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Detractores de la ley señalan que el Gobierno busca recursos para cubrir sus necesidades de financiamiento. Autoridades seccionales señalan que con la ley se desvanecen más de USD 260 millones destinados a salud, deporte y protección de los más vulnerables.
En una sesión cargada de controversia y custodiada por un fuerte cordón policial, la Asamblea, reunida de forma inusual en la Universidad Tecnológica Ecotec en Guayas, aprobó con 77 votos -este 20 de febrero de 2026- la “Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto”.
Lo que el Gobierno de Daniel Noboa celebra como un hito de “disciplina fiscal” y un paso hacia la eficiencia, las autoridades locales y diversos sectores sociales lo describen como una “daga al corazón de la obra social”.
El eje central de la reforma dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) provinciales y municipales deben destinar obligatoriamente al menos el 70% de su presupuesto institucional anual a gastos no permanentes de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura.
Aunque una regla similar existía para las transferencias, la nueva ley la aplica a todo el presupuesto institucional y altera la clasificación técnica de lo que se considera “inversión”.
Autoridades como el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, han denunciado que la reforma reclasifica el pago de profesionales esenciales —médicos, psicólogos para víctimas de violencia, trabajadores sociales y maestros— como “gasto corriente”.
Al dispararse el porcentaje de gasto corriente bajo esta nueva definición, los GAD no podrán cumplir la meta y, como castigo, el Gobierno Central reducirá sus transferencias a los mínimos establecidos en la Constitución (15% de ingresos permanentes y 5% de no permanentes).
Según los prefectos, esto busca “licuar” una deuda estatal acumulada con los territorios que ya asciende a USD 1.100 millones, retirando recursos de las localidades para concentrarlos en el Ejecutivo y así cubrir sus obligaciones internas y externas.
La sombra del FMI
¿Por qué el Gobierno impulsa esta reforma con tanta urgencia? La respuesta se encuentra en un 2026 financieramente asfixiante y en los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ecuador enfrenta este año un déficit fiscal proyectado de USD 5.400 millones, cifra que duplica la meta inicialmente pactada con el multilateral.
El país se encuentra ante una “asfixia” por la deuda pública: en 2026, el Estado debe desembolsar USD 12.317 millones, lo que representa el 43% de los ingresos ordinarios del Estado. Aunque se realizó una recompra de bonos que alivió los pagos en unos USD 700 millones, quedando el rubro en USD 11.617 millones, economistas como Fausto Ortiz señalan que esto no genera “recursos frescos”, pues las necesidades de financiamiento siguen siendo críticas.
En este contexto, el Observatorio de la Dolarización señala que la reforma al Cootad actúa en “modo piloto automático” para cumplir con el último acuerdo con el FMI.
El programa con el FMI contempla metas específicas para reducir el gasto en salarios públicos en un 0,2% del PIB anual para 2025 y 2026, lo que equivale a un recorte de USD 250 millones por año. Al forzar a los GAD a reducir su gasto corriente (donde están los sueldos), el Gobierno estaría trasladando -según expertos y analistas- el peso del ajuste fiscal a los territorios para garantizar el pago de la deuda externa y cumplir con el multilarteral.
Reducciones territoriales
El impacto financiero de esta ley es devastador para las arcas locales, especialmente en un año donde el país enfrenta necesidades de financiamiento de más de USD 16.000 millones en 2026. De acuerdo con proyecciones técnicas, la reforma implicará una reducción agregada de USD 261,6 millones para las prefecturas de Ecuador, según informes de los gobiernos seccionales.
Las zonas más pobladas y con mayores brechas de servicios sufrirán los golpes más fuertes:
- Guayas: La provincia más afectada, con una reducción proyectada de USD 48,4 millones.
- Pichincha: Verá recortados USD 31,3 millones de su presupuesto provincial.
- Manabí y El Oro: Sufrirán mermas de USD 25,4 millones y USD 11,2 millones, respectivamente.
En el caso específico de los cantones de Pichincha, la situación es crítica. Se estima que los ocho cantones de la provincia recibirán USD 116,64 millones menos. El desglose revela la magnitud del ajuste para los ciudadanos:
- Quito: El golpe más duro a nivel nacional, con una reducción de USD 101,44 millones.
- Cayambe: Perderá USD 3,70 millones.
- Rumiñahui: Con una merma de USD 3,69 millones.
- Mejía: Recibirá USD 3,23 millones menos.
- Pedro Moncayo y Puerto Quito: Sufren recortes de USD 1,5 millones y USD 1,3 millones, respectivamente.
Derechos perdidos
Más allá de los fríos números, la ley amenaza con desmantelar el tejido social.
El economista Diego Martínez advierte que el proyecto desconoce que “la inversión no es solo infraestructura” y que el desarrollo humano depende de los profesionales que operan los servicios.
La vicealcaldesa de Quito, Fernanda Racines, alertó que programas como Quito Wawas podrían cerrarse, dejando sin atención a hijos de familias de escasos recursos, mientras que mujeres víctimas de violencia se quedarían sin asesoría legal y acompañamiento psicológico.
El deporte formativo es otro sector en la línea de fuego. Más de 400 escuelas deportivas en Azuay, Pichincha, Guayas y Manabí están en riesgo de cierre.
Incluso, la cultura se ve afectada. La cantante Cecy Narváez y el director Sixto Gallegos calificaron la reforma de “nefasta”, pues limita el respaldo económico histórico de los municipios al arte, una actividad que ahora sería vista como un gasto “suntuario” o corriente prescindible.
Defensa del Gobierno
Desde la vereda oficialista, la asambleísta Valentina Centeno defendió la ley argumentando que es necesario priorizar el agua potable, la vialidad y el alcantarillado sobre el pago de burocracia o festividades.
Centeno denunció que, en ciertos municipios, existen directores con “sueldos dorados” de hasta USD 4.300 mientras la ciudadanía recibe agua de mala calidad.
El asambleísta Sergio Peña añadió que, en solo dos meses de 2026, los municipios gastaron más de USD 6 millones en festividades, citando casos como los de Guaranda y Guayaquil.
El Gobierno sostiene que la ley no retira recursos, sino que obliga a usarlos con eficiencia para cerrar brechas de infraestructura básica.
Hacia una batalla en la Corte Constitucional
La aprobación de la ley ha desatado una reacción inmediata de los trabajadores públicos. La Fenacope (Federación de Empleados de Gobiernos Provinciales), que agrupa a 19 prefecturas, ya ha resuelto tramitar la inconstitucionalidad de la norma.
Argumentan que la ley vulnera la autonomía política, administrativa y financiera garantizada en el artículo 238 de la Constitución y viola el artículo 271 sobre la entrega de rentas sin discrecionalidad.
La prefecta Pabón también anunció que acudirá a la Corte Constitucional.
El Observatorio de la Dolarización advierte que esta “mal entendida disciplina fiscal” podría incluso agudizar la violencia e inseguridad en las localidades, al retirar la presencia del Estado (a través de los GAD) de las zonas rurales y marginales donde se ejecutan los planes sociales.
