Estados Unidos busca países que encierren a los emigrantes en campos de concentración

El Departamento de Estado no ha ha proporcionado una lista completa de los países con los que negocia acuerdos para encerrar a los deportados. Pero planea un aumento importante en los vuelos de deportación a destinos repartidos por todo el mundo.

En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, el subjefe del gabinete, Stephen Miller, ofreció una visión del alcance mundial de las deportaciones. “Enviamos aviones a Irak. Enviamos aviones a Yemen. Enviamos aviones a Haití. Enviamos aviones a Angola”, dijo. La policía de fronteras (ICE) está enviando aviones a todo el mundo constantemente.

Las cárceles secretas de la época de Bush

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Bush creó una red mundial de prisiones secretas y centros de tortura con el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”. Su estandarte, el campo de concentración de Guantánamo, fue creado en enero de 2002 para mantener secuestrados a los que Estados Unidos etiquetó como “enemigos”.

Eligió la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo porque buscaba un lugar sin ley, un agujero negro legal para hacer desaparecer indefinidamente a los detenidos y que nadie pudiera hacer nada. Ni acusación, ni defensa, ni juicio, ni recurso.

Con el tiempo, Guantánamo se convirtió en un símbolo de graves crímenes. Allí siguen retenidos hoy en día los prisioneros de la “guerra contra el terrorismo”. Otros atrapados en la red antiterrorista estadounidense estuvieron detenidos en las “prisiones negras” de Afganistán e Irak o secuestrados y entregados a centros secretos de la CIA en ocho países alrededor del mundo.

El pretexto del “terrorismo” siempre funciona de la misma manera en todos los países y al final todos acaban siendo “terroristas”. Ahora le toca el turno a los emigrantes y refugiados y Guantánamo ha vuelto a ser utilizado como depósito de paso hacia El Salvador.

Lo mismo que en España los medios inventaron unas supuestas “mafias” dedicadas al traslado de emigrantes africanos, Trump se inventó algo llamado “Tren de Aragua”. Sin embargo, la gran mayoría de los deportados no tienen antecedentes penales.

A final todos acaban catalogados como “enemigos”, lo que justifica cualquier cosa. En marzo, Trump utilizó la Ley de Enemigos Extranjeros para negar el derecho a un juicio a más de 250 venezolanos y salvadoreños, que fueron trasladados a El Salvador a pesar de que una orden expresa de un juez federal lo prohibía.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, introduce a los deportados en una oscura telaraña penitenciaria. Desde 2022 El Salvador se encuentra bajo un estado de emergencia, los derechos civiles han sido laminados para realizar detenciones masivos, acabar con las pandillas de matones y, de paso, con todo el que se ponga de por medio.

Los jueces estadounidenses se han convertido en el hazmerreir

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya ha dictaminado por unanimidad que el envío de Kilmar Abrego García, a la CECOT es ilegal y ha ordenadp su liberación y regreso a Estados Unidos. Pero Trump y Bukele se han muerto de la risa. Ahora García sigue encarcelado en El Salvador.

El juez federal de distrito Brian Murphy emitió una orden que prohíbe al gobierno de Trump deportar a no ciudadanos a terceros países sin el debido proceso y sin permitirles demostrar si corren peligro de persecución, daño corporal o muerte si son enviados a ciertos países.

Ante los informes de expulsiones inminentes a Libia, Murphy estipuló que “las supuestas deportaciones inminentes, según lo informado por las agencias de noticias y como los demandantes intentan corroborar con los relatos de los miembros del grupo y la información pública, violarían claramente la orden de este tribunal”.

Los países carceleros: no sólo se trata sólo de El Salvador

Además de encarcelar a ciudadanos de terceros países en El Salvador, Estados Unidos también ha expulsado a cientos de inmigrantes africanos y asiáticos a Costa Rica y Panamá, incluidos deportados de Afganistán, Camerún, China, India, Irán, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Turquía, Uzbekistán y Vietnam.

