Desde que el pasado 7 de diciembre estallaron las movilizaciones, que se extienden por todo el país, se han reportado 60 personas fallecidas, recoge EFE. Mientras, el Ministerio de Salud informó que 76
personas han sido hospitalizadas desde el 4 de enero, cuando se reanudaron las protestas tras una tregua navideña.

En Lima, a donde confluyeron miles de personas a pie y en autobuses provenientes de distintas regiones, se registraron nuevos enfrentamientos con oficiales de Policía, que utilizaron gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes que les lanzaban piedras y palos, informan medios locales.

El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que alrededor de 3.700 manifestantes salieron a las calles y que se registraron 11 detenciones, ascendiendo a 378 las practicadas desde el inicio de las protestas.

Además, indicó que el incendio ocurrido este jueves en uno de los edificios más históricos del Centro de Lima habría sido causado por el uso de pirotécnicos. "Los hechos serán investigados por la unidad especializada", agregó.

En la región de Puno, en el sur del país, un grupo de personas incendió la comisaría del distrito de Zepita, mientras que en la localidad de Ilave, unos 1.500 manifestantes atacaron una comisaría, dijo Romero.

Según el ministro, "estas acciones violentas evidencian que quieren desatar el caos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional".

Según imágenes captadas por ciudadanos, un policía comenzó a disparar con su arma de fuego contra manifestantes. Los enfrentamientos dejaron un muerto y ocho heridos, informó Canal N.

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Mientras, en Arequipa tres personas resultaron heridas cuando las fuerzas policiales trataban de controlar a los manifestantes que intentaban ingresar en el Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

En Cusco se reportó que el servicio de trenes hacia Machu Picchu permanece inoperativo por los daños en la línea férrea, dejando a al menos 350 turistas varados en la ciudadela inca.

Por su parte, el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, dijo que a escala nacional, hasta el momento, hay más de 580 policías heridos, muchos de gravedad. 

Por su parte, el enviado del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, calificó de inaceptables el alto número de fallecidos en medio de la represión de las protestas e insistió en la "importancia de realizar investigaciones contundentes en estos casos".

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En un comunicado emitido al término de su visita al país sudamericano, llamó a tomar medidas concretas para "prevenir más víctimas y proteger los derechos humanos".

"Las fuerzas de seguridad deben actuar conforme a las normas y los estándares internacionales con respecto al uso de la fuerza, lo que implica que su uso se apegue a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y las armas letales se usen exclusivamente para proteger ante un riesgo de muerte", resaltó.

Los peruanos exigen la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas para este año y la liberación del destituido mandatario Pedro Castillo. También se han sumado otras peticiones, como la celebración de una asamblea constituyente y justicia por los caídos en las protestas.

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"¡mete perdigón, mete perdigón, métele bala, métele bala!" ...pero luego tienes que escuchar a Dina Boluarte decir en cadena nacional que proyectiles en los muertos de Puno no eran de la policía.

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• ...circula en redes una solicitud para desplegar unidades y personal militar extranjero en Perú, de ser cierto esto es en extremo grave; ¡¡el estado peruano está en guerra abierta contra el pueblo, se habla de 60 muertos!!
• la guerra está declarada contra el pueblo por el gobierno de Dina Boluarte, han lanzando tanquetas contra el pueblo, abren fuego a mansalva, así de dramática la noche en Cusco

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Perú, en punto de quiebre: Cierran Machu Picchu y atacan universidad

La Policía de Perú ha irrumpido en la Universidad de San Marcos de Lima y arrestado a más de 200 manifestantes, mientras que Machu Picchu ha debido cerrar.

Dos días después de la gran marcha denominada “Toma de Lima” con dura represión policial, el sábado los uniformados leales al gobierno de Dina Boluarte entraron por la fuerza en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de esta capital, la más importante de Perú y más antigua de América, para desalojar una protesta y arrestaron a 205 personas.

Sin embargo, el coordinador del equipo de prevención del delito de la Fiscalía, Alfonso Barrenechea, justificó la operación policial por “un ingreso a la sede universitaria sin autorización de las autoridades” y “una presunta sustracción de una serie de bienes electrónicos”.

La irrupción policial en la casa de estudios ha recibido duras críticas, entre otros, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó “preocupación” por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas en la Universidad de San Marcos.

Cierran Machu Picchu

El mismo sábado, en medio de incesantes protestas populares, el gobierno de la presidenta transitoria bloqueó por tiempo indefinido la entrada a la ciudadela inca de Machu Picchu, uno de los principales sitios turísticos del país andino, así como el Camino del Inca que conduce al recinto histórico.

