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En el gobierno de Jamil Mahuad, del que formó parte como superministro de Economía el banquero Guillermo Lasso, se produjo la más grave crisis financiera de la historia de Ecuador. Foto: Twitter
Guayaquil, 7 mar (Andes).- La peor crisis financiera y social de la historia de Ecuador que se registró a fines de la década de 1990, que derivó en la más grande migración de familias ecuatorianas expulsadas por la pobreza tras la confiscación de sus depósitos, fue el resultado de un tejido de componendas de las élites política, bancaria y empresarial que impuso a la medida de sus intereses las leyes mientras dominaron los poderes del Estado.
En 1992, con el extinto presidente Sixto Durán-Ballén y su vicepresidente Alberto Dahik (conservadores) en el poder, el neoliberalismo se instala con fuerza en el país con la aplicación de recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La mayoría de la derecha conservadora en el entonces Congreso Nacional, presidido por el socialcristiano Heinz Moeller, aprueba la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994.
Con esta norma se da luz verde a la banca para incursionar en nuevas operaciones, reduce los controles estatales que permiten la liberación de tasas de interés y el nacimiento de los créditos vinculados, es decir entrega de dinero de propiedad de los depositantes a los propios accionistas de los bancos para el desarrollo de sus empresas particulares.
Y bajo la premisa de que el mercado todo lo regula, introduce la llamada ‘modernización’ del Estado, que no era otra cosa que la pretensión de privatizar los más atractivos servicios públicos que generaban importantes ingresos económicos y le dejaban al Estado los poco atractivos a sus intereses económicos. En lenguaje coloquial ellos se quedaban con la ‘carne’ mientras al Fisco le dejaban el ‘hueso´.
Para ello crearon el Consejo Nacional de Modernización (Conam) y promovieron la decadencia de servicios como el telefónico, seguridad social, aduanero, hidrocarburífero, registro civil, aeropuertos, vialidad, entre otros servicios rentables con el objetivo de que la empresa privada adquiera a un precio favorable la administración de ellos, bajo el argumento de que mejorarían la atención a la ciudadanía.
No obstante, la oposición de sectores sociales que presionó en las calles y se manifestó en las urnas con un contundente rechazo a esa propuesta del oficialismo en consulta popular se impidió que prospere el plan privatizador de los servicios públicos.
El principal ideólogo de este plan ‘modernizador’, el vicepresidente Danik, tuvo que renunciar a su cargo y huir del país ante el juicio en su contra relacionado con el manejo irregular de gastos reservados en su gobierno.
En 1996, ya instalado el Bucaramato en el poder, su gabinete -tal como había sucedido con sus antecesores- estuvo integrado entre otros funcionarios por un grupo de banqueros y empresarios. Las escandalosas denuncias de corrupción que salpicaban a este gobierno populista promovieron la unidad de oposición de varios grupos políticos, a la cabeza la Democracia Popular (DP), liderada por el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad, y el socialcristianismo (PSC) liderado por expresidente y entonces alcalde de Guayaquil, León Febres-Cordero, y el entonces legislador Jaime Nebot Saadi.
Tras el derrocamiento de Bucaram el 5 de febrero de 1997 al cabo de seis meses en el poder, la unidad de la DP y el PSC se fortaleció. Los socialcristianos no presentaron candidato a la presidencia para allanar el camino a Mahuad, quien resulta vencedor de las elecciones presidenciales en 1998, frente al magnate Álvaro Noboa, quien había sido presidente de la Junta Monetaria en el bucaramato.
Esa unidad se afianzó en la Asamblea Constituyente de 1997-1998 que redactó la nueva Constitución en un recinto militar de la localidad de Sangolquí, en la provincia andina de Pichincha.
Era el nacimiento de la llamada ‘aplanadora’, que con amplia mayoría PSC-DP y FRA, dejó sentadas en la nueva Carta Magna las bases para una profundización de una serie de reformas de corte neoliberal en el gobierno de Mahuad.
Una de las principales reformas fue la introducción de la disposición cuadragésima segunda que determinaba que: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
Con el marco constitucional adecuado a los intereses de la banca, en el régimen de Mahuad -del que formó parte como Superministro de Economía y gobernador del Guayas el actual candidato a la presidencia por el movimiento CREO y propietario del banco de Guayaquil, Guillermo Lasso- se aprobó el 1 de diciembre de 1998 la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera.
