El ministro también se refirió a Rafael Correa, Alexis Mera y otras personas más:

Para todos hay su momento.

El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, podría ser detenido en cualquier momento debido a varias acusaciones en su contra. Entre ellas, mencionó la adquisición del sistema de bicicletas, las presuntas vacunas a funcionarios y el supuesto intento de comprar hornados con sobreprecio.

“Sabe lo que ha hecho y sabe que en cualquier momento le viene la tumbada de puerta, lo agarran (espero que esté con pijama) y lo llevan hasta la justicia», afirmó Reimberg durante una entrevista con Radio Centro.

Según el ministro, Muñoz habría dudado sobre regresar o no a Ecuador después de cumplir una agenda en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas sobre Sostenibilidad y Desarrollo Urbano, realizado en España el 20 y 21 de octubre de 2026.

“Pabel Muñoz no sabía si subirse o no subirse al avión, tembleque de piernas por todo lo que sabemos. Cuando tomó la decisión, llamó a pedir que lleven gente al aeropuerto para que lo cuiden y no se lo puedan llevar”, agregó.

Reimberg se refiere a Rafael Correa y Alexis Mera

En otra entrevista, concedida a Radio Sucre, el ministro también se refirió al expresidente Rafael Correa y aseguró que su aprehensión sería cuestión de tiempo.

“Está preocupado, se le ve en el carácter y en la cara de avejentado y cuando dice: “Prepárese, pueblo, que el día que me agarren debe levantarse”. ¿Por qué diría eso? Y obvio que el pueblo se levantará, pero para hacer fiesta”, manifestó.

Asimismo, Reimberg mencionó al abogado Alexis Mera, quien se desempeñó como secretario jurídico durante la Presidencia de Correa. El ministro indicó que está investigando si Mera debería cumplir detención domiciliaria, luego de que la tarde del jueves 22 de octubre fuera visto visitando a Luisa González en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

“Me llamó la atención porque del lugar donde estaba metido no había salido hasta el momento de hoy. Probablemente tiene grillete que le permite moverse”, señaló.

Reimberg defiende investigación contra Luisa González

Sobre Luisa González, el ministro aseguró que la excandidata presidencial tiene derecho a la defensa. Sin embargo, sostuvo que la Fiscalía debe contar con argumentos sólidos para detenerla en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.

“Hay otros que faltan, sé que a uno la conciencia le ha hecho salir del país por temor a los allanamientos (…) Vamos a ver qué pasa con ellos (…) para todos hay su momento”, remarcó.

Ante los cuestionamientos por la coincidencia de estos procesos con la época electoral, Reimberg afirmó que las investigaciones judiciales requieren tiempo y pueden durar semanas, meses o años. Por ello, descartó que estén relacionadas con las elecciones seccionales y sostuvo que la Fiscalía ya concluyó sus indagaciones y cuenta con pruebas.

“Las operaciones no se pueden detener porque estamos próximos a momentos electorales. Estas operaciones continuarán con proceso o sin proceso, electos o no electos”, puntualizó.

El abogado Kléber Siguencia afirmó que Luisa González y Wendy Onofre serán trasladadas a Pichincha tras dictarse prisión preventiva por presunto lavado de activos investigado en el denominado caso Laberinto.

El pronunciamiento se dio a la salida del Cuartel Modelo de Guayaquil, recinto donde permanecía recluida Luisa González.

De acuerdo con las declaraciones del jurista Kléber Siguencia, un funcionario del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) notificó sobre la disposición de trasladar a ambas procesadas a la provincia de Pichincha, aunque puntualizó que hasta el momento no se ha determinado el centro penitenciario específico al que ingresarán tras la orden dictada por el juez Harry Navarrete.

Dentro de la misma causa judicial, la autoridad determinó idéntica medida cautelar de prisión preventiva para Santiago Díaz, ciudadano que ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una sentencia de 29 años y cuatro meses por el delito de violación impuesta en mayo de 2026.

En contraste, para la procesada Estefanía M., el magistrado resolvió ordenar presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, prohibición formal de salida del territorio nacional y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica.

Por otra parte, la defensa técnica destacó que Wendy Onofre, quien se desempeñaba como secretaria del movimiento político RETO, se entregó de forma voluntaria ante las autoridades competentes.

Siguencia cuestionó los elementos probatorios presentados por la Fiscalía durante la formulación de cargos al sostener que no se precisó con claridad su rol en los hechos investigados, añadiendo que el tribunal rechazó la solicitud de medidas alternativas a la prisión preventiva.