Según informa la prensa local, la medida adoptada sin previo aviso dejó varados a cientos de turistas durante horas dentro de la ciudadela, hasta que fueron salvados por las autoridades.

¿Por qué pocas voces se solidarizan con manifestantes en Perú?

La nación peruana está sola, pues las élites están confabuladas con EE.UU. y la institucionalidad continental, CIDH incluida, actúa en su contra, dice un experto.

En una entrevista a la cadena HispanTV, el director de DXMEDIO.com, Juan Alberto Sánchez Marín, ha dado este domingo su punto de vista sobre la tardía reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la convulsa situación en Perú.

“Aunque la CIDH se presenta como una comisión autónoma, al fin y al cabo no es más que un órgano de la OEA (Organización de los Estados Americanos) y sabemos qué es la OEA y qué papel ha jugado en materia de violación de derechos humanos. Su secretario general, el ultraderechista, Luis Almagro, puntal de extremistas y golpistas en la región”, ha expresado.

Según el analista, la CIDH ha terminado siendo un órgano inoperante que se limita a emitir llamados y pronunciamientos que carecen de impacto. Ambos entes son ámbitos tomados por la derecha continental, ha continuado, en los que ha sido indiscutible la influencia y el mando de Estados Unidos.

En el caso de Perú, ha llamado la atención cuánto ha demora la CIDH para manifestar “preocupación, porque ni siquiera se ha tratado de una enérgica condena” ante la actuación violenta de una usurpadora de la presidencia [Dina Boluarte] y unas fuerzas militares confabuladas con las élites criollas, con la embajada estadounidense, con un congreso corrupto y medios no de comunicación, sino corporativos, ha acentuado Sánchez Marín.

“Lo que hay que tener claro en Perú es que la ciudadanía es sublevada, inconforme, con mucha razón, pero está sola. La institucionalidad continental, como la CIDH, actúa en contra de la voluntad popular”, ha denunciado.

España, parte estructural de represión de protestas en Perú

Amnistía Internacional exige a España detener la venta de armas y material antidisturbios a Perú ante la crisis que atraviesa y le conmina a cesar esos negocios.

La oenegé pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha demandado este viernes al Gobierno español suspender “con carácter inmediato” la venta de armas ligeras y material antidisturbios a Perú.

AI ha alertado a la Moncloa que existe un riesgo considerable de que las fuerzas y los policías peruanos usen estos pertrechos [armas ligeras, munición, material antidisturbios, entre otros] para reprimir de manera violenta a los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta designada, Dina Boluarte, elecciones anticipadas y una Asamblea Constituyente.

Incluso baraja “graves violaciones de los derechos humanos”, de cursar o continuar estos envíos, para lo que ha invocado el tratado internacional sobre Comercio de Armas, tomando como punto de partida la situación actual en Perú.

Amnistía Internacional, asimismo, ha instado a la secretaria de Estado de Comercio en España, Xiana Margarida Méndez, también responsable del ente que regula venta de armas, que cese las autorizaciones para el cumplimiento de contratos de armas previos y próximos hasta que “los responsables de violaciones de derechos humanos cometidos por el Ejército y la Policía peruanos sean procesados y las fuerzas de seguridad reciban una formación que les permita usar este material, según las normas internacionales sobre el uso de la fuerza”.

España, principal proveedor de armas a Perú

Amnistía exige el fin de toda autorización o envío de material bélico a Perú, ya que dentro de la Unión Europea, España es la que más ha suministrado armamento al país suramericano en los úlltimos años.

La oenegé cifra en 184 millones de euros las autorizaciones de licencias de armas a Perú entre 2017 y junio de 2022, de los que cerca de 40 millones eran de material antidisturbios.

Amnistía destaca las ventas de 4,7 millones de euros en armas ligeras, munición por valor de 2,4 millones y cerca de 1 millón en material antidisturbios.

En octubre pasado, la Defensa española puso en evidencia su gran preocupación por la seguridad de Perú, cuando vendió a la Marina de Guerra de Perú seis helicópteros por 600 euros, es decir 100 euros la unidad, un precio “simbólico”. Entre las razones de este gesto figuraban la obsolescencia del material, alto coste de reparación, limitadas oportunidades de venderlos y su reducido valor de mercado.

Laura Richardson, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, habla de América Latina como si fuera su despensa.

Son criminales, y quienes les defienden, directa o indirectamente, hijos de puta.

Hace mucho tiempo que esto no va ni de izquierda ni de derecha. Eso es un engañabobos.