Con este cuerpo legal se dio paso a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, así como la propuesta interpuesta por Jaime Nebot, en la cual se eliminaba el Impuesto a la Renta (IR) y se establecía el impuesto del 1% a las transacciones bancarias.
La normativa obtuvo 63 votos a favor, entre los que se contaban los de los diputados: Jaime Nebot, Carlos Falquez, Juan José Pons (entonces presidente del Legislativo), Juan Franco Porras (hermano del gerente del banco Filanbanco), Cinthya Viteri (candidata a la presidencia perdedora en la primera vuelta de febrero de 2017), entre otros. Una vez más la ‘aplanadora’ había arrollado los reclamos de organizaciones sociales que advertían de la debacle económica que se generaría con la aprobación de la referida ley.
Esta normativa permitió, entre otras cosas, que el Estado asuma las pérdidas de la banca privada que se ahondaron con la drástica disminución de las operaciones bancarias para evitar el pago del 1% de las transacciones y por el irresponsable manejo de los principales accionistas de los bancos que amparados en la institucionalidad de la época desviaron capitales de sus clientes.
Según reseñan los diarios de la época, el epílogo de las decisiones de la ‘aplanadora neoliberal’ fue la crisis de 1999, que terminó con una híper inflación, feriado bancario y confiscación de los depósitos de los clientes del sistema financiero. Los ecuatorianos fueron testigos de suicidios y de miles de hogares desgarrados por la migración forzada de sus integrantes que tuvieron que huir de la pobreza para mantener a sus parientes.
Por otro lado, las élites guayaquileñas, ajenas al drama social que se vivía en la época, más bien organizaron una marcha conocida como de los ‘crespones negros’, que no fue otra cosa que su apoyo a banqueros, como el dueño del antiguo Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario, quien fue uno de los financistas de la campaña electoral de Mahuad. La marcha terminó en los bajos del Municipio porteño, donde recibió el espaldarazo del alcalde socialcristiano Febres-Cordero.
Hoy, dos décadas después esas mismas fuerzas de la derecha neoliberal buscan retomar el poder de esta nación de 16 millones de habitantes. Algunos de sus dirigentes, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, entre otros, han anunciado su unidad, según dicen, para derrotar al socialismo del Siglo XXI en la segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril.
En 1992, con el extinto presidente Sixto Durán-Ballén y su vicepresidente Alberto Dahik (conservadores) en el poder, el neoliberalismo se instala con fuerza en el país con la aplicación de recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI). La mayoría de la derecha conservadora en el entonces Congreso Nacional, presidido por el socialcristiano Heinz Moeller, aprueba la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en 1994.
Con esta norma se da luz verde a la banca para incursionar en nuevas operaciones, reduce los controles estatales que permiten la liberación de tasas de interés y el nacimiento de los créditos vinculados, es decir entrega de dinero de propiedad de los depositantes a los propios accionistas de los bancos para el desarrollo de sus empresas particulares.
Y bajo la premisa de que el mercado todo lo regula, introduce la llamada ‘modernización’ del Estado, que no era otra cosa que la pretensión de privatizar los más atractivos servicios públicos que generaban importantes ingresos económicos y le dejaban al Estado los poco atractivos a sus intereses económicos. En lenguaje coloquial ellos se quedaban con la ‘carne’ mientras al Fisco le dejaban el ‘hueso´.
Para ello crearon el Consejo Nacional de Modernización (Conam) y promovieron la decadencia de servicios como el telefónico, seguridad social, aduanero, hidrocarburífero, registro civil, aeropuertos, vialidad, entre otros servicios rentables con el objetivo de que la empresa privada adquiera a un precio favorable la administración de ellos, bajo el argumento de que mejorarían la atención a la ciudadanía.
No obstante, la oposición de sectores sociales que presionó en las calles y se manifestó en las urnas con un contundente rechazo a esa propuesta del oficialismo en consulta popular se impidió que prospere el plan privatizador de los servicios públicos.
El principal ideólogo de este plan ‘modernizador’, el vicepresidente Danik, tuvo que renunciar a su cargo y huir del país ante el juicio en su contra relacionado con el manejo irregular de gastos reservados en su gobierno.
