Empresarios advierten caída de hasta 70% en el comercio bilateral, riesgo para 200.000 empleos y un impacto estructural en la economía de ambos países.

Los principales gremios empresariales de Ecuador y Colombia hicieron un llamado urgente a los gobiernos de ambos países para que dejen sin efecto los aranceles del 50% aplicados en el comercio bilateral.

Aseguran que la medida ya provoca una contracción severa en las importaciones, afecta miles de empresas y amenaza el empleo formal a ambos lados de la frontera.

Desde la Cámara de Industrias y Producción, su presidenta ejecutiva, María Paz Jervis, sostuvo que la tasa de seguridad aplicada al comercio con Colombia no solo es contraproducente, sino que tendrá consecuencias fiscales y económicas profundas.

“Por cada dólar de recaudación se pierden seis dólares de importaciones formales”, advirtió.

Según sus estimaciones, al menos 2.000 empresas resultan impactadas de forma directa y cerca de 200.000 empleos podrían verse comprometidos si la medida se mantiene.

Jervis alertó además que el efecto no será temporal. “El impacto no es coyuntural, es estructural”.

Caída del comercio biletaral

La preocupación es compartida por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Su presidente, Miguel Ángel González, afirmó que en apenas tres semanas el comercio con Colombia se redujo cerca del 70%.

Entre el 1 y el 21 de febrero, las compras a ese país cayeron 69% en valor y 61% en número de operaciones.

El dirigente detalló que 250 subpartidas registran desplomes superiores al 90%, otras 365 han caído más del 50% y existen productos cuya importación prácticamente llegó a cero.

“Cuando el comercio legal se encarece, el ilegal florece”, alertó González, al señalar que el encarecimiento de los productos importados abre espacio al contrabando y al comercio ilícito, afectando especialmente a empresas formales que ya enfrentan un escenario complejo por la inseguridad interna.

Por su parte, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Juan Carlos Navarro, insistió en que el camino debe ser el diálogo político al más alto nivel.

“Lo ideal es que, una vez que se agende la reunión, se suspendan las medidas de buena fe”, planteó.

Navarro recordó que, desde la presidencia Pro Témpore del Consejo Consultivo de la Comunidad Andina, se han impulsado conversaciones para frenar temporalmente estas disposiciones mientras se negocia una salida definitiva.

“El momento exige puentes, no barreras”, enfatizó.

El dirigente empresarial recalcó que el sector privado reconoce la seguridad nacional como una prioridad, pero advirtió que la estabilidad económica también forma parte esencial de esa seguridad.

“Aquí no hay ganadores. Si esta escalada continúa, perdemos todos”, sostuvo.

Los gremios coincidieron en que la imposición de aranceles del 30% y 50% distorsiona cadenas productivas, encarece precios, frena inversiones y golpea el empleo formal.

Además, advirtieron que una prolongación del conflicto comercial podría afectar al menos un punto del Producto Interno Bruto (PIB) y deteriorar aún más la integración regional.

Daniela Fonseca