Uzbekistán ha recibido a más de 100 deportados de Estados Unidos, incluidos no sólo uzbekos sino también ciudadanos de Kazajstán y Kirguistán, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, admitió que había aceptado a aproximadamente 6.000 no mexicanos de Estados Unidos, desde que Trump asumió nuevamente el cargo, por “razones humanitarias”. A diferencia de El Salvador, es probable que las personas expulsadas a estos países no permanezcan secuestradas indefinidamente en campos de concentración, pero los detalles sobre el destino de muchos de ellos son escasos.

Actualmente Trump sigue buscando en Asia más países que acepten ejercer de carceleros. “Tenemos conversaciones con otros países que aceptan recibir a deportados de terceros países”, dijo Sean O’Neill, de la oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado en una conferencia de prensa. Estados Unidos está “trabajando estrechamente con países de la región que estén dispuestos a aceptar a ciudadanos de otros países con órdenes de deportación”.

Un portavoz del Departamento de Estado también dijo que “los socios estadounidenses y los dirigentes regionales trabajan estrechamente con nosotros para poner fin a la crisis de emigración ilegal y masiva”.

Lo que vale para Europa, vale también para Estados Unidos

El plan comprende deportar emigrantes a Libia, un país devastado por la guerra y conocido por el maltrato generalizado a inmigrantes y refugiados. Estados Unidos considera al país norteafricano demasiado peligroso incluso para sus diplomáticos estadounidenses y aconseja a sus ciudadanos que no viajen allí.

En Libia hay numerosos centros de detención para emigrantes construidos por la Unión Europea. Amnistía Internacional calificó esas cárceles de “infierno” en un informe de 2021, afirmando que había encontrado pruebas de que adultos y niños eran sometidos a “detención arbitraria y sistemáticamente sometidos a tortura, violencia sexual, trabajos forzados y otras formas de explotación con total impunidad”.

El informe más reciente del Departamento de Estado sobre Libia criticó sus “duras y potencialmente mortales condiciones carcelarias” y citó numerosos análisis que encontraron que “los migrantes experimentaban rutinariamente detenciones ilegales, detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, explotación sexual y otros abusos”. Entre los perpetradores había “funcionarios públicos”. Además, varios organismos de la ONU han documentado graves crímenes contra los emigrantes recluidos en centros de detención.

La Unión Europea y algunos países miembros, como Italia y Francia, han brindado durante mucho tiempo asistencia a Libia para impedir la emigración africana hacia Europa, incluido el apoyo a su red de brutales cárceles para inmigrantes.

Libia no es la única zona de guerra que el gobierno de Trump ha considerado como un sitio adecuado para la expulsión de inmigrantes. A principios de este año, la administración pidió a Ucrania que aceptara nacionales de terceros países, según informó el Washington Post. Sin embargo, no hay indicios de que Ucrania haya aceptado esta petición extraordinaria. El Departamento de Estado se negó a ofrecer aclaraciones, afirmando —falsamente— que no discuten las comunicaciones diplomáticas con otros gobiernos.

Dinero a cambio de aceptar deportaciones

El ministro de Asuntos Exteriores de Ruanda, Olivier J.P. Nduhungirehe, también reveló que su país se encontraba en conversaciones “iniciales” con el gobierno de Trump para aceptar a los emigrantes deportados ​​de Estados Unidos. “Estas conversaciones todavía están en curso”, dijo a la cadena pública de televisión.

El mes pasado, Estados Unidos hizo un pago único de 100.000 dólares al gobierno de Ruanda para aceptar a un ciudadano irakí con la condición de que el gobierno admitiera a otros 10 ciudadanos de terceros países como parte de un “programa duradero” para aceptar a otros emigrantes, según informó el Washington Post.

Ruanda tiene una larga historia de acogida de refugiados de África y otros lugares y de acuerdos con países europeas, como Dinamarca y Reino Unido, para aceptar solicitantes de asilo y emigrantes deportados. Aunque el gobierno africano presenta esta política como “altruista”, el objetivo es obtener beneficios económicos y políticos.

La moneda de cambio es que las grandes potencias occidentales acepten el apoyo de Ruanda a la milicia que ha invadido la vecina República Democrática del Congo y el saqueo de sus minas.

El gobierno de Trump también está recorriendo otros países africanos para que acepten a nacionales de terceros países, entre ellos Benín, una nación de África occidental cada vez más acosada por el terror yihadista, y Guinea Ecuatorial.