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La exoneración de impuestos como propone el banquero causaría pérdidas en la recaudación por $ 3.688,7 millones. Los afectados serían la clase media y baja.
Redacción Política
A menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral para elegir un nuevo Gobierno, además del empleo, la educación, la seguridad y otros temas, el acceso y la cobertura de la salud es un asunto que preocupa a los ecuatorianos, de manera especial si llega al poder el banquero Guillermo Lasso (CREO).
El sobresalto de los ecuatorianos radica en que, por ejemplo, desde el inicio de su campaña, Lasso expresó su voluntad de crear un “zona franca de salud”. Para ello plantea liberar del pago de Impuesto a la Renta a las inversiones que se realicen en clínicas y hospitales nuevos.
En el primer debate presidencial que se efectuó antes de la primera vuelta del 19 de febrero pasado, Lasso aseguró que la exoneración al tributo será de por vida y que esa medida ayudará a cubrir el déficit de 8.000 camas hospitalarias. A cambio, las clínicas y hospitales privados entregarán un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Frente a esas propuestas, el economista Joaquín Angulo aclara que liberar del pago de Impuesto a la Renta a las inversiones de infraestructura y operatividad médica significa “otorgar ventajas al sector empresarial y robustecerlo frente a su principal competidor, el Estado”.
En uno de sus recorridos proselitistas, el banquero candidato dijo que “debe haber un proceso de descentralización en la salud, y no necesariamente debemos esperar que sea el Gobierno el que tenga $ 1.200 millones para construir los hospitales que faltan, eso lo puede hacer el emprendedor local o internacional”.
El médico y catedrático Ronaldo Castellanos no cree tampoco que la propuesta del postulante de CREO sea efectiva. “Significaría que el Estado dejaría de lado su responsabilidad de proporcionar servicios de salud gratuitos a la población, porque estos se convertirían en privados”.
En Ecuador, la Constitución dice que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
La Carta Magna destaca que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética con enfoque de género y generacional. En una entrevista del pasado 14 de marzo en un canal local, Lasso aclaró que la propuesta de crear una ‘zona franca’ para el sector de la salud no implica privatizar el servicio.
“Se trata de cubrir el déficit de 8.000 camas (en hospitales) que actualmente tiene Ecuador”, indicó.
En 2006 la inversión en el sector de la salud fue de $ 400 millones; en 2007 pasó a $ 568 millones; en 2014, $ 2.408 millones; y en 2015 alcanzó los $ 2.517 millones. Actualmente, 72.000 personas trabajan en el Sistema de Salud Pública del Ecuador, entre ellos los Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), que se convirtieron en un nexo entre la comunidad y el personal de atención integral en las unidades de salud.
Para la formación de los TAPS el Gobierno destinó becas. 1.518 profesionales están integrados al MSP y otros 500 se graduarán este 2017.
La gestión del gobierno de Rafael Correa elevó el número de consultas gratuitas de 20,3 millones de consultas en 2007 a 39 millones en 2015 (ver infografía).
Angulo explicó que el acceso gratuito a servicios como la salud solo es posible a través del incremento del gasto social. Por ello, alertó que la eliminación de impuestos defendida por Lasso se traduciría en una pérdida de la recaudación. El monto ascendería a $.3.688,7 millones, contradiciendo otros planteamientos orientados al gasto público como el fortalecimiento de las escuelas comunitarias, contratación de docentes, inversión en becas.
El presidente Correa afirmó que la propuesta de las ‘zonas francas de salud’ perjudicará a la clase media y baja del país, porque les cercenaría el derecho a acceder gratuitamente a una consulta médica, mientras que favorece a los sectores ricos, que cobrarán por el servicio de atención y no pagarán impuestos al Estado.
El plan de salud de Lasso plantea reducir en 50% los tiempos de espera en la atención primaria y premiar el esfuerzo de los médicos. En cambio, la propuesta de Lenín Moreno (Alianza PAIS) se concentra en la prevención en el centro del Sistema Nacional de Salud Pública, donde actualmente el 61% de la atención es curativa.
