La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria aprueba una reforma que reduce a cuatro años la conservación de los datos de deudas y define las reglas para incorporar fuentes complementarias de información en el análisis crediticio.
La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) expidió la Resolución Nro. JPRFM-2026-033-F este 20 de agosto de 2026. Esta norma actualiza las reglas de registro, conservación y reporte de las deudas en los burós de crédito de Ecuador. La reforma busca armonizar el sistema de referencias crediticias con las modificaciones que la Ley Orgánica Reformatoria introdujo en los artículos 357 y 358 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF).
Así, la JPRFM dispuso reducir el período de conservación de la información de riesgo crediticio. A partir de esta resolución, los burós de crédito guardarán los datos de las deudas por un plazo máximo de cuatro años.
Las entidades de control contarán este lapso desde la última fecha de vigencia de la operación, es decir, cuando el deudor extinguió legalmente la obligación por cualquiera de los modos que contempla la ley. Con el marco regulatorio anterior, este historial permanecía en las bases de datos durante seis años.
Adicionalmente, la resolución acorta la extensión temporal de los reportes crediticios que emiten los burós. Estos informes de solvencia ahora detallarán únicamente las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los dos últimos años anteriores a la fecha de emisión del reporte. Anteriormente, las entidades financieras visualizaban un historial de hasta tres años. Esta reducción protege el perfil de los usuarios al acortar el tiempo en que sus deudas pasadas influyen en su calificación actual.
Impuestos y servicios básicos entran al análisis crediticio
La Resolución 033-F también incorpora nuevas fuentes a la hora de analizar el score crediticio. Por ejemplo, la norma incluye el cumplimiento en el pago de tributos (impuestos) y de servicios básicos.
Los burós de crédito utilizarán estos datos para apoyar el análisis de riesgo y determinar la capacidad de endeudamiento de los sujetos de crédito.
Esta información complementaria busca que, de forma objetiva, se refleje el comportamiento de pago y el cumplimiento de obligaciones del titular.
La JPRFM aclara que la incorporación de estas fuentes no autoriza el acceso automático ni indiscriminado a las bases de datos del Estado. Tampoco implica el levantamiento de reservas legales, el acceso a datos personales sensibles ni la transferencia de información tributaria individualizada.
Cualquier intercambio de información observará de forma estricta los principios de finalidad, proporcionalidad y confidencialidad que estipula la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
¿Qué es un buró de crédito y cómo funciona?
Un buró de crédito es una empresa independiente de las instituciones financieras y de las casas comerciales. Su función radica en recopilar el historial crediticio de las personas naturales y jurídicas que contraen deudas.
Las entidades del sistema financiero nacional (bancos y cooperativas) y los almacenes comerciales que venden bienes a crédito (vehículos o electrodomésticos) entregan mensualmente sus bases de datos a los burós.
Los burós procesan estos datos para estructurar perfiles crediticios individuales y corporativos. El buró consolida esta información en el denominado “Reporte de Crédito”, un documento digital que muestra el saldo de las deudas vigentes, los acreedores y el cumplimiento de los pagos. Los bancos y las cooperativas consultan este reporte antes de decidir si aprueban o niegan una solicitud de préstamo. En el Ecuador, la Superintendencia de Bancos ejerce la regulación y el control de estas empresas.
El score crediticio en Ecuador
El score o puntaje de crédito constituye una herramienta estadística que calcula la probabilidad de que un deudor incumpla sus obligaciones de pago. Este indicador se expresa a través de un valor numérico que va en una escala de 0 a 999 puntos (o de 1 a 999 según el buró). Un puntaje cercano a los 999 puntos indica que el ciudadano posee un riesgo financiero muy bajo y un excelente comportamiento de pago. Por el contrario, un puntaje bajo denota un alto riesgo de mora.
Así, “cuando se pagan puntualmente las deudas, el score será alto, cercano a 999. Mientras que, si no se pagan puntualmente, el score se deteriorará”, señala la segunda edición del 2026 de la Radiografía del crédito en Ecuador de la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y Aval Buró.
De acuerdo con ese informe, el comportamiento del crédito registra las siguientes cifras para el primer semestre de 2026.
El 76% de los ecuatorianos que accedieron a un crédito presenta un score de crédito sobresaliente, ubicándose en el rango óptimo de calificación entre los 689 y los 999 puntos.
Las personas naturales que accedieron a nuevos créditos bancarios registraron un score promedio de 750 puntos (un aumento anual de 19 puntos).
En tanto, el score promedio de los deudores en el segmento de consumo alcanzó los 757 puntos, mientras que los clientes del segmento de crédito productivo registraron un promedio de 738 puntos.
Asimismo, las mujeres lideraron el acceso a nuevos créditos individuales al concentrar el 53% de las operaciones aprobadas, frente al 47% de los hombres.
Respecto a las empresas que accedieron a nuevos préstamos bancarios, registraron un puntaje promedio de 871 puntos (un alza anual de 4 puntos).
Las empresas radicadas en Tungurahua lideraron el mejor score promedio del país con 931 puntos, seguidas por Cotopaxi con 903 puntos y Esmeraldas con 901 puntos.
Cronograma para la aplicación progresiva de la norma
La JPRFM determinó plazos específicos para que las Superintendencias adapten sus plataformas operativas y tecnológicas a estas reglas:
En el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), esta deberá implementar los cambios tecnológicos y normativos en sus entidades controladas en un plazo máximo de un año.
Mientras que la Superintendencia de Bancos dispondrá de año y medio para culminar su adaptación tecnológica y coordinar con el SRI y las empresas de servicios básicos la entrega de datos complementarios.
Y, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros contará con el mismo lapso para reestructurar sus bases de datos operativas de reporte.