A la fecha, las autoridades penitenciarias no han especificado la cárcel de destino ni los protocolos operativos para la ejecución de dicho traslado.

El futuro de la Unión Europea se encuentra en un punto de inflexión histórico mientras la hegemonía geopolítica entre Estados Unidos, China y Rusia reconfigura el mapa mundial. En este análisis profundo sobre la crisis política y económica en Europa, abordamos el avance de la alternativa de derecha representada por la AfD en Alemania, Marine Le Pen en Francia, Giorgia Meloni en Italia y Viktor Orbán en Hungría.

La excandidata presidencial rechazó las acusaciones formuladas en su contra dentro del Caso Laberinto, luego de que un tribunal dictara prisión preventiva en su contra.

La excandidata presidencial dirigió un mensaje a sus simpatizantes en el que ratificó que jamás abandonó el país a pesar de enfrentar casi una veintena de procesos en la Fiscalía General del Estado (FGE) y haber recibido amenazas previas.

En su pronunciamiento, González instó a la ciudadanía a resistir y a no claudicar en sus principios, asegurando que continuará luchando dentro del territorio nacional.

Esta postura surgió luego de que el juez Harry Navarrete, de la Unidad de Garantías Penales, acogiera el pedido de la Fiscalía General del Estado y dictara prisión preventiva contra González, Santiago Díaz y Wendy Onofre en el denominado caso Laberinto.

Asimismo, el magistrado impuso medidas alternativas a la procesada Estefanía Molina, quien deberá cumplir la prohibición de salir del país, presentarse periódicamente ante la autoridad y utilizar un dispositivo de vigilancia electrónica.

La audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos se instaló pasada la medianoche y bajo carácter reservado, tras registrar retrasos logísticos en dos convocatorias previas.

¿La causa?

La Fiscalía General del Estado investiga presuntas irregularidades financieras relacionadas con el financiamiento político y la publicidad electoral de la campaña presidencial de 2023.

Según la entidad, los investigados habrían utilizado personas jurídicas para canalizar USD 500.000 entre mayo y agosto de ese año sin haber justificado el origen lícito de los fondos.

Por su parte, González fundamentó la validez de sus arraigos familiares y laborales durante la diligencia judicial, al tiempo que cuestionó la interpretación del Ministerio Público sobre sus viajes internacionales y reafirmó su decisión de defenderse en presencia.

La detención de la excandidata presidencial Luisa González y de otras ocho figuras políticas opositoras en Ecuador desde 2025 profundiza la tensión institucional frente a las próximas elecciones seccionales.

La captura de Luisa González, investigada por presunto lavado de activos, se suma a una serie de aprehensiones de autoridades y opositores bajo la administración de Daniel Noboa.

La oposición política ha calificado estas acciones como una persecución sistemática destinada a debilitar a la organización Revolución Ciudadana de cara a los comicios del 29 de noviembre.

Otras figuras políticas que fueron detenidas desde 2025, por el actual régimen son:

1. José Serrano Salgado: Exministro del Interior.
2. Aquiles Álvarez: Alcalde de Guayaquil.
3. Santiago Díaz Asque: Exasambleísta alterno.
4. Vicko Villacís: Alcalde de Esmeraldas.
5. Darío Macas: Alcalde de Machala.
6. Baldor Bermeo: Alcalde de Ponce Enríquez.
7. Ángela Plúa: Alcaldesa de Jipijapa.
8. José Alcides Arroyo: Alcalde de Pujilí.

El traslado de Jorge Glas a la prisión de máxima seguridad “El Encuentro” se ejecutó a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para salvaguardar su salud.

Asimismo, el gobierno difundió registros visuales del exfuncionario dentro de su celda, desatando cuestionamientos internacionales sobre su condición jurídica.

Por su parte, el alcalde Aquiles Álvarez permanece encarcelado desde marzo de 2026, lo que representa un hito en las restricciones impuestas. Una resolución oficial emitida a finales de septiembre e inicios de octubre de 2026 endureció y mantuvo el bloqueo sobre las visitas presenciales y telemáticas argumentando razones de seguridad.

En paralelo, el exministro José Serrano fue deportado desde Estados Unidos y recluido en el mismo penal bajo cargos de presunta autoría mediata del asesinato de Fernando Villavicencio.

