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La Fiscalía avanza en las investigaciones para establecer la fórmula que utilizaba el contador del grupo empresarial TME, Esteban Ulpiano Páez Benalcázar, para evadir el pago de impuestos.
Redacción Economía
Adulterar valores y aprovecharse de personas humildes que poseen facturas sería la forma como operaba Esteban Ulpiano Páez Benalcázar, contador de las empresas Turbomotores Ecuatorianos, Turbobakuz S.A.; Turbinas y Gobernadores, Turbigob C.A.; e Ingeniería y Servicios, Seringen S.A., del grupo empresarial TME, para cometer defraudación tributaria, según las primeras indagaciones de la Fiscalía.
El caso es investigado luego de que se han encontrado pruebas de las anomalías y del perjuicio al Estado por alrededor de $ 3 millones, en los que habría incurrido el grupo empresarial por la gestión del mencionado contador, quien es hermano del candidato a vicepresidente del movimiento CREO, Andrés Tarquino Páez Benalcázar.
Un reportaje de Ecuador TV, en base a documentos como facturas y declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), revela que con el fin de evadir impuestos el contador habría falsificado las facturas de proveedores de las empresas del grupo TME e inventado gastos que, según declaración de los involucrados, nunca existieron.
En la declaración del impuesto a la renta (IR) de 2013, TME declaró al SRI que compró productos a 5 empresas proveedoras por más de $ 3 millones. Sin embargo, la autoridad tributaria, al hacer las averiguaciones, descubrió que el monto de compras es considerablemente menor: solo ascendía a $ 4.580, lo que significaría que la empresa habría incrementado un factor ficticio 564 veces de lo que en realidad declaró en 2013.
En otro caso, TME asegura haber pagado a la empresa Marmoi S.A. $ 62.485 con factura No. 286501. La anomalía radica en que cuando Marmoi presenta al SRI la original de dicha factura se verifica que en realidad su valor es de $ 5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a TME.
En las indagaciones, el SRI determina también un valor de $ 57.908, reportado por el grupo empresarial, pero al solicitar la factura original de la empresa Multimetales a uno de sus clientes se evidenció que el valor real era de $ 6.04.
Asimismo, en su declaración tributaria, TME asegura que gastó $ 83.145 en una compra a maderas El Bosque, a través de la factura No. 221465, pero en el valor de la factura original consta que un cliente hizo la compra por $ 550.001.
En declaraciones a la Fiscalía dijo que se sorprendió cuando tuvo que pagar impuestos al SRI por facturas altas por concepto de supuestos servicios, que, según aclaró, jamás prestó, y menos a compañías con las que nunca tuvo contacto.
“Yo saqué el RUC porque mi esposo me dijo que le ayudara, pero esas facturas se enviaban firmadas a la empresa en donde él trabaja. En ese entonces se enviaron las facturas 60 y 75 que nos dieron por perdidas en la empresa. Nos decían que estaban extraviadas y que ya nos iban a devolver”, dijo.
La factura a la que se refiere y que supuestamente habría emitido fue por la suma de $ 296.000 a nombre de Turbigob C.A., una de las empresas en la que Esteban Páez es su contador. Ese monto sería el anticipo por el alquiler de una flota vehicular, pero la señora afectada descartó ante las autoridades de la Fiscalía tener tal negocio.
“Resulta que hay facturas con valores muy altos, como por ejemplo de $ 200.000 y de $ 260.000, que salen a nombre de unas empresas llamadas Min Oil y Turbo Motores, pero la verdad para ellas nunca trabajé, nunca las conocí y nunca hubo una relación laboral”, añadió Flor Cordero.
Tras su denuncia ante la Fiscalía ella fue contactada de inmediato por representantes de Turbigob C.A. para reparar sus gastos y el inconveniente, con la emisión de un cheque por $ 175.464,79.
Asimismo, TME actuó en contra de Pablo Piloso Quijije, un artesano manabita que supuestamente habría emitido al grupo de empresas facturas con valores superiores a los $ 136.000. Aseguró que nunca conoció a sus supuestos compradores, que jamás recibió ese dinero y dijo sentirse “estafado”.
Él es únicamente dueño de un taller artesanal ubicado en la población de La Pila, provincia de Manabí, en donde realiza esculturas que no tienen nada que ver con las empresas que se dedican a la reparación de maquinaria y fabricación de vehículos, como lo hacen Seringen y Turbigob del grupo TME.