El sobresalto de los ecuatorianos radica en que, por ejemplo, desde el inicio de su campaña, Lasso expresó su voluntad de crear un “zona franca de salud”. Para ello plantea liberar del pago de Impuesto a la Renta a las inversiones que se realicen en clínicas y hospitales nuevos.
En el primer debate presidencial que se efectuó antes de la primera vuelta del 19 de febrero pasado, Lasso aseguró que la exoneración al tributo será de por vida y que esa medida ayudará a cubrir el déficit de 8.000 camas hospitalarias. A cambio, las clínicas y hospitales privados entregarán un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano.
Frente a esas propuestas, el economista Joaquín Angulo aclara que liberar del pago de Impuesto a la Renta a las inversiones de infraestructura y operatividad médica significa “otorgar ventajas al sector empresarial y robustecerlo frente a su principal competidor, el Estado”.
En uno de sus recorridos proselitistas, el banquero candidato dijo que “debe haber un proceso de descentralización en la salud, y no necesariamente debemos esperar que sea el Gobierno el que tenga $ 1.200 millones para construir los hospitales que faltan, eso lo puede hacer el emprendedor local o internacional”.
El médico y catedrático Ronaldo Castellanos no cree tampoco que la propuesta del postulante de CREO sea efectiva. “Significaría que el Estado dejaría de lado su responsabilidad de proporcionar servicios de salud gratuitos a la población, porque estos se convertirían en privados”.
En Ecuador, la Constitución dice que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
La Carta Magna destaca que la prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética con enfoque de género y generacional. En una entrevista del pasado 14 de marzo en un canal local, Lasso aclaró que la propuesta de crear una ‘zona franca’ para el sector de la salud no implica privatizar el servicio.
“Se trata de cubrir el déficit de 8.000 camas (en hospitales) que actualmente tiene Ecuador”, indicó.
En el Ecuador, ¿cuál es la situación en el tema de la salud?
Cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) dan cuenta que durante la gestión del actual Gobierno se crearon 21 hospitales. De esa forma, el país alcanzó el estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): dos camas hospitalarias por cada mil habitantes.En 2006 la inversión en el sector de la salud fue de $ 400 millones; en 2007 pasó a $ 568 millones; en 2014, $ 2.408 millones; y en 2015 alcanzó los $ 2.517 millones. Actualmente, 72.000 personas trabajan en el Sistema de Salud Pública del Ecuador, entre ellos los Técnicos de Atención Primaria en Salud (TAPS), que se convirtieron en un nexo entre la comunidad y el personal de atención integral en las unidades de salud.
Para la formación de los TAPS el Gobierno destinó becas. 1.518 profesionales están integrados al MSP y otros 500 se graduarán este 2017.
Si Lasso llega al poder, ¿dónde quedaría la gratuidad del servicio?
La coalición política CREO-SUMA, que impulsa la candidatura de Lasso, también propuso “replantear el sistema de salud”, porque aseguró que la gratuidad, que aumentó la demanda de los servicios, provocó un importante gasto.La gestión del gobierno de Rafael Correa elevó el número de consultas gratuitas de 20,3 millones de consultas en 2007 a 39 millones en 2015 (ver infografía).
Angulo explicó que el acceso gratuito a servicios como la salud solo es posible a través del incremento del gasto social. Por ello, alertó que la eliminación de impuestos defendida por Lasso se traduciría en una pérdida de la recaudación. El monto ascendería a $.3.688,7 millones, contradiciendo otros planteamientos orientados al gasto público como el fortalecimiento de las escuelas comunitarias, contratación de docentes, inversión en becas.
El presidente Correa afirmó que la propuesta de las ‘zonas francas de salud’ perjudicará a la clase media y baja del país, porque les cercenaría el derecho a acceder gratuitamente a una consulta médica, mientras que favorece a los sectores ricos, que cobrarán por el servicio de atención y no pagarán impuestos al Estado.
El plan de salud de Lasso plantea reducir en 50% los tiempos de espera en la atención primaria y premiar el esfuerzo de los médicos. En cambio, la propuesta de Lenín Moreno (Alianza PAIS) se concentra en la prevención en el centro del Sistema Nacional de Salud Pública, donde actualmente el 61% de la atención es curativa.
el telégrafo
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