“Los jueces no administran justicia para satisfacer intereses políticos ni responder a presiones de ningún poder del Estado”. Con este mensaje, el Núcleo Pichincha de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ) rechazó las declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, quien lanzó una advertencia a los operadores de justicia al afirmar que “o se enderezan o van presos”.

En un comunicado, la AEMAJ calificó esas expresiones como incompatibles con un Estado constitucional de derechos y justicia. La organización sostuvo que ninguna autoridad puede utilizar su investidura para emitir mensajes que puedan interpretarse como mecanismos de presión o intimidación contra quienes ejercen la función jurisdiccional.

Defensa de la independencia de funciones

Los magistrados recordaron que su obligación es resolver los procesos con absoluta independencia, sometidos únicamente a la Constitución, la ley, la prueba y el debido proceso. Advirtieron que cualquier discurso destinado a influir o condicionar sus decisiones constituye una grave vulneración a la independencia judicial y al principio de separación de funciones.

La AEMAJ también alertó que insinuar que un juez puede terminar en prisión por el contenido de sus fallos genera un efecto intimidatorio que debilita el Estado de derecho. Agregó que la lucha contra la corrupción no puede utilizarse como justificación para amenazar de forma generalizada a los administradores de justicia y ratificó su compromiso con la defensa de la independencia judicial.

John Reimberg se pronunció el 30 de julio durante una entrevista radial tras los allanamientos ejecutados por la Fiscalía contra jueces de la Corte Nacional de Justicia, investigados por presunto cohecho en un caso relacionado con una empresa china.

No es la primera vez que el ministro lanza este tipo de advertencias. En intervenciones anteriores ha afirmado que “nadie es intocable” y ha insistido en que el sistema judicial debe “alinearse con el interés público y la seguridad ciudadana”, declaraciones que han generado críticas y preocupación en distintos sectores de la Función Judicial.

Una encuesta de julio del año pasado encontró que el 60 por ciento de los estadounidenses desaprueban la ocupación militar de Israel en Gaza, que ha matado a más de 73.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y convertido la franja en un paisaje lunar devastado.

Para moldear la opinión, Israel ha financiado varias campañas de propaganda, como la contratación del antiguo gerente de campaña de Trump, Brad Parscale, para llevar a cabo una campaña de mensajes de texto en masa en nombre de Israel bajo el disfraz de grupos de “paz” como “Aliados por la Paz”.

Israel ha influido durante mucho tiempo en las opiniones de los estadounidenses a través de grupos de presión proisraelíes. Grupos como el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) y los cristianos unidos por Israel (CUFI) no estaban obligados a registrarse como agentes extranjeros en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).

No ha sido suficiente. Israel ha gastado recientemente más de 100 millones de dólares en Estados Unidos para llevar a cabo operaciones de influencia mediante la contratación directa de empresas extranjeras registradas. Eso le permite al gobierno de Tel Aviv controlar de cerca los mensajes, dirigirse a grupos demográficos específicos y actuar de manera más eficaz.

Gran parte del esfuerzo propagandístico está dirigido por la empresa francesa Havas Media, que subcontrata con empresas de relaciones públicas de Estados Unidos para atacar al grupo demográfico de Israel que más teme perder el apoyo: cristianos evangélicos, conservadores y jóvenes estadounidenses.

A través de tales empresas, Tel Aviv puede pagar a sus sicarios en las redes sociales, financiar envíos masivos de mensajes de texto, e incluso redactar las respuestas dadas por los chatbots de inteligencia artificial a los usuarios que buscan información sobre Israel y su genocidio en Gaza.

El gobierno israelí paga por “envenenar” las bases de datos, lo que implica la creación de sitios web proisraelíes que intoxican a los chatbots como Claude, ChatGPT o Grok cada vez que los usuarios hacen preguntas sobre Israel. El objetivo es manipular las respuestas dadas por los chatbots cuando los usuarios preguntan sobre eventos sencillos, como el asesinato de la joven palestina Hind Rajab por las tropas de ocupación israelíes en Gaza.

En lugar de proporcionar los hechos del incidente, el chatbot intoxica al usuario con las justificaciones de Israel para disparar a una niña de cinco años y a su familia.

A pesar de su papel como agentes extranjeros, algunas de las empresas de relaciones públicas y personas influyentes que trabajan para Israel se han negado a revelar sus negocios con el gobierno israelí.