Quijije sostuvo ante la Fiscalía que el producto más caro que vende llega a los $ 200 y que no conoce “ni en sueños a esas empresas o personas”. Ayer estuvo en Portoviejo en busca de asesoramiento sobre el tema, ya que no quiere tener problemas ni con la ley ni con la empresa que le ha metido en este lío, según uno de sus hijos.
Con orden judicial la Fiscalía realizó la inspección y los empleados que se encontraban en ese momento se mostraron renuentes a entregar la información que se les solicitaba.
“No puedo permitir nada hasta que no vea a mi abogado”, argumentó un hombre que se encontraba en el lugar. Aseguró luego que los documentos solicitados no se encontraban en esas oficinas, por lo que pidió tiempo para presentarlos.
Al recorrer el lugar los funcionarios de la Fiscalía encontraron alrededor de 34 cajas que sí contenían documentación de las empresas, entre ellas, un cheque que demostraría el pago del impuesto a la renta de una persona por $ 175.464,79 porque habría sido afectada por Turbigob C.A.
Tal cheque era para Flor Cordero, la supuesta proveedora de las empresas.
Ayer intentamos dialogar con el mayor accionista de TME, Yerco Basic, quien se encontraba en la empresa, pero, según el guardia, luego de conocer que se trataba de EL TELÉGRAFO dijo que estaba ocupado y que no podía atendernos. (I)
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Defraudación tributaria sería el mayor delito
La Fiscalía presume el cometimiento de tres delitos en este caso: defraudación tributaria; perjuicio a terceras personas porque fueron obligadas a pagar al SRI por dinero que jamás recibieron; y afectación a los derechos económicos de los trabajadores de Turbo Motores, Seringen S.A. y Turbigob C.A., porque se les perjudicó en el pago de utilidades.
Según el Art. 298 del Código Integral Penal (COIP) incurre en el delito de defraudación tributaria: “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero…”.
La norma establece en los numerales 18 y 19 del mismo artículo sanciones a los responsables “…con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años”.
La presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha, Cristina Trujillo, indicó que cuando uno de sus agremiados está involucrado en actos irregulares se acoge al fallo de la justicia ordinaria y además es sometido a un tribunal de honor. “De ser culpable se le suspende el carnet profesional”, manifestó.
EL TELEGRAFO
El caso es investigado luego de que se han encontrado pruebas de las anomalías y del perjuicio al Estado por alrededor de $ 3 millones, en los que habría incurrido el grupo empresarial por la gestión del mencionado contador, quien es hermano del candidato a vicepresidente del movimiento CREO, Andrés Tarquino Páez Benalcázar.
Un reportaje de Ecuador TV, en base a documentos como facturas y declaraciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI), revela que con el fin de evadir impuestos el contador habría falsificado las facturas de proveedores de las empresas del grupo TME e inventado gastos que, según declaración de los involucrados, nunca existieron.
En la declaración del impuesto a la renta (IR) de 2013, TME declaró al SRI que compró productos a 5 empresas proveedoras por más de $ 3 millones. Sin embargo, la autoridad tributaria, al hacer las averiguaciones, descubrió que el monto de compras es considerablemente menor: solo ascendía a $ 4.580, lo que significaría que la empresa habría incrementado un factor ficticio 564 veces de lo que en realidad declaró en 2013.
En otro caso, TME asegura haber pagado a la empresa Marmoi S.A. $ 62.485 con factura No. 286501. La anomalía radica en que cuando Marmoi presenta al SRI la original de dicha factura se verifica que en realidad su valor es de $ 5.14, venta que además fue realizada a una tercera persona y no a TME.
En las indagaciones, el SRI determina también un valor de $ 57.908, reportado por el grupo empresarial, pero al solicitar la factura original de la empresa Multimetales a uno de sus clientes se evidenció que el valor real era de $ 6.04.
Asimismo, en su declaración tributaria, TME asegura que gastó $ 83.145 en una compra a maderas El Bosque, a través de la factura No. 221465, pero en el valor de la factura original consta que un cliente hizo la compra por $ 550.001.
Las revelaciones de los afectados
El caso más escandaloso hecho público hasta el momento es el de la señora Flor Cordero, una emprendedora de Sucumbíos que aparece como supuesta proveedora de las empresas del grupo TME.En declaraciones a la Fiscalía dijo que se sorprendió cuando tuvo que pagar impuestos al SRI por facturas altas por concepto de supuestos servicios, que, según aclaró, jamás prestó, y menos a compañías con las que nunca tuvo contacto.