La gente lo que quiere es tener servicios públicos de calidad, tener esperanza en el futuro y paz. Algo que ni la izquierda ni la derecha garantizan. AL REVÉS: son garantía de lo contrario.

Para tener eso, lo principal es tener la capacidad de decidir, la soberanía para que el pueblo tome el camino que quiera, aunque luego tenga que luchar contra sus hijosdeputa locales.

Pero hoy todos ellos están vendiendo tu país: es decir, a tí y a los tuyos, a centros de poder que tú no has votado ni votarás jamás, a oligarquías dentro y fuera de tu país.

Esto es territorio comanche. Aquí el que venga con el cuento de nunca acabar se quedará calladito o le acabaré dando una patada en el culo.

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Análisis: El grito de los olvidados: ¿Cuál es el rostro del "movimiento social sin precedentes" en Perú?

Nathali Gómez

Una de las principales luchas que libran los manifestantes en Perú es contra el olvido. Desde hace más de un mes distintos grupos de las zonas más empobrecidas del país se mantienen en la calles para exigir la renuncia a la presidencia de Dina Boluarte y la convocatoria a elecciones, luego de que el expresidente Pedro Castillo fuese destituido por el Congreso, que torpedeó su mandato desde el inicio.

Hasta ahora, estas movilizaciones han dejado 54 personas muertas en medio de denuncias por excesos policiales, violación de derechos humanos y represión desmedida por parte de los cuerpos de seguridad.

Esta semana llegaron a Lima grupos de campesinos de los pueblos chankas, aimaras, quechuas y waris que salieron de los olvidados poblados en el sur y el oriente peruano para unirse a las protestas. En esas partes del país, donde se encuentran los departamentos más empobrecidos y excluidos, Castillo resultó ganador en los comicios de 2021.

Entre las entidades que se han movilizado a Lima hay personas provenientes de Cusco, Cajamarca, La Libertad, Amazonas, Arequipa, Moquegua, Puno, Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Huánuco.

Algunos catalogan este movimiento popular como "sin precedentes" en el país, puesto que no hay liderazgos visibles ni partidos políticos que hagan las convocatorias.

Así como durante la campaña electoral imperaron muestras de racismo, estigmatización y criminalización contra Castillo y sus seguidores, en esta oportunidad no es diferente. Tanto los sectores políticos como los grandes medios han enfilado sus cuestionamientos contra quienes se trasladaron a la capital para exigir ser escuchados.

"Terroristas, senderistas e indios"

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estuvo en el país suramericano la semana pasada presentó los resultados de su visita de observación e hizo referencia a la "fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales" que encontró. Del mismo modo, habló del discurso de algunas autoridades que llaman "terroristas", "senderistas" e "indios" a los manifestantes, recoge Ojo Público.

Una de estas expresiones proviene de Óscar Arriola Delgado, vocero oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), encargada precisamente de custodiar las protestas, según una publicación del Ministerio del Interior.

Arriola aseguró que en las marchas "hay gente vinculada a Sendero Luminoso", una organización que supuestamente estaría financiando las movilizaciones y los ataques contra algunos aeropuertos e infraestructura pública.

Aunque reconoció que "no todos son terroristas", la población "debe saber que a su lado tienen a gente vinculada a Sendero Luminoso", dijo.

Estas expresiones de discriminación no solo vienen de las instituciones estatales. La prensa y las redes sociales también se han encargado de divulgarlas para deshumanizar a quienes han tomados las calles.

En una editorial de El Comercio, se condenan los hechos aislados de violencia que han ocurrido en las manifestaciones, donde grupos pequeños han causado daños contra bienes públicos, sedes de organismos del Estado, entre otros. Sin embargo, en el escrito abundan calificativos como "vándalos", "energúmenos", "turba" y se afirma que esos disturbios podrían extenderse aún más.

En los videos que circulan en las plataformas sociales también han quedado registradas la muestras de racismo. En uno de los clips, un grupo de personas en Cusco llama a los manifestantes "indios" y "cholos" y les piden que "regresen a sus chacras [granjas]".

En otra sucesión de imágenes, una joven califica a los que protestan de "indios, ladrones y delincuentes", mientras varias voces a su alrededor gritan "lárguense".

¿Cuál es el rostro de la protesta?

Los grandes medios han presentado una imagen distorsionada de quienes piden el cierre del Congreso y claman por justicia frente a la represión policial que ha causado la muerte de jóvenes, principalmente.

Sin embargo, en las redes sociales hay imágenes donde se ven los rostros y la forma de organización de estos grupos, que han decidido dirigirse a Lima para expresar sus demandas históricas.

