goleada, provocó una inmediata reacción de dirigentes políticos, abogados y figuras públicas, quienes calificaron la medida como un acto de persecución política.
Tras conocerse la resolución judicial, varias voces de la Revolución Ciudadana (RC) y aliados difundieron pronunciamientos en redes sociales denunciando lo que consideran un uso instrumental del sistema de justicia.
En un comunicado de la RC titulado “Alerta Internacional: Ecuador en dictadura”, se sostuvo que la detención de Alvarez no es un hecho aislado, sino parte de una “estrategia sistemática para silenciar voces críticas” y desviar la atención de los problemas estructurales del país.
El expresidente Rafael Correa afirmó que se trata de una “crónica de una muerte recontra anunciada” y cuestionó si el país soportará “tanto abuso”.
En otro mensaje, hizo un llamado a lo que denominó la “reserva moral del país”, incluyendo a funcionarios del Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, advirtiendo que Ecuador enfrenta “una verdadera dictadura”.
En la misma línea, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, señaló que la prisión preventiva constituye “un nuevo abuso de la justicia” y pidió a organismos internacionales vigilar lo que calificó como una “arbitrariedad contra una autoridad electa en las urnas”.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su solidaridad con Álvarez y rechazó el pedido de prisión preventiva en su contra.
Advirtió sobre un uso político de la justicia y afirmó que los verdaderos enemigos del país son el narcotráfico y la delincuencia organizada.
La asambleísta Viviana Veloz cuestionó que la medida haya sido dictada por un juez que -según afirmó- es investigado en el denominado caso Fachada, y sostuvo que la justicia está siendo utilizada como herramienta de persecución política.
También se pronunció el asambleísta Héctor Rodríguez, quien describió a Álvarez como un “símbolo de resistencia” frente a lo que llamó la “tiranía de Noboa”, mientras que el asambleísta Roque Ordóñez aseguró que con esta decisión “se ha inaugurado oficialmente una dictadura en Ecuador”.
Desde el ámbito jurídico, Ramiro García, abogado del alcalde, cuestionó la fundamentación de la medida cautelar.
Según el jurista, el juez no realizó un análisis individualizado del riesgo de fuga ni de posible interferencia en la investigación y, en su criterio, la prisión preventiva se estaría utilizando como una “pena anticipada”.
Por su parte, la abogada Sonia Gabriela Vera García, especializada en litigio estratégico internacional, advirtió que cuando jueces que contradicen a Fiscalía son sancionados o perseguidos y abogados defensores enfrentan allanamientos o procesos penales, la independencia judicial se ve “estructuralmente comprometida”, por lo que consideró necesario un escrutinio internacional.
Daniela Fonseca
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