“Yo saqué el RUC porque mi esposo me dijo que le ayudara, pero esas facturas se enviaban firmadas a la empresa en donde él trabaja. En ese entonces se enviaron las facturas 60 y 75 que nos dieron por perdidas en la empresa. Nos decían que estaban extraviadas y que ya nos iban a devolver”, dijo.
La factura a la que se refiere y que supuestamente habría emitido fue por la suma de $ 296.000 a nombre de Turbigob C.A., una de las empresas en la que Esteban Páez es su contador. Ese monto sería el anticipo por el alquiler de una flota vehicular, pero la señora afectada descartó ante las autoridades de la Fiscalía tener tal negocio.
“Resulta que hay facturas con valores muy altos, como por ejemplo de $ 200.000 y de $ 260.000, que salen a nombre de unas empresas llamadas Min Oil y Turbo Motores, pero la verdad para ellas nunca trabajé, nunca las conocí y nunca hubo una relación laboral”, añadió Flor Cordero.
Tras su denuncia ante la Fiscalía ella fue contactada de inmediato por representantes de Turbigob C.A. para reparar sus gastos y el inconveniente, con la emisión de un cheque por $ 175.464,79.
Asimismo, TME actuó en contra de Pablo Piloso Quijije, un artesano manabita que supuestamente habría emitido al grupo de empresas facturas con valores superiores a los $ 136.000. Aseguró que nunca conoció a sus supuestos compradores, que jamás recibió ese dinero y dijo sentirse “estafado”.
Él es únicamente dueño de un taller artesanal ubicado en la población de La Pila, provincia de Manabí, en donde realiza esculturas que no tienen nada que ver con las empresas que se dedican a la reparación de maquinaria y fabricación de vehículos, como lo hacen Seringen y Turbigob del grupo TME.
Quijije sostuvo ante la Fiscalía que el producto más caro que vende llega a los $ 200 y que no conoce “ni en sueños a esas empresas o personas”. Ayer estuvo en Portoviejo en busca de asesoramiento sobre el tema, ya que no quiere tener problemas ni con la ley ni con la empresa que le ha metido en este lío, según uno de sus hijos.
Fiscalía encuentra evidencias
Frente a las incongruencias detectadas, agrega la investigación periodística, el SRI solicitó durante 15 ocasiones a los representantes de TME, entre ellos al contador Esteban Páez, entregar pruebas de descargo, pero ellos hicieron caso omiso y por eso se efectuó el jueves pasado una incursión en las oficinas del grupo empresarial, las cuales comparten el mismo domicilio, en la Av. Pedro Vicente Maldonado y Quimiac, en el sur de Quito.Con orden judicial la Fiscalía realizó la inspección y los empleados que se encontraban en ese momento se mostraron renuentes a entregar la información que se les solicitaba.
“No puedo permitir nada hasta que no vea a mi abogado”, argumentó un hombre que se encontraba en el lugar. Aseguró luego que los documentos solicitados no se encontraban en esas oficinas, por lo que pidió tiempo para presentarlos.
Al recorrer el lugar los funcionarios de la Fiscalía encontraron alrededor de 34 cajas que sí contenían documentación de las empresas, entre ellas, un cheque que demostraría el pago del impuesto a la renta de una persona por $ 175.464,79 porque habría sido afectada por Turbigob C.A.
Tal cheque era para Flor Cordero, la supuesta proveedora de las empresas.
Ayer intentamos dialogar con el mayor accionista de TME, Yerco Basic, quien se encontraba en la empresa, pero, según el guardia, luego de conocer que se trataba de EL TELÉGRAFO dijo que estaba ocupado y que no podía atendernos. (I)
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Defraudación tributaria sería el mayor delito
La Fiscalía presume el cometimiento de tres delitos en este caso: defraudación tributaria; perjuicio a terceras personas porque fueron obligadas a pagar al SRI por dinero que jamás recibieron; y afectación a los derechos económicos de los trabajadores de Turbo Motores, Seringen S.A. y Turbigob C.A., porque se les perjudicó en el pago de utilidades.
Según el Art. 298 del Código Integral Penal (COIP) incurre en el delito de defraudación tributaria: “La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero…”.
La norma establece en los numerales 18 y 19 del mismo artículo sanciones a los responsables “…con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años”.
La presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha, Cristina Trujillo, indicó que cuando uno de sus agremiados está involucrado en actos irregulares se acoge al fallo de la justicia ordinaria y además es sometido a un tribunal de honor. “De ser culpable se le suspende el carnet profesional”, manifestó.
EL TELEGRAFO
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