Las nuevas tácticas de Israel están transformando el panorama de influencia de Estados Unidos, pero hasta ahora no han sido suficientes para contrarrestar la erosión en el apoyo público que está siendo impulsada por las políticas criminales de Israel.

(*) https://quincyinst.org/research/the-eighth-front-inside-israels-1-billion-influence-campaign/

Dos aviones intentaron aterrizar en una de las pistas de Miramar. El primero lo logró pero el segundo redujo la velocidad repentinamente, como si intentara mantenerse en vuelo estacionario, y a unos 30 metros del suelo, su piloto se eyectó. Su paracaídas se desplegó justo a tiempo, mientras el avión ascendía unos 60 metros y se estrellaba contra el suelo, justo al lado de otro avión.

Como hemos repetido tantas veces, los F-35, vendidos como aparatos de última tecnología, ni despegan ni aterrizan. El repertorio de accidentes es ya interminable. El anterior, en el que se vio involucrado un F-35 (en este caso, un F-35A, la versión clásica del cazabombardero de Lockheed Martin), ocurrió el 31 de marzo durante una misión de entrenamiento sobre el campo de entrenamiento de Nevada. El piloto también logró eyectarse.

El Instituto Lexington reconoce que el F-35 presenta una tasa de accidentes significativamente mayor que las aeronaves más antiguas durante sus primeros años de servicio. El año pasado, Lockheed Martin destacó que la flota mundial de F-35, sumado todas las versiones combinadas, había acumulado más de un millón de horas de vuelo, con 1.100 aeronaves en servicio.

Sin embargo, en Estados Unidos, desde 2014, el F-35B, que no es el modelo más común, se ha visto involucrado en al menos seis accidentes de Clase A, un nivel que se define como la pérdida de la aeronave o daños que superan los dos millones de dólares. Esta cifra es la misma que la del F-35A.

Los marines perdieron su primer F-35B en septiembre de 2018, cerca de la Base Aérea de Beaufort, en Carolina del Sur. El accidente fue causado por un defecto de fabricación en una línea de suministro de combustible.

Uno de estos incidentes ocurrió el pasado mes de mayo, cuando uno de ellos se estrelló contra un edificio de apartamentos en la ciudad de Galati, situada en la margen izquierda del Danubio.

Inicialmente el gobierno de Bucarest condenó la conducta de Moscú y solicitó a sus aliados el envío de armas antidrones. Sin embargo, la semana pasada elevó el tono tras el derribo de otros tres drones de ataque Geran/Shahed por cazas F-16 de la Fuerza Aérea Rumana.

El 27 del pasado mes ded julio, el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano convocó al embajador ruso en Rumanía para presentarle fragmentos de uno de los drones derribados e informarle de su decisión de declarar a uno de los miembros de la misión diplomática rusa como “persona non grata”. Le dieron cinco días para abandonar Rumanía, como ya anunciamos.

Moscú niega la mayor y denuncia lo que califica como “otra maniobra propagandística”. Al mismo tiempo, advierte que la expulsión injustificada de uno de sus diplomáticos “no quedará impune”.

El espacio aéreo rumano está protegido no solo por la Fuerza Aérea Rumana, sino también por una misión de vigilancia aérea de la OTAN en el marco de la Operación Centinela Oriental.

En la base aérea Mijail Kogalniceanu, los Eurofighter F2000 italianos serán relevados por los F/A-18 Hornet del 12 Ala del Ejército del Aire y del Espacio español. Es una rotación sin precedentes. Por primera vez, los helicópteros NH90 también participarán en una misión de vigilancia aérea de la OTAN.

El destacamento español del Ejército del Aire y del Espacio está compuesto por 200 efectivos e incluirá siete F/A-18 Hornet y tres helicópteros NH90. Los helicópteros serán operados por el Escuadrón 803 del Ala 48, especializado en misiones de búsqueda y rescate en combate.

El Ministerio de Defensa español no ha concretado cómo van a utilizar los helicópteros para neutralizar a los drones que entren en el espacio aéreo rumano. Los tres drones derribados recientemente por los F-16 rumanos costaron a la Fuerza Aérea Rumana más de un millón de euros. Es como matar moscas a cañonazos.