En una entrevista con la televisión pública Ecuador TV, el pasado 25 de agosto de 2026, el Ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que en el centro de privación de libertad El Encuentro están recluidos Jorge Glas, Aquiles Álvarez y José Serrano. Todos opositores al actual régimen. Sostuvo que la seguridad se mantiene estricta y que los internos cumplen con la ley.

Organismos internacionales de derechos humanos y la Corte IDH han emitido alertas sobre supuestas condiciones inhumanas, torturas y falta de atención médica en el sistema carcelario.

Paralelamente, partidos políticos extranjeros han condenado la ofensiva gubernamental, interpretándola como un intento de neutralizar a la izquierda ecuatoriana.

Mientras la administración de Daniel Noboa sostiene que las detenciones forman parte de las acciones estatales contra el crimen organizado y el lavado de activos, los sectores críticos reiteran que el sistema judicial es utilizado para inhibir la participación opositora.

El desarrollo de estos procesos judiciales continúa marcando la agenda política nacional en medio de crecientes cuestionamientos sobre la separación de poderes y la estabilidad democrática en el país.

Los cabecillas de los fondos buitre, como Friedrich Merz en Alemania, se están poniendo a la cabeza de los gobiernos y las instituciones públicas. Un multimillonario neoyorquino, Stephen Feinberg, es el número dos del Pentágono. Anteriormente dirigía del fondo buitre Cerberus, una empresa que tiene intereses en diversos proveedores del Pentágono.

Feinberg saltó a los titulares por primera vez cuando el Pentágono invirtió miles de millones para adquirir participaciones en más de una docena de empresas privadas (1). Existe el temor de que pueda canalizar fondos hacia empresas en las que él mismo, o la familia de Trump, tienen intereses (2). Sin embargo, sus iniciativas más recientes parecen estar menos centradas en los negocios. Se asemejan más a intentos de replicar a la CIA dentro del Pentágono, lo cual está creando resistencias internas que han llegado a los medios.

El Washington Post asegura que el Pentágono quiere poner en marcha un programa de espionaje clandestino para contrarrestar a China (3). El espionaje económico constituye una nueva prioridad para el Departamento de Defensa. El objetivo es librar una guerra económica contra China y otros competidores de Estados Unidos. En el nuevo programa de espionaje de última generación los agentes estadounidenses se infiltrarán en las empresas del sector privado.

Este nuevo programa de espionaje, basado en “agentes sin cobertura oficial” (conocidos como NOC), está supervisado por Tom Rakusan, un veterano de la CIA con 39 años de experiencia y actual asesor de Feinberg. Rakusan, que se jubiló de la CIA en 2021, ascendió en la jerarquía hasta convertirse en director de operaciones en 2017. Tras abandonar la CIA, Rakusan se incorporó a Cerberus y siguió a Feinberg al Pentágono el año pasado, creando la “Oficina de Apoyo Tecnológico” (TSO).

La conclusión es que la guerra económica empieza a convertirse en una prioridad para el ejército de Estados Unidos, un país conocido en el arte de espiar a sus propios aliados, además de los adversarios (4). La TSO ha comunicado a ciertos subcontratistas del sector de defensa su interés por la piratería informática ofensiva. El presupuesto destinado únicamente a contratos clasificados probablemente supera los 1.500 millones de dólares.

La iniciativa ha provocado una reacción negativa de la CIA, que siempre se ha mostrado reacia a permitir que otras instituciones invadan sus competencias y ha comenzado a filtrar las noticias de los medios, como Politico. “El Pentágono establece silenciosamente una nueva agencia de sabotaje tecnológico de élite”, titulaba el jueves (5). Su objetivo es “interrumpir y sabotear de manera encubierta programas de tecnología extranjera vistos como amenazas a la superioridad militar de los Estados Unidos”.

La TSO no aparece en los sitios web del Pentágono. Solo se menciona su nombre en varios documentos y memorandos del Departamento de Defensa. Sin embargo, no es algo nuevo. Desde 2023 dos programas de inteligencia clasificados del Pentágono han estado llevando a cabo operaciones clandestinas de sabotaje tecnológico. El TSO está integrado por ingenieros, operadores especiales y agentes de inteligencia. Sus actividades cubren una amplia gama de áreas, desde el diseño de herramientas de piratería personalizadas hasta la planificación de complejas operaciones de desinformación destinadas a engañar a los adversarios para que instalen componentes defectuosos, probablemente diseñados por el TSO, en plataformas clave de armas extranjeras.