En 1996, ya instalado el Bucaramato en el poder, su gabinete -tal como había sucedido con sus antecesores- estuvo integrado entre otros funcionarios por un grupo de banqueros y empresarios. Las escandalosas denuncias de corrupción que salpicaban a este gobierno populista promovieron la unidad de oposición de varios grupos políticos, a la cabeza la Democracia Popular (DP), liderada por el entonces alcalde de Quito, Jamil Mahuad, y el socialcristianismo (PSC) liderado por expresidente y entonces alcalde de Guayaquil, León Febres-Cordero, y el entonces legislador Jaime Nebot Saadi.
Tras el derrocamiento de Bucaram el 5 de febrero de 1997 al cabo de seis meses en el poder, la unidad de la DP y el PSC se fortaleció. Los socialcristianos no presentaron candidato a la presidencia para allanar el camino a Mahuad, quien resulta vencedor de las elecciones presidenciales en 1998, frente al magnate Álvaro Noboa, quien había sido presidente de la Junta Monetaria en el bucaramato.
Esa unidad se afianzó en la Asamblea Constituyente de 1997-1998 que redactó la nueva Constitución en un recinto militar de la localidad de Sangolquí, en la provincia andina de Pichincha.
Era el nacimiento de la llamada ‘aplanadora’, que con amplia mayoría PSC-DP y FRA, dejó sentadas en la nueva Carta Magna las bases para una profundización de una serie de reformas de corte neoliberal en el gobierno de Mahuad.
Una de las principales reformas fue la introducción de la disposición cuadragésima segunda que determinaba que: “Hasta que el Estado cuente con instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como créditos para atender el derecho de preferencia de las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.
Con el marco constitucional adecuado a los intereses de la banca, en el régimen de Mahuad -del que formó parte como Superministro de Economía y gobernador del Guayas el actual candidato a la presidencia por el movimiento CREO y propietario del banco de Guayaquil, Guillermo Lasso- se aprobó el 1 de diciembre de 1998 la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario Financiera.
Con este cuerpo legal se dio paso a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos, así como la propuesta interpuesta por Jaime Nebot, en la cual se eliminaba el Impuesto a la Renta (IR) y se establecía el impuesto del 1% a las transacciones bancarias.
La normativa obtuvo 63 votos a favor, entre los que se contaban los de los diputados: Jaime Nebot, Carlos Falquez, Juan José Pons (entonces presidente del Legislativo), Juan Franco Porras (hermano del gerente del banco Filanbanco), Cinthya Viteri (candidata a la presidencia perdedora en la primera vuelta de febrero de 2017), entre otros. Una vez más la ‘aplanadora’ había arrollado los reclamos de organizaciones sociales que advertían de la debacle económica que se generaría con la aprobación de la referida ley.
Esta normativa permitió, entre otras cosas, que el Estado asuma las pérdidas de la banca privada que se ahondaron con la drástica disminución de las operaciones bancarias para evitar el pago del 1% de las transacciones y por el irresponsable manejo de los principales accionistas de los bancos que amparados en la institucionalidad de la época desviaron capitales de sus clientes.
Según reseñan los diarios de la época, el epílogo de las decisiones de la ‘aplanadora neoliberal’ fue la crisis de 1999, que terminó con una híper inflación, feriado bancario y confiscación de los depósitos de los clientes del sistema financiero. Los ecuatorianos fueron testigos de suicidios y de miles de hogares desgarrados por la migración forzada de sus integrantes que tuvieron que huir de la pobreza para mantener a sus parientes.
Por otro lado, las élites guayaquileñas, ajenas al drama social que se vivía en la época, más bien organizaron una marcha conocida como de los ‘crespones negros’, que no fue otra cosa que su apoyo a banqueros, como el dueño del antiguo Banco del Progreso, Fernando Aspiazu Seminario, quien fue uno de los financistas de la campaña electoral de Mahuad. La marcha terminó en los bajos del Municipio porteño, donde recibió el espaldarazo del alcalde socialcristiano Febres-Cordero.
Hoy, dos décadas después esas mismas fuerzas de la derecha neoliberal buscan retomar el poder de esta nación de 16 millones de habitantes. Algunos de sus dirigentes, Jaime Nebot, Guillermo Lasso, Cynthia Viteri, entre otros, han anunciado su unidad, según dicen, para derrotar al socialismo del Siglo XXI en la segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril.
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