En uno de los clips, una abuela de una comunidad indígena dice que en esta oportunidad no se dejarán engañar, después de años de robo y saqueo contra esos sectores empobrecidos.

"Tanto tiempo hemos sido olvidados, nadie ha preguntado por nosotros", dice.

En otro video se ven a mujeres caminar con sus ponchos, sombreros, polleras y uniformes de trabajo; a ronderos, que llevan sus tradicionales látigos de cuero, y a jóvenes. En sus manos llevan carteles donde se lee: "Congreso corrupto" y "¡Viva el paro!", mientras gritan "El pueblo unido, jamás será vencido".

En un registro más, una mujer dice se trasladó del distrito de Quiquijana a Cusco, separados por unos 70 kilómetros, y expresa que se siente indignada por la cantidad de muertes.

"Desde lejos hemos llegado solo para ser escuchados, dejando nuestra familia", agrega.

Una mujer de avanzada edad expresa que en el distrito de Puquio, que forma parte del departamento de Ayacucho, hay pobreza y no hay agua. En el mismo video se ven a personas del departamento de Huancavelica, que se trasladan en autobuses rumbo a Lima.

¿De dónde sale el dinero?

Si bien la Policía apunta al supuesto financiamiento de Sendero Luminoso, el congresista derechista Alejandro Cavero, de Avanza País, agregó en un artículo de opinión de El Comercio que los sectores más radicales obtenían recursos de la minería ilegal y del narcotráfico.

En sus explicaciones Cavero fue más allá y responsabilizó a financistas externos con vínculos con el "narcotráfico boliviano", además de cubanos, venezolanos y colombianos, según El Perfil.

A pesar de estas acusaciones sin pruebas, en las plataformas sociales varios usuarios han compartido cómo han logrado obtener los recursos para emprender un traslado desde los alejados departamentos del sur y el oriente hasta la capital peruana.

En un video, una mujer afirma que está "por cuenta propia" y que nadie la financia. "Estamos yendo para hacernos respetar, abandonando nuestras tierras y nuestros hijos. Por culpa de la presidenta estamos siendo pisoteados", manifesta.

En otras imágenes se observa cómo las personas les dan voluntariamente dinero a los manifestantes cuando salen de sus comunidades. Cada ingreso es anotado en un cuaderno.

Así, se ve cuando una comerciante dona una paca de papel higiénico, una de agua mineral y galletas. También de otros pequeños negocios proporcionan mantas y bastimentos.

El lingüista y educador aymara Roger Gonzalo dice en una entrevista de Wayka que ha escuchado una "pregunta muy primaria" que la hacen los periodistas limeños sobre las fuentes de recursos para estas movilizaciones.

Gonzalo, que pertenece a la comunidad Chatuma, en Puno, niega que el dinero provenga del narcotráfico o de la minería ilegal y explica que hay varias opciones.

Una de ellas es que quienes se movilizan paguen su propio pasaje o que se hagan colectas para cubrir los traslados de los comisionados que irán a las marchas.

En cuanto a los alimentos, dice que puede encargarse el teniente gobernador, que es la autoridad del ayllu o comunidad originaria. El transporte es proporcionado por los dueños de los autobuses, que son aimaras.

"Tenemos banco comunal. Y no se olvide que quienes salieron esta vez en su mayoría fueron mujeres, que son el motor de la economía familiar".

En estas muestras de solidaridad también participan organizaciones sociales, movimientos populares e incluso universidades, que han publicado a través de sus redes sus ofertas para albergar de manera gratuita a quienes protestan. Del mismo modo, se ven solicitudes de intérpretes para los procesos legales de indígenas detenidos y los números de cuentas de bancos para recibir donaciones.

Un movimiento popular "sin precedentes"

En un artículo de J. Carlos Flores, publicado en La Patria, analiza lo que estaría detrás de la 'Marcha de los Cuatro Suyos', que tomó el nombre de las divisiones regionales de los incas y de una movilización contra el expresidente Alberto Fujimori, que precipitó su salida del poder.

"Esta marcha no tiene una cabeza visible, no es sostenida por institución alguna, ha provocado divisiones en la iglesia, no hay indicios de financiamiento externo".

Además, se ha referido a las cohesión de distintos pueblos indígenas tras "las muertes ocasionadas por el Gobierno y la actuación abusiva de las fuerzas del orden".

Para Flores, tampoco hay visibilidad de partidos políticos ni de sindicatos, a pesar de que también participen.

"Héctor Béjar ha calificado a la actual movilización como el nacimiento de un poderoso movimiento social y económico que involucra sectores económicos y está al margen de las izquierdas", finaliza el autor.