El objetivo principal es “ganar tiempo o evitar que los adversarios desarrollen tecnologías” que podrían amenazar al ejército estadounidense en una guerra. Este verano, el Pentágono nombró a Grant Hundley, exoficial de las fuerzas especiales del Cuerpo de Marines, al frente de la TSO. Hundley, al igual que Feinberg, ha sido reclutado de los fondos buitre (6).

Buscan empresas que estén a la vanguardia tecnológica y esperan adquirir “toda una gama de herramientas; todo lo que la imaginación pueda concebir”. Estas dos nuevas iniciativas —los agentes clandestinos de guerra económica y la unidad de sabotaje de “apoyo técnico”— acabarán desembocando en escándalos, probablemente, como consecuencia de operaciones fallidas en países aliados e incluso a la corrupción que rodea la contratación con empresas en las que los cabecillas del Pentágono poseen intereses compartidos.

La mera existencia de esta unidad es una advertencia a los aliados de Estados Unidos: sus empresas y sus tecnologías corren el riesgo de convertirse en víctimas del espionaje del Pentágono.

(1) https://www.semafor.com/article/09/21/2026/this-pushes-the-boundaries-white-house-helped-pentagon-explain-the-legality-of-its-stock-deals

(2) https://www.msn.com/en-in/news/other/trump-s-billionaire-pentagon-deputy-defiant-after-he-s-confronted-with-corruption-claims/ar-AA2dRjpF

(3) https://www.washingtonpost.com/national-security/2026/10/21/pentagon-looks-build-deep-cover-spy-program-confront-china/

(4) https://www.cnn.com/2013/07/04/world/europe/europe-us-spying

(5) https://www.politico.com/news/2026/10/22/technology-support-office-dod-tech-spyware-sabotage-01100327

(6) https://falfurrias.com/falfurrias-management-partners-announces-leadership-promotions/

Los medios de intoxicación sólo hablan del vandalismo de los manifestantes en Francia, pero hasta Amnistía Internacional ha denunciado la brutal represión de las protestas. “Estamos alarmados por la represión policial de la escuela secundaria y el movimiento estudiantil”, dijo el 2 de octubre Anne Savinel-Barras, presidenta de Amnistía Internacional Francia.

Desde el inicio de la movilización de la escuela secundaria el 21 de septiembre, Amnistía Internacional ha estado alertando sobre los métodos utilizados por la policía contra los estudiantes. La organización denuncia en particular el lanzamiento de pelotas de goma, granadas, gases lacrimógenos y detenciones masivas.

Según cifras del Ministerio del Interior, más de 5.000 personas fueron detenidas hasta el 2 de octubre, de los que un 86 por cien eran menores de edad. Las lesiones graves han aumentado. El 8 de octubre, Amnistía pidió una prohibición definitiva de las granadas de aturdimiento, cuyo uso acababa de suspenderse después de que un joven perdiera su mano en Lens.

Pero el ministro de Interior, Laurent Nuñez, volvió a autorizar las granadas en la víspera de la manifestación del 17 de octubre.

En Francia y otros países occidentales el manual represivo de la policía se basa en los cercos, el uso significativo de granadas y las pelotas de goma. El objetivo es intervenir directamente contra las multitudes. Esa estrategia ha contribuido a unir a los manifestantes en su oposición a la policía, en lugar de impedir los enfrentamientos. Una paradoja aún más preocupante porque el propio gobierno francés reconocen su fracaso. “Hemos fracasado incuestionablemente este fin de semana”, dijo Gerald Darmanin, el ministro de Justicia.

El manual de intervención se ha prolongado en los tribunales, donde las comparecencias inmediatas se han multiplicado después del 17 de octubre, con sentencias que llegan hasta la cárcel, a veces pronunciadas contra acusados que carecen de antecedentes penales. No son emigrantes; son trabajadores, estudiantes, empleados públicos, chalecos amarillos y jóvenes: los perfiles de los detenidos no tienen nada que ver con los que dicen Trump y ciertos medios que transmiten consignas fascistas y xenófobas.

Los abogados franceses denuncian una “represión histórica”, acusando a Darmanin de presionar a los jueces buscando “sanciones ejemplares”, es decir, cárcel y condenas draconianas.

Como ya anunciamos, mañana están previstas nuevas manifestaciones. El gobierno también planea recurrir al ejército y a unidades especializadas de la policía. Es la Operación Centinela, un estado de guerra permanente.