Las denuncias de corrupción del juez Fernando Presencia son fáciles de comprobar, pero nadie quiere hacerlo

La Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública, presidida por el juez talaverano Fernando Presencia, viene publicando datos bancarios relativos a evasión de capitales que tienen como protagonistas a altos cargos políticos y judiciales españoles que nadie quiere comprobar. ¿Por qué?.

El 16 de abril de 2019, el Parlamento de la UE aprobó una Directiva de la UE sobre denuncias de irregularidades, que establece estándares mínimos de protección que los países de la UE deben proporcionar legalmente a los denunciantes. Dado que la Directiva es el estándar mínimo, los países de la UE pueden proporcionar una mayor protección para los denunciantes en sus propias leyes nacionales que la que exige la Directiva.

España ha concluido el «período de trasposición» de dicha directiva a la legislación nacional sin que la misma se haya incorporado, lo cuál convierte dicha norma en un texto de aplicación directa por los particulares que denuncien infracciones al derecho comunitario, como puede ser el fraude fiscal, la evasión de capitales, actos de corrupción o abusos.

Las denuncias realizadas por la asociación que lidera Presencia han sido registradas o en juzgados de instrucción o incluso ante la Agencia Tributaria, sin que hasta la fecha las administraciones públicas o judiciales españolas hayan actuado conforme a la directiva: obligación de tramitación, seguimiento y resolución. Es más, la publicación de esos datos ha supuesto la apertura de diligencias contra esta entidad, así como la orden de cierre de la web, violando el art. 19 de dicha Directiva, que establece la prohibición de represalias.

La cuestión es que el nivel de «escandalización» de los órganos afectados por estas denuncias es directamente proporcional a su desinterés por hacer comprobaciones. Los jueces o cargos políticos imputados no son ni los primeros ni los últimos, y Presencia no es la primera persona en España que sufre el acoso estatal por su testimonio incómodo.

La reacción oficial a estas denuncias, de acuerdo a la doctrina de la llamada Directiva Whistleblowing, revela que lo que dice Presencia es cierto.

Fuente: ACODAP