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En octubre del año pasado, el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, resolvió poner fin a una prolongada pugna con el Gobierno Nacional por las competencias de tránsito y la regulación del costo de los pasajes de transporte público.
Según el burgomaestre, al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno sobre los subsidios para los transportistas, la decisión quedará en manos del pueblo de Guayaquil, ya que se efectuará una consulta popular. Hace dos semanas se han propuesto dos preguntas a la ciudadanía, que tratan exclusivamente el tema del costo del pasaje.
La viabilidad, la operatividad y el costo del transporte público siempre ha sido un tema de competencia de los Municipios, pero la intención del alcalde de Guayaquil siempre ha estado en endilgar esa responsabilidad al Gobierno Nacional, con un objetivo político muy claro. De haber un alza de pasajes, la responsabilidad recaería sobre el Presidente Rafael Correa, con las implicaciones políticas que eso conlleva, una visible caída del apoyo popular; mientras que la administración municipal solo sería un espectador del problema.
Varios colectivos plantearon al Alcalde que se incluyan 3 preguntas más acerca de la cobertura de servicios básicos, el mejoramiento del sistema de transporte popular y la restructuración de la Policía Metropolitana. Pero, estos temas no han sido acogidos por la administración municipal, pese a que son también problemas urgentes para la ciudad. ¿Qué es la consulta popular entonces? ¿Una herramienta democrática para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía o simplemente un mecanismo para medir fuerzas a nivel político?
En todo caso, la obligación del Municipio es asumir las responsabilidades del transporte urbano, y para ello ha contado con todo el apoyo financiero gubernamental. Cabe destacar que de acuerdo con el Consejo Nacional de Competencias, el Gobierno Nacional había entregado 30 millones de dólares al Municipio de Guayaquil en septiembre del año pasado para financiar las nuevas responsabilidades que debió haber asumido el Cabildo guayaquileño en 2013, entre las que se destaca el manejo del tránsito y la movilidad en la ciudad. Sin embargo, este monto fue devuelto por el Alcalde Nebot, bajo el argumento de que no era la cantidad que le correspondía.
Ante esto, el jefe del Gobierno municipal porteño ha quedado mal parado de esta estrategia política. Es evidente que el alcalde Nebot no ha tomado en cuenta la posición de los transportistas al haber manifestado que la única salida de este conflicto es la consulta popular. La posición del gremio de transportistas es que el negocio no es rentable porque desde hace varios años trabaja a pérdida, con pasajes de 20 centavos y 10 para menores de edad y tercera edad.
Lo que previsiblemente ocurrirá en Guayaquil es que la mayoría de ciudadanos consultados en las urnas se pronuncien por lo obvio, por no admitir el alza de pasajes. Con eso cree Nebot que arreglará la situación, pero el problema de la nula rentabilidad del servicio de transporte público sigue latente.
Varios dirigentes han propuesto al Municipio la semana anterior que asuma la operación de las unidades de transporte a cambio de una indemnización. Nebot descartó de plano esta propuesta porque no puede “estatizar” un servicio que se ha manejado en manos privadas. Si es así, el Alcalde debió haber entendido que el objetivo de la empresa privada es la rentabilidad, y que si un negocio no genera renta como ocurre con los transportistas, simplemente no es viable, y que tarde o temprano dejará de funcionar.
restauracionconservadora.
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